El Gobierno impide recuperar las horas de los funcionarios
La Generalitat Valenciana se topa con la oposición del Ejecutivo en su intento de aplicarles el permiso retribuido recuperable y solo podrá hacerlo en sus empresas públicas
No rotundo por parte del Gobierno de España. El ejecutivo impide a la Generalitat Valenciana aplicar el permiso retribuido recuperable a los funcionarios que no están trabajando como consecuencia de las restricciones que fija el Estado de Alarma. El presidente Ximo Puig pretendía que los empleados públicos, como los del sector privado, mantengan actualmente sus salarios a cambio de recuperar las horas no trabajadas tras el confinamiento. Pero el Ejecutivo central bloquea que se acojan a esta iniciativa.
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana explicó que, tras los reparos mostrados por parte de la Abogacía de la Generalitat -a la que había consultado si existía la posibilidad de aplicar el permiso retribuido a los funcionarios valencianos-, trasladó una pregunta directa al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige la socialista Carolina Darias. En la misma, el departamento autonómico preguntaba al estatal si tenía o no competencias para aplicar tal medida a los funcionarios que perciben su salario íntegro sin poder trabajar ni teletrabajar por las restricciones establecidas para contener el Covid-19.
La respuesta del Gobierno, por contra, no clarificó nada sobre competencias. Según la Generalitat, en Madrid se limitaron a recordar el contenido del decreto inicial y agregaron que, al menos por el momento, no tienen en mente implementar el permiso retribuido recuperable -ideado por el propio Gobierno- a otro tipo de trabajadores -más allá de los del sector privado y del denominado personal laboral de la administración pública, al que sí se le puede aplicar la medida-.
En efecto, preguntadas al respecto por este diario, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública subrayaron que la consellera valenciana -la también socialista Gabriela Bravo-, “ya ha recibido respuesta”. Sobre la misma indicaron que, por lo que a las labores a desempeñar por parte de los funcionarios, “hay una resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública anterior al RD del estado de alarma, el día 10 y, posteriormente, otra el día 12”. Ambas se produjeron antes de que el Gobierno de España ideara el permiso retribuido recuperable para los empleados del sector privado, una herramienta en cuya aplicación excluyeron a los funcionarios.
En consecuencia, la única orden que rige sobre los mismos es que trabajen desde casa si su presencia no es imprescindible, sin que la misma contemple que devuelvan las horas cobradas, pero no trabajadas si no existe la posibilidad de que trabajen desde casa. “El criterio que se establece es que solo trabajen los empleados públicos indispensables, los demás, lo harán a través de fórmulas de trabajo no presencial -teletrabajo, trabajo remoto, teléfono, etc.- hasta que finalice el Estado de Alarma”, subrayaron las mismas fuentes.
La Generalitat Valenciana, ante tal respuesta, se topa por el momento con el bloqueo por parte del Estado a esta iniciativa, defendida con rotundidad el pasado miércoles por Ximo Puig. “Queremos explorar esta situación y hacerlo si es posible, y de una manera acordada. Creo que todos los trabajadores tienen que ser iguales”, remarcó, al tiempo que subrayó que “muchísimos funcionarios están trabajando duro”, que “muchos otros están haciendo teletrabajo” y que “es indudable que ninguno está en casa porque quiera estar en casa”.
Ante tal bloqueo, la Generalitat tendrá que conformarse con recuperar solo horas no trabajadas en sus empresas públicas, donde ya ha iniciado los trámites. En concreto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, publicó una instrucción acerca de la aplicación de esta herramienta. Su intención es acometer la medida “en el ámbito de las entidades del sector público instrumental, excluidos los organismos autónomos y los consorcios sanitarios”. El personal susceptible de la aplicación es de 1.615 empleados, pero la decisión dependerá de la dirección de cada empresa, de modo que serán menos.