La guerra arancelaria por el aluminio golpea a la valenciana Cellofix

El fabricante de cintas de embalaje y papel de aluminio recurre al concurso tras ser sancionado por abastecerse de una planta indonesia que desviaba producto de China.

Una empresa valenciana del municipio de Manuel, que no llega a los 2.500 habitantes, se ha visto inmersa sin quererlo en una de las guerras de aranceles que han sacudido en los últimos años a los grandes bloques económicos mundiales. Se trata de Cellofix, un fabricante de cintas de embalaje, papel de aluminio, film y otros envases destinados a sectores como la alimentación, la hostelería y la industria, y que ademá suministra a varias cadenas de distribución de España.

La empresa presentó el concurso de acreedores voluntario a finales del año pasado. En su caso, según explica su director general Manrique Albero, esta medida se acometió para evitar tener que parar repentinamente su actividad ante la batalla legal que mantiene por una sanción impuesta por Aduanas.

El origen se remonta a hace unos años, cuando la Unión Europea decidió imponer sanciones por por dumping a China por comercializar su aluminio a un precio por debajo del coste de producción. Esa medida supuso gravar en un 35% el coste de esa materia prima fundamental para Cellofix, que tuvo que buscar nuevos proveedores fuera de China.

“En Indonesia encontré un proveedor que garantizaba el producto y durante varios años nos estuvieron suministrando entre 4 y 5 contenedores a la semana de materia prima”, explica Albero. El problema llegó cuando a Unión Europea empezó a sospechar que los fabricantes chinos utilizaban otros países asiáticos para desviar producción y luego colarla en Europa como de terceros. Tras una investigación, Bruselas destapó que su proveedor indonesio vendía más de lo que producía. Por ello Europa también impuso medidas antidumping a Indonesia y otros países, lo que llevó a Cellofix a tener que buscar otros proveedores en Europa.

Sin embargo, la cuestión no se quedó ahí. “A las empresas europeas que compramos aluminio de esa planta se nos hace corresponsables”, explica Albero. Una situación que ha supuesto que Aduanas haya impuesto una elevada sanción a la empresa valenciana. Según Albero, pese a haber ganado dos recursos la Administración mantiene su empeño y para evitar las consecuencias de posibles embargos ha optado por acogerse al proceso judicial.

Paradójicamente, pese a la pandemia la empresa de papel de aluminio y envases apenas había visto afectada su actividad e incluso había aumentado para dar respuesta a la demanda de la distribución. “Pese al concurso mantenemos nuestra actividad con normalidad”, explica el directivo de Cellofix, cuya facturación se sitúa cerca de los 45 millones de euros anuales y que emplea 143 personas. Pese a seguir pleiteando, Albero considera que “el daño a la reputación ya está hecho”.