Diez cerámicas suman el 75% de la rentabilidad del sector

Un informe de Deloitte muestra los efectos de la concentración en la industria y prevé que se mantengan las operaciones corporativas en los próximos meses.

La concentración en la industria del azulejo español en los últimos años ha provocado que las diez mayores empresas del sector concentren ventas y, sobre todo, rentabilidad, según el último informe Situación y Perspectivas del Sector Cerámico, elaborado por la consultora Deloitte. Las diez mayores empresas del sector, que es el mayor productor de toda Europa y concentra más del 90% de su actividad en la provincia de Castellón, ya suponen el 60% de las ventas totales de una industria que alcanzó un volumen de más de 3.840 millones de euros el año pasado, tras crecer un 2,3%.

Pese al alza, la producción en conjunto se redujo un 4,3% el año pasado, algo que según la consultora ha permitido proteger la caja de las empresas y ahorrar entre 80 y 100 millones al sector en un ejercicio especialmente complicado por los efectos de la pandemia.

Para la consultora, las operaciones corporativas y procesos de concentración que se han desatado en los últimos años continuarán y la mejor muestra de la eficacia de esos procesos es que esas diez primeras empresas concentran aún en mucha mayor medida la rentabilidad del sector: suponen el 75% del beneficio bruto de explotación (ebitda), que supera los 550 millones en conjunto.

Pese a la entrada de inversores financieros como fondos y capital riesgo, además de alguna multinacional internacional, apenas el 19% de las ventas pertenecen a firmas de socios financieros o industriales. Entre los diez mayores grupos del sector, seis siguen estando controlados por familias fundadoras.

En el caso de los cuatro primeros, ésta es la situación de tres: Pamesa de Fernando Roig, Porcelanosa, de las familias Soriano y Colonques, y STN, de la familia Aparici. El grupo británico cotizado Victoria, dueño de Keraben y Saloni, es el único con otra estructura accionarial. “En este contexto las empresas con tamaño de entre 50 y 250 millones se ven abocadas a ganar tamaño y en ellas hay presencia de inversores que además en algún momento tendrán que salir del capital”, explicó Gerardo Yagüe, socio de Financial Advisory de Zona Este de Deloitte.

Otra de las tendencias del sector es el cada vez menor mercado para fabricantes tradicionales que apuestan por todos los formatos y gamas. El 46% de las ventas corresponden a grupos que han optado por grandes volúmenes para generar sinergias de escala y otro 21% de las ventas está en manos de las marcas de gama alta o media-alta. Para la consultora, el 26% del negocio en manos de empresas intermedias tendrá que tender a buscar un nicho especializado o a los proceso de concentración en su mayoría.

Alfredo Vasallo, senior manager de Financial Advisory de Deloitte y principal autor del informe. ha manifestado que “el gap de precios con Italia, próximo a 5 euros si se elimina el efecto del mix geográfico y de producto, debe suponer un incentivo para la industria azulejera de cara a fortalecer la marca-país, apostar por estrategias comerciales de diferenciación, racionalizar la innovación y orientar los planes de negocio hacia una visión de generación de caja y creación de valor”.

Junto a estos factores de oportunidad de crecimiento, existen también otros elementos que, previsiblemente, supondrán a corto plazo un reto para la defender la competitividad de la industria azulejera española. El elevado coste de los derechos de CO2, actualmente en máximos, supone un reto para mantener la rentabilidad del sector y lograr competir en igualdad de condiciones con otros polos productores no europeos que no cuentan con estas importantes restricciones operativas.

Pese a calificar 2020 como un año mucho mejor de lo esperado por las circunstancias del coronavirus cuando se salió del confinamiento, desde Deloitte también se apuntaron riesgos para la industria española, fundamentalmente el alza de los costes de los derechos de CO2, que casi se ha doblado respecto al año anterior y se ha convertido en un producto financiero. “En 10 años el coste estimado de los derechos para el sector puede situarse entre 300 y 400 millones de euros, lo que representa más del 60% del ebitda de un año de las empresas españoles”, explicó Vasallo.

Asimismo, el coste del transporte marítimo, que se ha incrementado más de un 150% en la pandemia, supone otro importante freno para un producto que, de partida, cuenta con restricciones naturales su exportación a grandes distancias. Salvo que se adopten reformas regulatorias para atenuar o compensar la tendencia alcista de los derechos de CO2 o que la normalización de la economía revierta la presión de costes en la cadena logística, estas circunstancias obligarán a la industria a buscar nuevas vías para crear valor, ser más eficientes y amortiguar dichos efectos en su cuenta de resultados.