La movilidad sostenible traerá más empleo y más inversiones a la ciudad

La movilidad sostenible se ha convertido en una palanca fundamental en la descarbonización de las ciudades. Todos los sectores están ya trabajando en la construcción de las ciudades del futuro que mejorarán significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo aseguraron los expertos en movilidad durante la jornada empresarial El desafío de la movilidad, organizada por elEconomista.es en colaboración con Acciona.

“La movilidad ha pasado de ser un hecho estadístico a ser un derecho. Los ciudadanos reclaman ya modelos de movilidad sostenible y eficientes, y los actores implicados en el sector -públicos y privados- tenemos tanto la obligación como la oportunidad de ofrecer este tipo de servicios de movilidad”, apuntó durante la mesa de debate el gerente de Desarrollo de Negocio B2B de Movilidad y Silence de Acciona, Juan José Conde.

“La movilidad sostenible traerá más empleo, más inversiones y mejor calidad de vida para los ciudadanos”, añadió.

Según los expertos, la intermodalidad junto con el diseño optimizado de los vehículos, la tecnología aplicada a la digitalización, el contexto y las infraestructuras también van a jugar un papel trascendental en esa transformación.

“La logística va a tener un protagonismo que no ha tenido hasta ahora. (La ciudad del futuro) va a ser una ciudad pensada para el ciudadano, pero el problema es que hoy en día el ciudadano no es consciente de ello. Y esto es un reto al que nos vamos a enfrentar para sensibilizar al ciudadano de cómo todo lo que se está haciendo es para mejorar su calidad de vida”, comentó la directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, May López.

Aseguró, además, que hasta el 92% de los ciudadanos no respira aire de buena calidad a día de hoy y, según cifras del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, unos 400.000 europeos mueren de forma prematura cada año por una mala calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades del viejo continente.

“Las ciudades del futuro tienen que ser sostenibles tanto desde el ámbito medioambiental como desde el ámbito social y el económico”, aseguró María Romera, directora de Regulación de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

La Ley de Movilidad

La transformación de la movilidad es un tema que ha generado un elevado consenso no sólo entre las distintas asociaciones y empresas que constituyen el sector del transporte, sino también entre los diferentes partidos políticos. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, ninguno de los expertos temen por la aprobación de la nueva Ley de Movilidad. Desde Empresas por la Movilidad Sostenible piden no politizar el tema. “Centrémonos en el usuario y en que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los que viven en la ciudad. Y centrémonos en la clave de la colaboración público-privada”, señaló López.

La aprobación final de la nueva Ley de Movilidad, en tramitación en parlamentaria, se esperaba para finales de este año. Esta ley que, según los expertos, no va a hacer más que garantizar un marco legal para seguir trabajando con lo que ya se había puesto en marcha en el sector.

“Esta ley es una necesidad, no tiene vuelta atrás”, comentó el subdirector de Coordinación y Estrategia Comercial de Adif, Alberto Calvo. “En realidad todas esas políticas ya las estamos trabajando y la ley lo único que va a hacer es dar una continuidad”, apuntó.

“Esta ley no solo es necesaria, sino que debería implantarse siguiendo el calendario que inicialmente teníamos previsto porque ya hay fondos que están pendientes de esa aplicación y esta ley marca un cambio importante y cualitativo”, añadió Conde.

Los distintos sectores llevaban un tiempo demandando una ley que garantizara seguridad jurídica para todos los actores que tienen un papel en el ámbito de la movilidad. La nueva ley da la posibilidad, entre otras muchas medidas, de permitir que las ciudades implanten una tasa para entrar con vehículos en las grandes ciudades, algo que ya se ha visto en otras urbes europeas.

“Una ley de movilidad de ámbito nacional como esta nos permite tomar decisiones estratégicas, puesto que para el sector de la movilidad la existencia de una regulación estable y clara es vital. Entender cómo se tienen que hacer las cosas nos permite jugar a los agentes que estamos implicados en la movilidad de forma nacional, internacional y homogénea”, aseguró Conde durante el encuentro.

La nueva ley constituye un paso más a la hora de cumplir con los objetivos tanto nacionales como internacionales de descarbonización y sostenibilidad en las grandes ciudades.

“El objetivo que tenemos a 2030 son cinco millones de vehículos eléctricos y 240.000 puntos de recarga. Cuando se aprobó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2030 (PNIEC) no sabíamos nada de lo que iba a acontecer con la pandemia, la crisis económica y la guerra en Ucrania. Todo esto ha provocado que el objetivo de cinco millones, que ya era muy ambicioso, se haya visto ralentizado porque las decisiones de inversión son más complicadas”, apuntó Romera.

La aprobación de la ley marcará un antes y un después para la movilidad sostenible y, según aseguraron los expertos durante el debate, ya no hay vuelta atrás para el sector. “Creemos que la electrificación del transporte no tiene retorno. Vamos hacia un transporte electrificado, conectado y digitalizado y todos los agentes caminamos hacia esa electrificación tan necesaria para la descarbonización, para el bienestar de la sociedad y la calidad de vida”, añadió Romera.

