Los tribunales vuelven a sembrar dudas en el urbanismo valenciano

El TSJ anula la norma del Botànic que prohibía nuevos desarrollos inmobiliarios en 7.500 hectáreas junto al mar y vuelve a dejar al descubierto la fragilidad normativa

La normativa urbanística valenciana vuelve a estar en entredicho en los tribunales. Una situación que por desgracia se ha convertido en habitual en las últimas décadas. Pese al cambio de Gobierno autonómico hace seis años con la salida del PP y que los partidos que ahora lo forman -PSPV, Compromís y Podemos- fueron muy críticos con una normativa que consideraban que promovía un modelo urbanístico depredador, ahora una de sus leyes estrella para proteger las zonas costeras ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

El TSJ ha estimado un recurso presentado por TM Grupo Inmobiliario, una de las mayores promotoras de la costa alicantina, y anula el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Botànic en 2018. Una normativa que suponía proteger 7.500 hectáreas situadas hasta a mil metros de distancia del mar y que impedía desarrollar nuevos proyectos urbanísticos o inmobiliarios en esos suelos si no estaban ya reclasificados. Además, se fijaba un plazo de cinco años para que se iniciasen los planes urbanísticos ya aprobados pero paralizados por problemas derivados de la crisis o de su tramitación, de forma que si no arrancaban en ese periodo se considerarían vencidos y extinguidos. Una norma que la coalición de izquierdas consideraba un hito en la protección medioambiental.

Paradójicamente, la sentencia considera que la Administración no incluyó tramitaciones necesarias como un estudio económico-financiero o del impacto de género ni una evaluación ambiental adecuada. Así, señala que se debería prever “las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo”, algo que según señala exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Recurso y batalla legal

La Generalitat ya ha anunciado que presentará un recurso de casación contra la sentencia y considera que hasta que no se decida sobre la misma la normativa sigue en vigor, ya que la sentencia no es firme. De hecho, desde el Gobierno valenciano aseguran que los estudios se realizaron para la elaboración del plan, aunque no todos se incluyeron en el texto y que así se recogerán en el recurso que se planteará en los próximos días.