Un vuelco judicial que puede cambiar el paradigma de la movilidad en España

Uno/30. Esta es la ratio que ha tenido en vilo al sector del taxi y a las plataformas de movilidad (Cabify, Uber y Bolt) durante más de cinco años, el periodo transcurrido desde que el Tribunal Supremo se inclinase a favor de mantenerla proporción para que convivieran ambos sectores hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya hecho saltar por los aires este planteamientos. Cambia todo a partir de ahora, a la espera de que el Alto Tribunal español y el TSJC, a quien Luxemburgo ha contestado su cuestión prejudicial, refrenden -así se espera- las tesis de Europa para adecuar a derecho el corsé regulatorio que hay en la movilidad de las ciudades españolas.

A partir de aquí los efectos se intuyen. El principal riesgo para el taxi es la liberalización en masa de licencias que quedaron atascadas y no se concedieron ante la imposición de la famosa ratio. Es cierto que en España dicho equilibrio es solo teórico, pues el suceso de cambios legislativos (desde la Ley Ómnibus de 2009 al cambio en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 2013 abrió durante un periodo de tiempo que se concedieran nuevas licencias), pero no por ello deja de ser verdad que la entrada de más competencia desde las plataformas puede ser comprometedora.

Las consecuencias, a la vista de los comentarios de los expertos, serán ciertamente limitadas. Si algo consiguió el taxi a su favor en los años que Uber y Cabify crecieron de manera constante fue presionar para añadir una capa de regulación extra a su favor y en detrimento de la VTC. Se impusieron condiciones con una clara voluntad de desincentivar el uso de las aplicaciones de movilidad (tiempo adicional para precontratar servicios, por ejemplo), mientras que organismos como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia o, a menor escala, la Autoridad Catalana de la Competencia daban indicaciones en direcciones opuestas. La normativa de mayor rango vio la luz en 2018, con el conocido como Decreto Ábalos, que limitaba la actividad del competidor del taxi a trayectos interurbanos, es decir, una pequeña parte de su operativa y daba una moratoria para que trabajaran con normalidad durante cuatro años.

A nadie escapa que en 2023 la convivencia entre el taxi y la VTC es muy distinta a la de hace unos años. Las grandes ciudades de España, como Madrid y Barcelona -mucho más la segunda que la primera por la inclinación de su administración sobre uno de los dos sectores-, ha vivido momentos de tensión con cada movilización del taxi y, sobre todo, de sus facciones más radicales. Hoy algunos profesionales del sector trabajan bajo plataformas como Cabify, Uber o Free Now, conscientes del trasvase de clientes que puede suponer la colaboración. Para las próximas semanas ya hay convocadas nuevas marchas y protestas, pero, a la vista de las nuevas directrices de Europa, queda claro que la fuerza negociadora poco o nada tienen que ver con la que se vio hace más de un lustro.