Ribera acelera sus inversiones en el resto de España
La última adquisición del Hospital de Molina en Murcia permite al grupo tener ya más capacidad hospitalaria en otras autonomías mientras sigue el pulso por Torrevieja.
Suma y sigue. El grupo sanitario valenciano Ribera continúa con su estrategia de crecimiento en el resto de la geografía española y ha sumado una nueva incorporación a su cartera de hospitales con la compra del Hospital de Molina en Murcia. Una inversión que contrasta con la situación que vive la compañía en la Comunitat Valenciana, donde mantiene un pulso con la Generalitat Valenciana por la reversión del departamento de salud de Torrevieja en Alicante.
La incorporación del centro privado de Molina de Murcia que se suma a otras adquisiciones realizadas en los últimos años han hecho que la balanza por el peso de la actividad del grupo sanitario cada vez se incline más fuera de la Comunitat Valenciana. Así, el hospital murciano aporta 100 camas más al grupo valenciano, que supera las 800 unidades de hospitalización en los 7 hospitales que gestiona fuera de la región. Los tres hospitales en cuya gestión está presente mediante una concesión en el sistema público valenciano actualmente suman 648 habitaciones, incluyendo los departamentos de Salud de Torrevieja, Vinalopó-Elche y Denia -en que DKV es el socio mayoritario-. La presencia del grupo sanitario era aún mayor hasta 2018, en que el actual Gobierno del Botànic aprobó la reversión del Hospital de Alzira y sus centros de salud.
La intención del Gobierno valenciano es que el Hospital de Torrevieja, con 1.400 profesionales y 240 habitaciones, siga ese mismo camino. Aunque la Conselleria de Sanidad inicialmente presentó un borrador de decreto para crear una empresa pública que asumiese el centro y los profesionales, el rechazo de los socios de Compromís y Podemos tumbó ese plan. Ahora la intención de la Generalitat es asumir directamente la gestión, como ocurrió en el caso de Alzira, donde se ha reducido la satisfacción de los usuarios y se han alargado los plazos de espera para intervenciones desde que se tomó esa decisión.
Precisamente la Conselleria de Sanidad ha sacado a información pública el proyecto de decreto para la integración del personal del departamento de salud de Torrevieja tras la reversión a gestión pública, prevista a partir del 15 de octubre, cuando finaliza el contrato con Ribera Salud.
Una tramitación que choca con el posicionamiento de la empresa concesionaria, que considera reforzados sus argumentos de que es necesario un informe del impacto económico de la reversión tras una sentencia del Supremo. El Tribunal ha estimado parcialmente un recurso casacional interpuesto por Ribera contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que consideraba que no era precisa esa valoración cuando se trataba de la posible prórroga de un contrato. “El acto administrativo por el que se acuerda prorrogar un contrato, cuando la Administración asuma la gestión directa, exige de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, la valoración de sus repercusiones y efectos”, concluye.
Aunque en la misma sentencia se rechaza anular la reversión de Alzira, la empresa considera que al sentar jurisprudencia el criterio es válido para el caso de Torrevieja, en que no existe un informe económico de valoración elaborado específicamente.