Manuel Illueca, director general de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF): “Tenemos una tasa de rechazo del 30% en las solicitudes de préstamos bonificados”

El director general del IVF, Manuel Illueca, es uno de los cerebros financieros del Gobierno valenciano, que desde que llegó al cargo en 2015 ha tenido que lidiar con misiones como el rescate de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana y la reconversión del propio Instituto.

¿En que ha modificado la pandemia y la crisis el papel del IVF?

Está claro que cuando todo el mundo se retira por la crisis tiene que haber administraciones públicas que vengan a paliar la caída de actividad. Igual que el ICO ha estado dando avales y fomentando la liquidez nosotros en nuestra medida de posibilidades también hemos trabajado en esa línea para apoyar a las empresas. Hemos desarrollado más nuestras políticas anticíclicas frente a lo que hacíamos antes, que nos centrábamos en otras cosas, como promover iniciativas empresariales.

¿Se ha traducido esos cambios en el volumen de financiación de la entidad?

El grupo acabó el año pasado con 190 millones de euros de financiación, incluyendo lo que hace la Sociedad de Garantía Recíproca Afín-SGR en avales y nuestros fondos con financiación europea en áreas como financiación de startups. Hemos aumentado mucho nuestra actividad. Este año creemos que vamos a tener un papel bastante destacado por cómo van las cosas. En la línea de préstamos bonificados Horeca que sacamos a principios de año ya tenemos 33 millones de euros de préstamo con aval aprobado y demanda para unos 100 millones. Yo creo que vamos a superar los niveles del año pasado.

En el caso de la línea Horeca esa demanda ya dobla el presupuesto previsto

Sí, teníamos previsto 50 millones para préstamos bonificados y otros 50 millones para préstamos participativos. Si las ayudas del Estado se abren a otras actividades vamos a tener que ampliar y atender a más compañías. Nuestro producto con una parte no reembolsable ha sido muy bien acogido. Calculamos que tendremos unas 3.000 solicitudes y estimamos que unas 2.000 serán viables, con unos 60.000 euros de media por operación creemos que superaremos los 100 millones y estaremos cerca de los 125 millones.

¿Qué porcentaje de solicitudes se rechazan y cómo se está haciendo esa criba?

Estamos teniendo una tasa de rechazo del orden del 30%. Esa es la labor que se nos ha encomendado, cribar lo que creemos que tiene más capacidad y lo que no. En el caso del decreto del Gobierno exige beneficios y patrimonio neto positivo a las empresas en 2019, simplemente con eso ya estamos en esos porcentajes. Luego hay una exigencia que lo haría aún más restrictiva, que estén al corriente de pagos con la Administración cuando se solicite la ayuda, nosotros lo rebajamos a haber cumplido en 2019. Eso sí, les pedimos que si no están al corriente de pagos con la Administración vengan con un acuerdo, porque lo que tampoco tiene sentido es que le inyectemos dinero para pagar a las administraciones, cuando lo que se busca es que vaya a sus proveedores y mover la rueda de la economía.

¿Está habiendo retrasos por falta de personal en la gestión?

Hemos podido completar el personal incorporando a 15 personas y estamos siendo más rápidos. Ya hemos puesto más de mil operaciones en manos de Afín-SGR y ya hemos resuelto 410. Ahora va a estar sobre la mesa un problema, que es la tarea administrativa que se viene encima a las comunidades autónomas con las ayudas aprobadas por el Estado y que tendrán que gestionar. Nosotros le hemos dado la vuelta y acordamos un procedimiento de justificación para las operaciones de apoyo de circulante, que son el 95% porque la mayoría vienen a refinanciar. Hemos encontrado una vía de justificación sin solicitar facturas a las empresas que consiste en la comparación de balances al principio y al final del ejercicio en que aportamos la financiación, para ver así si se ha apoyado el circulante. Esa modificación dará mucha más agilidad y nos va a permitir justificar bastante dinero.

Además de los préstamos bonificados han sido pioneros con una línea de préstamos participativos. ¿Cuál es la diferencia?

En abril ya tuvimos claro que con una crisis con el desplome de la actividad como ésta íbamos a tener problemas generalizados de solvencia. El año pasado ya pusimos en marcha una línea que llamamos participativos coronavirus con fondos Feder, a partir de la experiencia que teníamos con el sector del emprendimiento. Ahora vemos que por su situación financiera para muchas compañías con seis años no será suficiente para devolver el préstamo y además necesitan un complemento de fondos propios. Para eso están estos préstamos participativos, cuyo plazo se va a 15 años con dos de carencia y con un tipo más alto, para que las propias empresas se autoseleccionen. Su perfil es el de compañías que con pérdidas este año pueden entrar en causa de disolución. Con esa fórmula le aportamos liquidez y solvencia. La ayuda, el descuento del préstamo, se aplica cuando se ha devuelto el resto. Así, se condiciona la ayuda a que se garantice la supervivencia del proyecto.

¿Y si no se cumpliese con los pagos la deuda del IVF se podría transformar en capital?

No, no consideramos que eso sea una solución para las pymes. Es posible que hagamos entre 500 y 600 participativos y tenemos claro que no es lo que queremos ni creemos que esa sea nuestra función. Siempre iremos a recuperar la deuda, pero no con esa fórmula.

¿Va a participar el IVF en la gestión de las nuevas ayudas del Gobierno central?

