Nuevo capítulo en las reversiones:
de Sanidad a las estaciones de ITV

El Gobierno valenciano de Ximo Puig da un paso más en su política de reversión de concesiones públicas a empresas privadas y asumirá directamente las estaciones de ITV, que ahora gestionan siete compañías repartidas por el territorio valenciano. Una estrategia que mantiene la seguida con las concesiones sanitarias, donde ya ha revertido la concesión del departamento de la comarca valenciana de La Ribera que incluye el hospital de Alzira y a la que seguirá la de Torrevieja.

La Conselleria de Economía Sostenible que dirige Rafael Climent, ha justificado la decisión de revertir las actuales estaciones de inspección técnicas de vehículos (ITV) en base a un estudio que considera que asumir directamente la gestión es la opción que generará más ingresos para las arcas autonómicas. Según ese informe, las ganancias netas para la Generalitat serán de más de 39 millones de euros anuales. El documento, elaborado por la consultora Nuve Consulting, apunta que si se renuevan las concesiones actuales esa cifra sería de poco más de 7 millones al año y si se licitase una nueva concesión rondaría los 19 millones.

Para el conseller de Economía, estas cifras avalan los planes del Gobierno del Botànic, que se ha marcado como objetivo que la gestión de las ITV se realice desde el sector público una vez concluya la concesión actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Los planes del conseller pasan por crear una empresa pública, que estará liderada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a la que se subrogará todo el personal de las ITV.

Climent también justificó la decisión en que la Administración valenciana prevé ampliar la red de estaciones. Actualmente existen 27 inspecciones fijas y 13 móviles. “La gestión directa pública permitirá completar y ampliar la actual red de ITV con diez nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta la estación de ITV más cercana inferior a 30 minutos”, apuntó el conseller. De hecho, la Conselleria prevé iniciar la construcción de una nueva ITV en Torrent (Valencia) antes de la reversión como proyecto piloto, con una inversión de 735.000 euros.

Uno de los puntos conflictivos en la decisión de no prolongar las concesiones, como ha ocurrido en el caso sanitario, será la subrogación del personal. El informe asegura que todo el personal afecto a las estaciones actuales tendrá que pasar a la sociedad mercantil pública sin que sea considerado como personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en las concesionarias. El conseller ha afirmado que “se abre un periodo de tiempo y de análisis del informe para valorar y estudiar las soluciones posibles para desarrollar la subrogación del personal”.

Las empresas afectadas

Entre las siete concesionarias actuales se encuentran multinacionales del sector, como Applus Iteuve Technology. En la firma ITV de Levante participa TUV SUD Atisae, mientras que en Valenciana de Servicios de ITV son socios la suiza SGS y Global Omnium (Aguas de Valencia). Por su parte, Aseguramiento Técnico de Calidad está en manos de GED. Completan la lista de concesionarias Estación ITV Vega Baja, Pistas Iteuve, y Compañía Valenciana de Revisiones.

La concesión que se licitó con el Gobierno del Partido Popular y bajo la presidencia de Eduardo Zaplana establecía un plazo de duración inicial de 25 años, pero también contemplaba la posibilidad de que se ampliasen por periodos de diez años, hasta un máximo de 75.

La licitación de estas concesiones que en su día ya fue polémica, se ha mantenido durante estos años porque las tarifas en la Comunidad Valenciana para pasar estas inspecciones obligatorias eran de las más elevadas de toda España. Precisamente las posibles comisiones ilegales en el concurso público para adjudicar las ITV forman parte de la investigación judicial por la que el expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue detenido y permaneció en prisión, por el denominado ‘Caso Erial’.