El PSPV cede y cada municipio decidirá si aplica la tasa a los turistas en 2023
El acuerdo ‘in extremis’ para aprobar los presupuestos de 2022 permite a Compromís y Podem arrancar el compromiso para que se apruebe el polémico impuesto el próximo año.
Las tres fuerzas políticas que forman el Gobierno valenciano parece que han puesto fin a una de las patatas calientes que ha avivado las diferencias entre PSPV, Compromís y Unidas Podemos desde que comparten el poder: la implantación de una tasa turística en la región.Finalmente, Compromís y Unides Podem han logrado arrancar el compromiso al PSPV para presentar antes de que finalice marzo de 2022 una ley para crear una tasa turística de carácter “municipal”, que se aplicaría a partir de 2023 y de esa forma cerrar los presupuestos de 2022.
Los socialistas rechazaban esta tasa por la falta de consenso con el sector turístico, fundamentalmente por el rechazo del sector hotelero, además de considerar que no tenía sentido en un momento crítico para el sector por los efectos del Covid. Según el pacto alcanzado, la propuesta que se planteará al sector a partir de enero y febrero no contemplará una tasa para toda la comunidad, si no que dejará en manos de los ayuntamientos la gestión de este impuesto, incluso será cada consistorio el que decida si la aplica o no en su municipio.
Los tres grupos se comprometen a presentar, antes de que acabe el mes de marzo de 2022, una proposición de ley creadora del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas, de carácter municipal y voluntario, que garantice la capacidad de los ayuntamientos que así lo deseen de obtener recursos económicos a partir de las estancias turísticas en sus municipios. Precisamente los hoteleros de la ciudad de la Costa Blanca a través de la patronal Hosbec han sido los principales opositores a esta medida y hasta ahora habían obtenido el respaldo del presidente Ximo Puig, que consideraba que con un sector que aún sufre las consecuencias del Covid no era el momento de aplicar esta medida.
Según el acuerdo, esta proposición de ley asumirá como punto de partida el texto articulado en la enmienda presentada por Compromís y Unides Podem, al que se incorporarán las mejoras recogidas en el proceso de diálogo con los sectores afectados. El acuerdo inicial entre ambas formaciones, preveía unos ingresos de 45 millones de euros anuales, que se destinarían a políticas de vivienda para los jóvenes. En concreto en medidas para ayudar a los alquileres y la promoción pública.
Rechazo de las empresas
La patronal regional CEV y la hotelera Hosbec han mostrado su rechazo a un acuerdo que consideran una burla al asegurar que buscará el acuerdo del sector. “Los datos de ocupación hotelera anuncian una nueva situación crítica para el alojamiento turístico, a la que se sumará este golpe de imagen que supone la tasa turística”, señala Hosbec.