Infraestructuras necesarias

Según el anuario publicado por Aedive, solo durante el último año se ha implantado lo que equivale al 50% de toda la infraestructura de recarga de acceso público que hay hoy en día en España. Según los expertos, la accesibilidad a estas infraestructuras es imprescindible para conseguir que el ciudadano las use en un futuro.

“España es probablemente uno de los países con el coste de recarga pública más elevado a nivel europeo y es importante que exijamos que esa infraestructura pública, cuanto menos, cumpla con las normativas europeas que nos garantizan esa interoperabilidad que es poner al usuario en el centro, que nos garantice que yo como usuario puedo acceder a una infraestructura sabiendo el precio que voy a pagar y que me permita compararlo con el resto de infraestructuras que tengo alrededor”, apuntó López.

A finales de 2022, en España había más de 21.500 puntos de recarga de acceso público y a cierre del año todavía había 7.400 puntos de recarga no operativos y pendientes de la última autorización, según datos de Aedive. “Estamos trabajando para corregir esas tramitaciones administrativas a los que se enfrentan los operadores de puntos de recarga que desde que se inicia la autorización hasta que se finaliza y pueden instalarlo pasan entre 12 y 18 meses”, explicó Romera. “Hay unos cuellos de botella que nos dice la Administración que no hay forma de solucionar porque hay pocos recursos materiales y se acumulan todos los expedientes”, comentó.

“De esa infraestructura que no está operativa a día de hoy, debemos analizar por qué hay tanta disparidad en porcentajes dependiendo de quién es el que está poniendo esa infraestructura en el mercado. Al final es dinero público y debemos ser responsables de garantizar no sólo que se cumple con esa normativa, sino que se cumple con una eficiencia de esos fondos que estamos poniendo en el mercado”, apuntó López.

Colaboración público-privada

Desde Adif también están en proceso de instalación de más de 1.000 puntos de recarga en los aparcamientos de sus 80 estaciones principales de ferrocarril. “Tenemos que ir hacia una movilidad más sostenible, segura y conectada, que es nuestra responsabilidad también como gerentes de transporte público”, aseguró Calvo. “Estamos transformando todas nuestras grandes estaciones como, por ejemplo, la estación de Chamartín, bajando ya al nivel de darle ubicación a esos aspectos de movilidad compartida como volcar esa pirámide hacia una movilidad más activa, sostenible y saludable”, explicó. “Nuestro gran reto es proyectar ya a las grandes estaciones con la suficiente flexibilidad y compaginarlo con una política activa para adaptarnos a estas necesidades”, dijo Calvo. Y añadió que la colaboración público-privada es clave para cambiar el modelo de transporte hacia uno más sostenible en un futuro cercano.

El éxito social, económico y medioambiental del nuevo modelo depende en gran medida de la cooperación entre entidades públicas y empresas privadas, aseguraron los expertos durante el debate.

“La Administración tiene que plantear las bases de regulación que dé seguridad para que los agentes privados apuesten e inviertan y consideren que es un sector rentable”, comentó Romera.

“Tenemos una industria de fabricación de puntos de recarga que es puntera en Europa y casi en el mundo. Se han fabricado más de 340.000 puntos de recarga y el 87% de lo que se ha fabricado se está exportando”, aseguró. Según la directora de Aedive, en el año 2023 se instalarán puntos de recarga de forma masiva en parkings y en las principales autovías.

“Tiene que haber modelos de negocio detrás que funcionen, que sean económicamente sostenibles. Es bueno que haya fondos tanto públicos como privados que estén ayudando a una transición que es buena en todos los sentidos para la calidad de vida de las personas que viven en ciudades”, apuntó Conde.

Además, los expertos coincidieron en que la clave para cambiar el modelo de transporte es la manera en la que se lleve a cabo la transición. “Tenemos que hacer una transición planificada porque no podemos pasar de hoy se puede circular a mañana ponemos una señal y no se puede circular”, aseguró Calvo, quien incidió en que Adif está viendo cómo implementar los cambios de la forma más flexible posible.

A la hora de evaluar distintos modelos de implementación, los expertos apuntaron a varios ejemplos de éxito tanto en España como en el extranjero. “Muchas veces nos limitamos en la evolución cuando hay otros modelos que ya nos están enseñando que incluso se podría dar un paso más allá y con éxito”, comentó López. Añadió que “tenemos que empezar a ser conscientes de que esas zonas de bajas emisiones también nos van a venir a reforzar económicamente y son oportunidades de negocio”.

“Sabemos que en las ciudades del futuro va a haber mucha gente, que vamos a estar muy pegados y que todos nos tenemos que mover. Entonces tenemos claro que la palanca de la movilidad va a tener una relevancia brutal”, subrayó Conde.

El camino hacia la implementación de la “ciudad de los 15 minutos” no será fácil, pero el objetivo sirve, según los expertos, como guía para saber hacia dónde hay que ir para conseguir la mayor variedad y cantidad de servicios al ciudadano, con el mínimo impacto en tiempo e impacto medioambiental.

“(La ciudad de los 15 minutos) se basa en minimizar los desplazamientos y el tiempo, pero no en que desde tu origen hasta tu destino final haya 15 minutos, sino que si necesito moverme en ferrocarril que mi parada esté a menos de 15 minutos”, apuntó López. “Hay que avanzar hacia ese proceso de cambio con sensibilidad”, dijo Calvo.