Hacia un año sin precedentes en la industria ferroviaria de España

El transporte ferroviario en España empieza a sumar hitos tras la entrada de nuevos operadores. La competencia entre Renfe, Iryo y Ouigo no se ha traducido en mejores precios para los usuarios y una amplitud de la oferta para desplazarse por distintos puntos de España. El gestor ferroviario Adif, que basa la totalidad de sus ingresos en las tasas que cobra por la explotación de su red, ha certificado por primera vez en este 2023 el impulso de sus números vitales hasta niveles no vistos hasta la fecha. Sus ingresos por cánones, como así se llama a los recargos que cobra a operadores de viajeros y carga, han superado por fin al nivel marcado en la pandemia en su división de alta velocidad (Adif AV), coincidiendo con el despliegue de operadores públicos y privados.

Se trata de una buena noticia para una empresa pública que año tras año, pese a ser presionada para que mantuviese reducida su política tarifaria, no conseguía que estos ingresos cubriesen, al menos, la mitad de sus costes de explotación. Quedan asignaturas pendientes por resolver para que el resultado neto final sea positivo, pues la presión de los precios de la luz sigue haciendo mella en su estructura de gastos.

Las últimas cifras disponibles de la compañía, que miden el rendimiento del sector ferroviario en la alta velocidad en el primer trimestre del año, son un buen presagio de lo que está por venir, ya que la entrada de competencia que se ha iniciado en los corredores con mayor número de pasajeros (Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Madrid-Andalucía) llegará en los próximos meses a otros puntos de la geografía española, como Galicia, Murcia o Asturias, lo que redundará en una continuidad en la planificación de ingresos de la empresa dependiente del Ministerio de Transportes.

Para ver el resultado final todavía será necesario despejar algunas incógnitas. La primera más importante será la nueva política tarifaria de la empresa presidida por María Luisa Domínguez, que también por primera vez en su historia se independiza de la guía marcada cada año por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un condicionante crítico en años de bloqueo político en la Cámara Baja, que obligaba a la compañía a trabajar con unos presupuestos congelados y alejados de la situación real del mercado.

La nueva política de Adif será ahora más flexible y podrá utilizarse para, por ejemplo, estimular el tráfico en aquellos corredores donde la demanda sigue deprimida tras la pandemia del coronavirus. Una flexibilidad que aprovecharán las compañías para reivindicar un cambio a la baja en los precios, que siempre han señalado como elevados y como principal coste que finalmente termina trasladado al precio del billete.