La falta de pilotos, una amenaza en la lucha contra los incendios
Los incendios forestales representan un grave problema para nuestro país que requiere nuevos enfoques, nueva regulación y nuevas políticas con visión estratégica que permitan prevenir y combatir sus efectos.
Solo en 2022 ardieron 310.000 hectáreas; este año la combinación de altas temperaturas, sequía, nueva generación de incendios más virulentos o el estado de abandono de numerosas zonas rurales no invitan al optimismo. A estos factores hay que añadir determinados problemas estructurales del sector de trabajos aéreos, y en concreto de la lucha contra incendios, que requieren una reflexión para adoptar medidas que trasciendan las necesidades puntuales de cada campaña.
Los medios aéreos son fundamentales para hacer frente al fuego y extinguirlo en operaciones que se desarrollan en circunstancias meteorológicas y ambientales de gran complejidad e importantes riesgos. Los pilotos de extinción de incendios a los mandos de aviones y helicópteros son profesionales con una alta especialización cuya labor es imprescindible, pero también son el último eslabón de una cadena donde intervienen, de una u otra forma, Ministerios, comunidades autónomas, autoridad aeronáutica y operadores aéreos y donde confluyen distintos intereses.
Sin embargo, por encima de todos ellos deben primar dos objetivos: ofrecer un servicio eficiente y de calidad y dotar de la máxima seguridad posible a las operaciones aéreas y a los profesionales que luchan contra el fuego.
La seguridad y la eficiencia deben sustentarse, por un lado, en marcos de contratación transparentes que valoren cuestiones técnicas y operacionales desde una perspectiva profesional y no solo aspectos económicos, y por otro, en una regulación adecuada, adaptada a la nueva realidad e integrada en políticas estatales estratégicas.
Nuestro país cuenta con un sector de trabajos aéreos sólido y con grandes profesionales, pero la falta de planificación y el cortoplacismo con el que se ha venido regulando y gestionando la lucha contra los incendios ha generado importantes problemas que exigen soluciones.
Por un lado, se mantienen normas obsoletas que requieren una revisión, como la normativa sobre prevención de fatiga de los pilotos, fundamental para la seguridad y eficiencia de las operaciones. La emergencia de los graves incendios del verano pasado llevó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a adoptar en mitad de la campaña estival una exención que permitía aumentar un 50% el límite de seguridad de las horas de vuelo, incrementando considerablemente la exposición al riesgo de los pilotos, en una actividad que por su propia naturaleza presenta unos elevados niveles de estrés y carga de trabajo en escenarios de elevada peligrosidad.
Actualmente se está trabajando en una evolución de la regulación de prevención de fatiga que establecerá unas limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad, así como los requisitos de descanso de las tripulaciones, en base a fundamentos científicos y operacionales contrastados. Los pilotos participamos activamente para contribuir a configurar una regulación adecuada y equilibrada en cuanto a seguridad, prevención y operatividad. Sólo si se logra ese equilibrio la futura norma, que no ha llegado a tiempo para esta campaña, será efectiva y perdurará en el tiempo.
Por otro lado, la exención del pasado verano puso en evidencia otro problema del sector, como es la escasez de pilotos en los operativos de lucha contra incendios. Actualmente más del 50% de los pilotos de extinción de incendios tienen 50 o más años. En una década la mayoría ya no ejercerá, mientras que la incorporación de nuevos pilotos a esta actividad es muy escasa -solo el 3% tiene menos de 35 años-. Existe un claro problema de relevo generacional que va en aumento en un sector que necesita pilotos.
Entre las causas subyacentes de esta falta de pilotos jóvenes se encuentran diversos factores, como las dificultades para acumular horas de vuelo y avanzar profesionalmente o el hecho de perpetuar unas condiciones profesionales inasumibles, regidas por la temporalidad de las campañas y la inestabilidad, a pesar de que los incendios hace tiempo que dejaron de ser cosa del verano y se producen prácticamente durante todo el año. En definitiva, y a pesar de la imprescindible vocación de servicio, la profesión ha dejado de ser atractiva y es necesario actuar para revertir esta situación.
La lucha contra incendios es un problema de toda la sociedad, que se agrava año a año. Nadie quiere que ardan miles de hectáreas, pero la realidad es tozuda y los incendios se producen por diferentes causas. Para hacer frente a su virulencia son necesarios más medios materiales y humanos adecuadamente formados y preparados y las autoridades competentes nacionales y autonómicas deben actuar con responsabilidad y criterio, estableciendo marcos comunes normalizados a nivel nacional en ámbitos como la coordinación aérea, y valorando el criterio operacional y técnico especializado en el dimensionamiento, contratación, despliegue y funcionamiento de los medios.
Nuestro país, por su experiencia en extinción, su tejido empresarial y los grandes profesionales con los que cuenta, tiene capacidad para liderar a nivel europeo e internacional iniciativas que fomenten la investigación y la especialización en este ámbito, aprovechando el conocimiento y talento disponible, que es mucho, formando a nuevas generaciones de pilotos y otros perfiles relacionados con la extinción de incendios e impulsando una normativa adecuada que refuerce la seguridad de los profesionales de primera línea, con los que es imprescindible contar para prestar el servicio que los ciudadanos esperan y merecen frente a los efectos devastadores del fuego.