Transportes movilizará todos los ‘NextGen’ antes de que termine 2023

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, inauguró el Foro de Infraestructuras Los desafíos del sector de la construcción, organizado por elEconomista.es, junto a Accuracy, Sacyr, FCC, OHLA y Ferrovial, donde destacó que no rebajará el pulso inversor por las infraestructuras clave, como el ferrocarril, pero sin llevar a cabo inversiones irracionales. Además, la titular del ramo ha asegurado que a lo largo de este año habrá ejecutado la totalidad de los fondos europeos asignados para este periodo, aproximadamente 16.700 millones de euros. Buena parte de este dinero irá destinado al plan de rehabilitación de vivienda, otra de las prioridades del Ejecutivo, que quiere actuar en 355.000 hogares con más de medio millón de actuaciones.

En su introducción, la ministra destacó los puntos fuertes de las infraestructuras españolas y puso en valor que somos el país de Europa con más vías de alta capacidad, el primero en tráfico de contenedores y tenemos el primer gestor aeroportuario por número de pasajeros.

“Corregir las diferencias sigue siendo nuestro objetivo. Una democracia seria no puede consentir que haya ciudadanos de primera y de segunda”, dijo posteriormente, aunque quiso matizar que las inversiones pendientes, sin embargo, no podían llevarse a cabo a toda costa y, por tanto, hay que evitar “desembolsos millonarios” que en otros momentos de la historia se han traducido en España en malos ejemplos.

“No quiero que se me malinterprete, no hablo de dejar de invertir en ningún caso, sino de hacerlo con cabeza. Hablo de no construir aeropuertos sin aviones. No podemos construir estaciones de tren sin usuarios en medio de la nada como hizo el Gobierno anterior”, añadió.

Plan de vivienda

Sánchez no quiso olvidarse de sus actuaciones en materia de vivienda. “Estamos aún muy lejos de lo que el plan de energía y clima fijaba para 2030”, inició en su exposición. Para adecuarse a estas exigencias, España debe rehabilitar 1,2 millones de vivienda hasta el año 2030, lo que supone multiplicar por diez el parque actual. El objetivo final es que los fondos europeos permitan llevar a cabo 510.000 actuaciones en viviendas, teniendo en cuenta que más de una de estas viviendas necesitarán varias actuaciones. “Al final del período de aplicación del plan estaremos en disposición de haber intervenido en unas 355.000 viviendas y de haber alcanzado una reducción media de consumo de energía primaria no renovable superior al 40%”, explicó al respecto la ministra. “Como sabrán, dentro del Plan de Recuperación (PRTR) hemos previsto inversiones de 3.420 millones de euros, una cifra que debería relanzar el sector de la construcción”, añadió al respecto.

La inversión prevista superará los 10.000 millones de euros, que culminará con la aprobación con “la primera Ley de Vivienda en la democracia de España”, en palabras de la ministra. La normativa, acordada por el Gobierno con ERC y EH Bildu, cuyos detalles finales fueron desvelados el pasado viernes, se aprobará “con carácter inminente” para culminar una política que “no existía” previamente.

Sobre el próximo marco legal, Raquel Sánchez quiso dejar claro que “respeta escrupulosamente el derecho a la propiedad”. El anuncio, además, coincidió con el realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo, cuando desveló que liberará 50.000 viviendas de la Sareb en los próximos meses para descongestionar la oferta.

La construcción y los lotes desiertos

El sector de la construcción y las infraestructuras reclama una actualización del sistema de licitación español para evitar que se queden concursos desiertos. Así lo explicaron ayer los principales directivos de las empresas que operan en este mercado durante el I Foro de Infraestructuras: Los desafíos del sector de la construcción organizado por elEconomista.es con el apoyo de Accuracy, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr.

“Hay que tomar medidas tanto a corto como medio plazo” para garantizar la sostenibilidad del sector, aseguró José Antonio Fernández Gallar, CEO de OHLA. El directivo manifestó que las necesidades más inmediatas que hay que cubrir se basan en reequilibrar de algún modo “el efecto que se produjo con la rotura de la cadena de suministro y el efecto inflacionario a través de la actualización de los precios”.

“Es prioritario porque en las obras trabajamos con márgenes muy ajustados y esto finalmente repercute en la cuenta de las empresas; por eso lo primero es activar las actualizaciones de precios ya que actualmente tenemos un sistema de licitación antiguo”, explicó Fernández Gallar, que apuntó que “otros países europeos van por el camino de apostar por procesos colaborativos”. Ya en el medio plazo, destacó, hay que actuar directamente sobre la forma en que se contrata con la Administración. Así, en España “estamos trabajando con sistemas absolutamente anticuados y se debe abordar cuanto antes”, apuntó.

Por su parte, Ignacio Clopés, director de Ferrovial Construcción, cree que es imprescindible que a la hora de plantear una modificación al sistema de contratación “se tenga en cuenta la parte técnica desde el punto de vista de la ESG o la seguridad”. “Las empresas con un performance alto en seguridad deberían tener por parte de la administración una mayor entrada. Hoy en día los procesos de licitación no tienen en cuenta eso. Sin embargo, en muchos mercados la parte económica solo pesa el 20% frente al 80% de la parte técnica y eso garantiza la calidad de los proyectos y también que las empresas pongan a servicio de esos proyectos sus mejores recursos”, apuntó.

Huberto Moreno, CEO de Construcción de Acciona, apostó por un modelo colaborativo en el que las empresas del sector puedan entrar en los proyectos en una fase muy inicial como es el diseño. “En este momento es el que más se puede optimizar y bajar costes. Si podemos entrar y aportar nuestro conocimiento se pueden conseguir unas optimizaciones muy buenas del modelo colaborativo”, destacó Moreno.

Clopés también considera que “la fase de ejecución tendría que tener en cuenta la alineación respecto a un presupuesto de referencia”. “La Administración ha demostrado voluntad de hacer algún tipo de proyecto piloto para ver el funcionamiento de este modelo que es el que están usando ya muchas grandes empresas tecnológicas, que de hecho basan la adjudicación en aspectos técnicos”, señaló.