Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda: “No descartamos la expropiación ni ningún medio para garantizar el derecho a la vivienda”
Héctor Illueca ocupa desde septiembre la vicepresidencia de Unides Podem en el Gobierno valenciano en plena tormenta en el partido y tras dejar la dirección de la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz. Llegado a la politica de la mano del 15-M, también fue colaborador de Julio Anguita en sus últimos años.
Lleva tres meses en el Gobierno valenciano, ¿era lo que esperaba o ha habido sorpresas?
Tengo la sensación de haber llegado a un Gobierno de verdad, donde se discuten las grandes prioridades políticas, donde hay una relación normal entre socios que piensan distinto y por tanto tienen que poner en común las cuestiones, también las que son controvertidas, y llegar a una síntesis. No es muy distinto a lo que viví en el Gobierno de España. Vine con la experiencia aprendida, es verdad que aquí somos tres, lo que complica un poco más las cosas, pero en el fondo la dinámica es positiva y yo creo que la ciudadanía valora esa pluralidad.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea como responsable de Vivienda?
Hay una idea fundamental: garantizar el derecho a la vivienda. Que sea algo más que palabras, palabras, palabras. Que sea una auténtica obligación de los poderes públicos y que podamos poner en pie políticas y herramientas administrativas para satisfacer esa expectativa, que es un derecho constitucional. La segunda sería contribuir a la modernización del sector de la construcción. Se habla mucho del cambio de modelo productivo, pero en abstracto, nunca en concreto. Cuando se concreta se insiste en la necesidad de diversificar nuestro tejido económico. Coincido en que tenemos que hacer cosas distintas para favorecer una transición económica y ecológica, pero es fundamental modernizar los sectores que constituyen el motor de nuestra economía, con innovación y conocimiento. El sector de la construcción ha sido y debe seguir siendo un sector estratégico para nuestra economía, para generar crecimiento y crear empleo.
PSOE y Podemos han cerrado un acuerdo para la nueva Ley de Vivienda. ¿Qué impacto tendrá aquí y hasta donde llevará la Generalitat las herramientas que le aportará?
Por primera vez va a haber una regulación estatal orientada a preservar un derecho constitucional como la vivienda. Hay dos cuestiones que el legislador tiene que resolver. La primera es otorgar una protección permanente contra los desahucios sin alternativa habitacional. Resolver esta problemática es algo que excede el marco de la competencias autonómicas. La segunda tiene que ver con la limitación de los precios del alquiler en las zonas donde están tensionados. Es pronto para hablar de las herramientas con una ley pendiente de tramitación, pero la Generalitat está preparada para intervenir en cuanto se apruebe y disponemos ya de una herramienta muy importante, el informe sobre las áreas de necesidad de vivienda, que ha identificado 83 municipios en que existe tensión en los precios y es necesaria la intervención de los poderes públicos.
¿Ya tienen claros los precios máximos para el alquiler en ciudades como Valencia y Alicante?
Quiero ser prudente, lo haremos sobre la base de criterios técnicos y de expertos. Pero hay que decir que hay momentos en que los poderes públicos tiene que intervenir. Según los datos del Consell Valenciá de la Juventut el salario medio de los jóvenes es de 871 euros y tiene que dedicar al alquiler más del 70% de su retribución. Es absolutamente inasumible, esos datos evidencian que se empuja a los jóvenes a una vida cada vez más precaria y sin horizontes.
Una prioridad ha sido el aumento del parque público de vivienda, ¿cuál es el balance?
En esta legislatura se han adquirido 700 viviendas por valor de casi 37 millones de euros, con todos los instrumentos administrativos y normativos de los que disponemos. De ellas 442 fueron adquiridas mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, 187 por adquisición directa y 71 por concurso de compra. Estos datos nos hacen estar moderadamente satisfechos. Para 2022, como mínimo deberíamos estar en torno a las 400 viviendas, como este año. El objetivo es no solo ampliar el parque de vivienda, también dignificarlas, y por eso habrá una inversión muy importante en rehabilitación y regeneración urbana de estas casas y barrios.
Uno de los instrumentos contemplados es la colaboración público-privada con la cesión del derecho de suelo, pero los concursos no acaban de arrancar
Tenemos previsto la construcción de 2.457 viviendas de protección publica 221.140 de metros cuadrados edificables. Más de 1.300 de esas viviendas se construirán en ese régimen de colaboración publico privada con previsión de cesión de suelo. Eso va a significar que los constructores van a poder acceder a suelo público en condiciones muy ventajosas: van a poder disfrutar de ayudas previstas para canalizar los fondos europeos y van a poder gestionar el alquiler social de las viviendas. Nos va a permitir construir en suelo público pero manteniendo la titularidad pública, sin entrar en un proceso de privatización. Estamos elaborando el concurso de solares en contacto permanente con el sector y conocemos sus expectativas e inquietudes. Hemos corregido donde habíamos fallado para garantizar que el concurso sea eficaz y hemos incorporado el acceso los fondos europeos. Tenemos el convencimiento que los resultados serán positivos y lo vamos a ver pronto.
¿No hay temor de las empresas ante el rechazo político mostrado por el Gobierno de coalición al modelo de concesiones, como con la reversión en Sanidad?
