La empresa de Castor, a juicio por inyectar gas pese al riesgo
El juez procesa por delito medioambiental a Escal como persona jurídica, a dos de sus directivos y a tres aseguradoras como responsables civiles subsidiarios. La actividad de la filial de ACS provocó más de 500 seísmos
La filial de ACS que impulsó el almacén de gas Castor, dos de sus directivos y tres aseguradoras de la firma se sentarán en el banquillo de los acusados por los seísmos que provocó esta infraestructura. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha decretado la apertura de juicio por un “delito contra el medio ambiente” contra Escal UGS SL como persona jurídica -la sociedad del grupo de Florentino Pérez adjudicataria del proyecto-, contra dos de sus altos cargos, y también contra Chartis Europe, Lloyds y Zurich Insurance como “responsables civiles directos/subsidiarios”.
Según informó este mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el auto señala a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos. Además, requiere a los acusados para que presten una fianza cifrada en 23.126 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles determinadas hasta la fecha.
El juez dictó auto de procedimiento abreviado para estos dos directivos en octubre del pasado año, al entender que generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico” entre septiembre y octubre de 2013 por continuar con la inyección de gas en la planta de almacenamiento ubicada en la costa de Vinaròs. Todo ello “pese a ser conscientes del riesgo sísmico que ello acarreaba, según sostiene el juez”, -precisó el TSJCV-.
De hecho, esa actividad provocó hasta 519 seísmos que ocasionaron daños tanto en esta localidad castellonense como en la de Sant Mateu, así como en los municipios catalanes de Amposta y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).
Lo ocurrido impidió la actividad para la que estaba previsto el almacén pese a los más de 1.700 millones de euros que costó su construcción, y lo sitúan entre las inversiones más ruinosas de la historia de las infraestructuras españolas.
Lo ocurrido con Castor, como informó elEconomista, podría llegar a investigarse en el Congreso de los Diputados, que abrió en junio la puerta a la creación de una comisión de investigación a tal efecto. La Mesa del Congreso calificó la propuesta del Grupo Mixto y el grupo Plural -en el que se integra Compromís- que tendrá que ser ratificada en la Junta de portavoces y ser aprobada en el pleno para ponerse en marcha. PSOE, PP y Vox lo impidieron en un primer intento en la Junta de portavoces, pero la propuesta sigue vigente. Compromís podrá seguir insistiendo cada semana para lograr que se incluya en el orden del día.
La investigación, en caso de que llegue a producirse, tendrá que dilucidar si hubo irregularidades en el proceso de aprobación del mismo para poder aclarar las responsabilidades políticas. El Parlament de Catalunya ya tuvo una comisión similar en la que su promotor, Florentino Pérez, se limitó a decir que no estaba informado de los detalles de esta operación.
El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica comenzó a tramitar su desmantelamiento. Enagás Transporte tenía que remitir el pasado mes de abril al ministerio la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos de almacenamiento.