Infraestructuras tras el coronavirus: urge planificar y adelantar las inversiones públicas

Transcurrido el tiempo del estado de alarma se han confirmado múltiples infraestructuras como servicios públicos esenciales: las infraestructuras del agua, energía, sanidad, educación, justicia, transporte y logística, medioambiente, telecomunicaciones o urbanismo y el mantenimiento de todas ellas, así como la investigación y la reindustrialización del país, que resultan básicos para reducir la dependencia exterior.

Conforme vamos saliendo del confinamiento debemos exigir a las administraciones que NO deben esperar a diciembre con la aprobación de los nuevos presupuestos para iniciar sus trabajos. Tienen la obligación de planificar y desarrollar para los próximos seis años, que será el plazo establecido por los fondos de reconstrucción europeos para un Plan de Reconstrucción de Infraestructuras de 1,5-2,0 billones de euros que estimule las economías de los estados más dañados.

Urge tomar medidas que contribuyan a la recuperación de la confianza en el funcionamiento del sistema y las instituciones públicas. Precisamente, la inversión en Obra Pública se plantea ahora como una pieza clave para reactivar economía y empleo, ya que, de momento, no podemos contar con el turismo.

Debemos poner en marcha Planes de Reconstrucción, iniciando la planificación y proyectos de los mismos ya, programas de inversión selectivos, generadores de empleo y de alto retorno impositivo, para los que debemos tener en cuenta cuestiones como: elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras con criterios técnicos y económicos, lejos de ideologías políticas y vertebrador del territorio. Su ejecución sostenida y sostenible es una apuesta de futuro. La inversión en la construcción, mejora y conservación de infraestructuras produce un retorno impositivo al estado próximo al 50%, lo que supone una alta eficiencia para las arcas públicas. Se calcula que de cada 1% del PIB de inversión en infraestructuras, retorna como pago directo por IVA el 21%, por otros impuestos directos e indirectos el 6% y por aumento de recaudación de cotizaciones sociales relacionadas con el empleo, el 11%, sin perjuicio del ahorro que supone dejar de abonar prestaciones por desempleo (12%). Lo que implica un retorno al Estado o un ahorro de un 0,5% del PIB.

Los planes de reconstrucción, en segundo lugar, deben potenciar el mantenimiento del actual patrimonio de obras civiles para evitar gastos millonarios desmedidos en el futuro y no perder el incremento de competitividad que supone para nuestro país. En tercer lugar, cabe acelerar medidas de movilidad urbana sostenible. Son una necesidad para mantener la distancia social y a la vez disminuir la contaminación en grandes ciudades. Como cuarto apartado, es urgente replantearse el mix energético para disponer de un sistema de generación eléctrica competitivo y menos dependiente del exterior. Tenemos que abordar el debate de qué energía queremos producir, cuánto nos va a costar y cómo nos va a permitir competir con países del entorno.

En quinto lugar, España necesita un Pacto Nacional del Agua que recupere la unidad de cuenca en nuestros ríos, apueste por la gestión integrada y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico nacional. Una sexta cuestión se centra en una ayuda decidida a la I+D+i que no penalice a las empresas innovadoras, sino que reconozca su esfuerzo, introduciendo mecanismos disuasorios de las bajas poco realistas en los pliegos de contratación, incorporando incentivos en el proceso de adjudicación como el carácter innovador de los proyectos. De igual modo, cabe propiciar la valoración de ofertas en la construcción de carreteras que promuevan el uso de equipos de bajo consumo energético y bajas emisiones de CO2, y que favorezcan además la reutilización de subproductos y desechos.

Aplicar medidas de simplificación administrativa, séptima aportación, que significaría acortar tiempos de tramitación, y aligerar la carga financiera de las empresas que colaboran con la administración, adoptando medidas temporales que aceleren las obras de infraestructuras actuales mediante avales del Estado/CCAA, a fin de poder acometer su ejecución anticipada, salvando el concepto de anualidad. Demandando a las Administraciones que arbitren los mecanismos necesarios para agilizar sus compromisos de pago. Solicitando a la Administración española que elimine las garantías provisionales, en tanto en cuanto es potestad de cada administración exigirlas o no. Liquidando el IVA en el momento del cobro o pago de la correspondiente factura, y no cuando se produce el devengo. Permitiendo compensar los impuestos con las deudas que la Administración tiene contraídas con las empresas, de tal forma que, en el momento de pagar el IVA o el Impuesto de Sociedades, se pudiera incluir como parte del pago las certificaciones aprobadas pendiente de cobro. Desarrollando programas de reducción de la carga administrativa en anteproyectos, declaraciones ambientales, ofertas, construcción o explotación, con especial atención a los trámites medioambientales, cuya complejidad causa paralización de proyectos y obras. Algo así como un plan que contenga implícitamente la declaración de emergencia, declarada por el Congreso. Y, por último, creando una biblioteca de proyectos, a la espera de momentos de mayor bonanza económica que permitan la reactivación del sector de la consultoría.

En última instancia, los planes de reconstrucción deberían contemplar acuerdos de Estado para que todas estas propuestas se lleven a cabo con el máximo consenso. El Colegio de ICCP ofrece toda su colaboración para el desarrollo sostenible y la recuperación económica de nuestro país. Creemos que resultaría necesario establecer una comunicación fluida y permanente entre el Gobierno y el sector de la ingeniería civil, donde el Colegio pueda aportar los conocimientos de sus profesionales y puedan contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país.

Hay un trabajo enorme pendiente. No podemos permitirnos estar discutiendo, ni estar de brazos cruzados, la vida sigue y debemos remontar la actividad económica para poder mantener el empleo y unos salarios dignos que sustituyan a las prestaciones sociales que se plantean desde el inicio de la pandemia.