Mantener las concesiones sanitarias, una propuesta valiente
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, abre un debate acertado en la entrevista concedida a elEconomista Comunitat Valenciana: el de orillar la millonaria ofensiva del Gobierno autonómico contra la sanidad concertada. El Ejecutivo hizo bandera de esta cuestión en su primera legislatura, en la que la entonces consellera Carmen Montón procedió a la reversión del Hospital de Alzira. El departamento de salud sigue siendo público, pero ahora lo gestiona directamente la administración.
Aquello fue en 2018, y dos años después Ribera Salud, la entonces empresa concesionaria, estima en 70 millones de euros el coste anual extra para las arcas valencianas. El cálculo se basa, fundamentalmente, en una evidencia: el abultado incremento de personal, de un total de 800 profesionales -un 40% más de plantilla-, pese a la que, según la compañía, el hospital tiene ahora más lista de espera quirúrgica que entonces.
Mas allá de la exactitud de estas cifras, sobre las que el presidente revela que ha pedido “que se contrasten adecuadamente”, resulta evidente que para la Generalitat Valenciana la decisión ha supuesto un sobrecoste que sería un disparate repetir en las actuales circunstancias, con el déficit y la deuda autonómica disparados por el esfuerzo que se está realizando para combatir el coronavirus y su impacto en la economía de la región.
Máxime si se atiende a la próxima concesión que expira: la del Hospital Torrevieja en 2021, cuya gestión, también con Ribera Salud al frente, ha sido aplaudida por la Sindicatura de Comptes tanto en materia sanitaria como por el ahorro que supone para el erario.
En este escenario, el presidente Ximo Puig se atreve a proponer alternativas distintas al ideario fijado en su programa electoral y, sobre todo, contra el férreo criterio de sus socios de gobierno. El mandatario aboga ahora por mejorar “el diseño” de las concesiones, una solución -a falta de conocer la letra pequeña- que evitaría a la Generalitat asumir un sobrecoste en el complicado escenario de combatir los efectos de la pandemia.
Puig, en la misma línea, revela también que han quedado suspendidas las negociaciones con DKV, que lidera la concesión del Hospital de Denia, que perseguían adelantar la reversión del Departamento de Salud de La Marina -que expira en 2024-. El dirigente reconoce un mayor interés por acometer esta reversión, pero la misma exige compensar a la empresa por el anticipo, y ahora resulta inviable.
A la espera de descubrir si está dispuesto a convertir en hechos tales intenciones, por el momento cabe aplaudir a Ximo Puig la valentía de su planteamiento.