La infrafinanciación lleva a la deuda valenciana a rozar el 50% del PIB

Pese a que la crispación sigue elevando el tono del debate político, hace apenas unos días todos los grupos políticos presentes en el parlamento valenciano, con la excepción de Vox, junto a la patronal autonómica CEV y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, volvieron a unirse en una de las pocas reivindicaciones que une a todos. El cambio del sistema de financiación autonómico que penaliza en los ingresos a la Comunitat Valenciana.

Los representantes de los grupos políticos tanto del Gobierno del Botànic como de los dos principales grupos de la oposición, Partido Popular y Compromís, realizaron una concentración ante el Congreso de los Diputados de Madrid y posteriormente se reunieron con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está vez sí que reconoció directamente que el Gobierno no se plantea acometer en los próximos meses el proceso para reformular este sistema. Una postura que justificó argumentando que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran que no se dan las condiciones para un gran acuerdo político de este tipo.

El “baño de realidad”, como lo calificaron algunos de los asistentes a ese encuentro, vuelve a dejar sin fecha la que ha sido la principal reivindicación de la Generalitat Valenciana en la última década, tanto de los Gobiernos del PP como del actual de izquierdas encabezado por el PSPV.

Aunque desde las filas socialistas del Gobierno de Puig se intenta quitar hierro a la falta de compromiso de La Moncloa con este objetivo, asegurando que lo importante es que el Ejecutivo está apoyando a las autonomías con los fondos de emergencia del Covid y para su reparto se siguen criterios de población como los que se reclaman, lo cierto es que la infrafinanciación sigue siendo una realidad.

Y la muestra más evidente de su factura para la economía valenciana no se mantiene paralizada, como el cambio de modelo. La deuda autonómica ha vuelto a dispararse, ahora impulsada por el gasto extra que el Botánic ha tenido que aplicar por el impacto de la emergencia sanitaria y la crisis económica. El Banco de España también desveló hace unos días que la deuda de la Administración autonómica alcanzaba ya los 51.117 millones de euros al cierre de marzo. En el último año, es decir, con la pandemia, se incrementó en 2.956 millones de euros. El 81% de toda esa deuda tiene un mismo acreedor, el Estado.

De esta forma, la comunidad sigue destacando como la primera por deuda en relación a PIB, con un 49,40%, debido también al fuerte ajuste del PIB que se produjo el año pasado con la pandemia. Si el análisis se realiza por habitantes, el endeudamiento por cada valenciano es de 10.150 euros, frente a los 2.740 euros de 2008, cuando se inició la anterior gran crisis económica.

Uno de los pocos respiros a las arcas autonómicas valencianas ha venido de la mano de la recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año. Un respiro, que apunta a un repunte de la economía tras su frenazo por la pandemia. Hasta mayo, los derechos reconocidos en tributos propios y cedidos alcanzan los 672,1 millones, lo que supone un incremento del 40,96% respecto al mismo periodo de un 2020 marcado por el Covid. Para el conseller de Hacienda, Vicente Soler, “estamos en los niveles de recaudación previos a la crisis e incluso los hemos superado”.