La tercera ola hace más empinada la cuesta de enero
Frente a los que tenían prisa por cerrar 2020 y pasar rápidamente de hoja en el calendario, el arranque del nuevo año no está poniendo las cosas fáciles a la economía de la Comunitat Valenciana. El mes de enero ha confirmado los peores presagios en el avance de una tercera ola del coronavirus que está batiendo todas las cifras de contagios, incidencia e ingresos en las UCI de la región desde que estalló la crisis sanitaria. Y con ellas han vuelto las medidas más duras que están estrangulando a amplios sectores de actividad. Es el caso de la hostelería, que ha visto como se volvía a decretar el cierre total, y del comercio, que con la reducción de horarios y las nuevas limitaciones de movilidad afronta una difícil campaña, que se suma a unas Navidades en mínimos.
El impacto de la pandemia en el empleo de ambos sectores ha sido brutal en el último año, como demuestra que las contrataciones de ayudantes de cocina se desplomaran a más de la mitad, que en el caso de los camareros se redujesen un 41% y que los vendedores de comercio más de un 36%. Sin olvidar que el turismo, que supone cerca del 15% del PIB autonómico, redujo sus ingresos a una cuarta parte en 2020.
Unas cifras económicas que explican que el presidente socialista Ximo Puig siempre haya sido reacio a implantar las medidas restrictivas más duras, pese a la presión de sus socios de Compromís y Podemos. Unas diferencias públicas que además han servido para airear las guerras internas en un Gobierno de coalición que hasta hace poco se ponía como ejemplo de unidad y gestión para hacer frente a la crisis sanitaria. Unas opiniones enfrentadas que además acentúan la ceremonia de la confusión en la que se han convertido muchas de las actividades diarias ante el continuo cambio en las normas impuestas para tratar de frenar la pandemia.
Si es cierto que la Generalitat finalmente ha adoptado muchas de las medidas que asfixian a parte de la actividad económica, también lo es que ha sido de las primeras en articular ayudas directas para tratar de impedir un aluvión de cierres de empresas con esta tercera ola. Una medida en la que Puig sí ha encontrado respaldo del empresariado, de los agentes sociales e incluso de líderes de otros partidos políticos valencianos al incluir a diputaciones y ayuntamientos para articular el plan con 380 millones.
Sin embargo, el auténtico examen del ‘Plan Resistir’ será la capacidad de las administraciones valenciana para gestionar ágilmente y con eficacia unas ayudas económicas que todos reconocen que apenas supondrán un pequeño balón de oxígeno para muchos negocios que llevan meses de capa caída y al límite de sus fuerzas.