En absoluto. Si se hacen las cosas con rigor y con seguridad jurídica, todo el mundo tiene que estar muy tranquilo. Estamos en diálogo permanente con el sector, saben cuáles son nuestros objetivos y saben que tienen que asumirlos porque la puesta en circulación del dinero publico ha de responder a objetivos políticos y no a otro tipo de criterios, como pasaba antes. Nosotros conocemos las necesidades del sector y lo que estamos tratando de hacer es un esfuerzo de síntesis, en eso consiste la verdadera colaboración publico privada y la labor dinamizadora de la Administración Publica, el Estado emprendedor del que habla Mazzucato. Creemos que hay implicación y buena disposición por parte del sector.
Acaban de poner en marcha el registro de viviendas deshabitadas para grandes tenedores y contemplan sanciones para las que no se pongan en el mercado
Calculamos que puede haber 20.000 viviendas vacías en manos de grandes propietarios que están siendo excluidas del mercado con la única finalidad de especular. Cuando entre en vigor pondrá medios para que esas viviendas en manos de grandes propietarios, fundamentalmente entidades bancarias y fondos buitre salgan al mercado a precios asequibles. ¿Cuáles son esas medios? Por un lado medidas de fomento, como el contrato de aseguramiento de los riesgos derivados del alquiler, como la propia renta o los desperfectos. En segundo lugar, allí donde se declare que hay una vivienda deshabitada, si en seis meses la vivienda no se pone en el mercado, se podrá proceder a procedimientos de inspección que pueden acabar con sanciones de hasta 350.000 euros. Pensamos que esta bolsa de viviendas en desuso puede ponerse en circulación combinando estas dos vías, por una parte el fomento y por otra parte si es necesaria la sanción.
Otras comunidades han ido más allá al plantear incluso la expropiación de estas viviendas. ¿Está en sus planes?
Vamos a estudiar todos los mecanismos legales que existen en otras CCAA. Conviene no olvidar que esa posibilidad estaba prevista en la ley de Función Social de la Vivienda y fue declarada inconstitucional por un recurso del Partido Popular. Es verdad que en otros sitios no se ha recurrido y se ha consolidado en el ordenamiento y no descartamos ningún medio para cumplir el objetivo fundamental: el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.
Su departamento es uno de los que más aumenta su presupuesto para 2022.
Estos presupuestos han ido precedidos de un debate que nos ha permitido identificar las grandes prioridades del Gobierno valenciano. Eso ha quedado definido alrededor de una idea: blindar los derechos sociales y los servicios públicos, y entre ellos el derecho de la vivienda. Por eso ha sido prioritario ampliar en un 72% y 280 millones el presupuesto de Vivienda.
¿Cuáles deben ser las prioridades del Consell en lo que queda de legislatura?
Es clave que la recuperación económica tiene que ser inclusiva, muy distinta de la recuperación que se produjo después de la crisis de 2008, en que sectores completos de la población como la juventud fueron condenados al desarraigo. Y en segundo lugar la idea de impulsar la transición ecológica, no sólo diversificar, sino en la idea de modernizar los sectores tradicionales.
Uno de los proyectos que divide a los socios del Consell es la nueva terminal del puerto de Valencia, ¿cuál es su posición?
Estamos en contra de la ampliación proyectada, el modelo de desarrollo no puede ser de grandes obras de infraestructuras que tienen un impacto ecológico dañino para el territorio y que lo tienen también para nuestra economía, porque son desarrollos comerciales que acaban perjudicando a nuestro propio tejido productivo. Apostamos por un modelo de desarrollo distinto, no creemos para nada que eso vaya a redundar en beneficio de nuestra tierra y estamos dispuestos a discutirlo con nuestros socios con lealtad.
Llegó en plena crisis interna en Podem, ¿le ha tocado hacer de pacificador?
Para mí forma parte del pasado, hemos empezado una nueva etapa. Mi impresión es muy positiva, creo que vivimos un momento radicalmente distinto. Tengo mucha esperanza en que nuestra fuerza política va a destacar por sus propuestas y no por sus peleas. No tenemos la cultura de un partido hecho que ya tiene 100 años de historia y estamos creando los cauces para que las discrepancias sean algo que nos sume y no que nos reste.
¿Se ve como candidato de Podem a las próximas elecciones autonómicas?
No estamos en el momento ahora de elecciones ni de candidatos. Me veo como vicepresidente, voy a poner toda la carne en el asador para que el tiempo que esté en política sea útil, es lo único a lo que aspiro.
¿Preocupa en Podem que la nueva alianza política que plantea Yolanda Díaz con buena acogida en Compromís pueda restarle apoyo electoral frente a éste?
No solo no nos preocupa, si no que nos ilusiona la idea. Yolanda Díaz nos representa. Creo que tiene la capacidad de poner en pie un proyecto político transversal, con vocación de Gobierno y al servicio de las clases populares. Somos el único espacio político que tiene posibilidades de crecer en el futuro inmediato. La iniciativa de la vicepresidenta se orienta en ese sentido y que seamos capaces de crecer y de contribuir a una nueva hegemonía social depende que en la Comunitat y en España haya gobiernos que conviertan en irreversibles los logros sociales de los últimos años.
Esa posible alianza, ¿puede dar lugar a un adelanto electoral en la región?
Eso es algo que hay que preguntarle a quien tiene la competencia para convocar elecciones, que es el presidente. Yo estoy centrado en mi labor y mi impresión es que todo el Gobierno valenciano está centrado en lo mismo. La sociedad no entendería que el desarrollo de las políticas públicas se viera perturbado por intereses partidistas.