La herida del Covid-19 será de, al menos, el 1,5% del PIB

Un retroceso de la economía de al menos el 1,5% en 2020. Esta es la previsión del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para el mejor de los escenarios ante el confinamiento provocado por la expansión del coronavirus: que el parón solo dure el mes anunciado hasta ahora y, en consecuencia, concluya a mediados de abril. En caso de prolongarse un mes más, la caída del PIB anual de la Comunitat sería de un acusado 4,7%. Y todo ello atendiendo a las actuales restricciones a la actividad económica. Si estas se endurecieran, como ya ha ocurrido en Italia y como reclaman autonomías como Murcia, Andalucía o Cataluña, la brecha sería todavía mayor.

Esta es la estimación que realiza Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universitat de Valencia, preguntado por elEconomista sobre las consecuencias económicas en la autonomía derivadas del Estado de Alarma decretado para frenar el contagio del virus, cuyas muertes ya se cuentan por miles en el conjunto de España. La emergencia sanitaria requirió el suicidio económico del país, que en el caso de la autonomía valenciana arruinó la fiesta grande de su capital: las Fallas de Valencia. La ciudad lució un aspecto fantasmagórico durante los llamados a ser sus días de oro en recepción de visitantes.

Pero las consecuencias, como es sabido, han ido mucho más allá de las pérdidas de 700 millones en las que la Generalitat cifró la suspensión de las Fallas. “Los sectores más afectados están siendo, por un lado, los que dependen de proveedores extranjeros, y que por tanto han visto paralizada su cadena de producción por desabastecimiento; y por otro, los que sufren una caída de la demanda por el confinamiento de la población. Entre los primeros destaca el sector del automóvil y algunas industrias manufactureras. Entre los segundos, el comercio -a excepción de alimentación- y restauración y alojamientos -hostelería-, esta última afecta por el colapso del turismo”, desglosa el académico.

Del impacto en el sector servicios dan buena cuenta los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que se están acogiendo las empresas con el apoyo del gobierno para evitar despidos definitivos. La cifra total rebasó esta semana los 20.000 expedientes y los 120.000 empleados afectados, según los datos proporcionados por la Conselleria de Economía de la Generalitat. Un volumen del que el 70% corresponde a los servicios, según la información que maneja la patronal valenciana CEV. “Lo vemos en los ERTE, los servicios, sobre todo el turismo y el comercio -a excepción de la alimentación- están entre los más damnificados por el confinamiento”, explica Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, que lamenta que la campaña turística de Semana Santa “ya se da por perdida” y que “está por ver el impacto que tendrá en la de verano”.

40.000 comercios afectados

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana aporta una cifra sobre el impacto sufrido en el sector comercial. “Hay más de 40.000 establecimientos afectados, con 94.000 empleos”, subraya su presidente, José Vicente Morata, que también destaca entre los grandes afectados “la hostelería -hoteles, restaurantes y bares-, actividades relacionadas con el turismo -agencias de viajes, guías turísticas, turismo formativo en idiomas-, transporte aéreo, férreo y por carretera de personas, servicios personales y el sector de construcción -civil, infraestructuras, viviendas, reformas- así como las actividades relacionadas con las de construcción -fontaneros, electricidad, instalaciones-”.

“Entre las parcialmente afectadas se encuentra la industria -excepto la agroalimentaria, del papel, química con mayor relación con la salud, farmacéutica, aparatos médicos-, y también el transporte de mercancías, las actividades y los suministros, debido al menor consumo en el sector servicios y en la industria”, agrega Morata.

Y entre las que han esquivado las consecuencias más graves destaca “la industria química, la industria sanitaria, la industria de agroalimentación, sanidad, distribución comercial de alimentos y productos básicos, así como actividades de telecomunicaciones -software y hardware- y actividades profesionales con la posibilidad de trabajar desde casa”.

En efecto, la fortaleza de la industria agroalimentaria y la distribución comercial -que cuenta en la autonomía con dos grandes referentes como Mercadona y Consum-, permite contar al menos con un sector estable en medio de la crisis. Al respecto, Morata recuerda que “fueron las actividades que mejor soportaron la última crisis económica, registrando crecimientos mínimos, pero en ningún caso retrocediendo”. “En la actualidad, la situación no solo se va a repetir, sino que incluso supondrá un aumento de la producción y de la plantilla debido al aumento de la demanda de los hogares. El peso de la industria alimentaria es muy importante en la Comunitat Valenciana, dado que representa el 18% del total de la industria a pesar de estar por debajo de la media nacional del 21%”, destaca el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio.

Un fondo público al rescate de empresas

El presidente valenciano, Ximo Puig, anunció su primer paquete de medidas de apoyo a la empresa valenciana antes incluso de que se decretara el Estado de Alarma y de que Pedro Sánchez cifrara en 200.000 millones el importe que aspira a movilizar el Estado. Para complementar la iniciativa pública del Gobierno Central, el socialista valenciano se comprometió a desarrollar 16 medidas con el banco público de la autonomía, el IVF, como protagonista. Entre ellas destaca la creación de “un Fondo de Capital Riesgo para impulsar el crecimiento de las empresas”, dotado con 200 millones para invertir en el capital de sociedades de “dimensión mediana y grande” -algo con lo que jamás había contado la autonomía-. El IVF, además, ofrecerá créditos para pymes, micropymes y autónomos al 0% y con la posibilidad de financiar el circulante.

En materia de impuestos, el presidente prometió “el fraccionamiento, aplazamiento o, en su caso, bonificación del pago de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Valenciana”, y en particular la “exención en el tramo autonómico del IRPF”.

Además, tras el anuncio de Sánchez, Puig agregó una “acción directa” a favor de los autónomos, poniendo 57 millones de euros a disposición del colectivo. Lo hizo tras reunirse con Salvador Navarro y con los secretarios generales de UGT-PV, Ismael Sáez, y CCOO-PV, Arturo León, a quienes también prometió “una línea de 40 millones de euros ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas” -entrando en su capital-.