Estamos estudiando precisamente que parte de las 3.000 solicitudes que tenemos se podrían acoger a las condiciones del Gobierno y con qué importes, comparados con los que estamos aprobando. Mi percepción es que son unas ayudas en términos generales muy generosas para empresas muy pequeñas y no tanto para las medianas. A partir de una caída de facturación del 50% y con una cifra de negocios a partir de 2,5 millones de euros en 2019 la ayuda es de 200.000 euros igual para todos. Para empresas con 10 millones de negocio se quedan cortas para lo que necesitan de liquidez. Luego está el fondo de préstamos participativos como una alternativa de financiación de último recurso.

Entendemos que ahí hay un espacio que nosotros podemos cubrir como Gobierno que es el apoyo a la liquidez y solvencia con un único acto administrativo con nuestros préstamos para empresas medianas. Son operaciones como por ejemplo la que firmamos con el hotel Cap Negret de Moraira (Alicante). Es un hotel que necesita 900.000 euros para este año, por encima de lo que prevé el Gobierno, y que en la época precovid tenía una rentabilidad del 15%. Nuestro préstamo de 900.000 euros comporta una ayuda de 60.000 euros y se devuelve en seis años.

Desde las empresas y las patronales insisten en que más deuda no es la solución para muchas empresas.

Los problemas de sobreendeudamiento no son nuevos de ahora. Se tienen que abordar con herramientas que permitan dotar a las compañías de más fondos propios que permitan al banco seguir funcionando con su cliente. Ese debe ser uno de los principales objetivos de las políticas públicas. Yo me he opuesto al programa de quitas obligatorias porque pone en peligro ese activo de las empresas que es su relación con los bancos. Será más difícil que las empresas españolas puedan apalancarse para la recuperación si no tienen al banco al lado. Por eso los participativos hacen un papel de modular la carga financiera a más largo plazo. Como siempre, habrá deuda que no es sostenible y a la que habrá que hacer frente con quitas y es bueno que haya unas pautas de acuerdo para actuar de forma coordinada. Otra vía son las ayudas directas.

Yo veo otro mecanismo necesario, que es apoyar la reinversión para después de la crisis y crecer otra vez. Las empresas van a tener un endeudamiento mayor del que tenían antes del coronavirus y si tienen que invertir para ser competitivas puede haber problemas. Me parece muy interesante el modelo francés de participativos para compañías que quieren invertir. Los préstamos se dan a través de las entidades financieras que luego venden un 90% del riesgo del participativo a fondos de capital riesgo con una garantía del Estado para atraer capital privado. Es una idea que yo copiaría porque una de las consecuencias que vamos a ver es un retraimiento de la inversión privada.

También está impulsando la inversión del IVF en fondos y capital riesgo.

Hemos puesto en marcha el fondo Impulsa con 25 millones de euros públicos y 35 millones de una gestora privada para reestructurar deuda de empresas con un instrumento de mercado. Pero además buscamos impulsar las compañías que tienen que ser el motor de la economía valenciana tras la crisis. Ahí tenemos la estrategia de fondos de capital riesgo con Creix y dos fondos, uno en el que aportamos 35 millones con el que esperamos generar 72 millones, y 15 millones en otro en que esperamos una inversión de 45 millones en la Comunidad Valenciana. La primera inversión en la que ha entrado Creix es en la citrícola Llusar con MCH.

En el pasado la experiencia del IVF en el capital riesgos se saldó con casos polémicos como Kelme

La diferencia es que Tirant, que fue el que invirtió en Kelme, era un fondo completamente público. Nosotros estamos montando fondos privados con gestión privada. La única forma de comprobar que esos fondos se van a gestionar bien es que haya inversión privada y que esa gestión sea institucional, que sean inversores profesionales. Cuando yo entro en fondos con BEI, ICO o la banca tengo mucha más confianza que si fuese 100% mío. El IVF entra en fondos nacionales porque lo primero que queremos es que sea rentable y que esté bien diversificado geográficamente. Una vez dentro exijo que mi inversión por dos venga a la región. Con eso consigo dos cosas, que venga inversión a Valencia y también recuperar la inversión pública en el fondo. Creo que es una estrategia de gran futuro para la Generalitat y es el camino para apoyar a sectores fundamentales.

El hecho de que participe, aunque sea indirectamente la Generalitat, ¿no puede hacer que se vea un componente político en esas empresas?

A los fondos hay que verlos como una oportunidad para impulsar la industria. La Generalitat ofrece una herramienta para entrar en el capital y ayudar a acometer un proyecto y luego salir. Esta iniciativa salió adelante porque hemos visto el interés de muchas firmas y que en autonomías como el País Vasco hay mucha tradición, con una gestora pública. Me siento muy cómodo con gestoras privadas y ya estamos en 12 fondos.

¿Considera que ya se ha cumplido el objetivo de convertir el IVF en un banco público?

Hoy es de facto un gestor de instrumentos financieros, con la línea de bonificados, participativos y los fondos. En operativa aún nos queda mucho por procedimentar para culminar el proceso para ser un banco promocional y de inversión, pero creo que ya es reconocible. Tenemos como horizonte acabar saliendo del perímetro SEC porque tenemos ya mucha actividad e ingresos privados, un consejo de independientes y tras la escisión que separamos la parte pública.