Barcelona frena el comercio ‘online’ con una tasa a la logística

En plena explosión del e-commerce, la ciudad de Barcelona se posiciona como un dique de contención donde se han levantado barreras bajo la ordenanza fiscal para el uso del espacio público de la ciudad, que desde el ayuntamiento la han bautizado coloquialmente como tasa de reparto del e-commerce (TREC). El citado recargo establece un gravamen para aquellas grandes empresas que utilizan el espacio público para realizar el reparto de productos comprados por internet. “Estas empresas hacen un uso mucho más intenso del espacio público, y eso produce más contaminación, más movimiento dentro de la ciudad y por ende más dificultad para circular y aparcar” declara Montserrat Ballarín, concejala de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona en una entrevista para elEconomista Movilidad y Transporte. Por otra parte, otro de los objetivos de esta tasa, según el ayuntamiento, es que estas grandes empresas que llegan, dejan el paquete, y se van contribuyan al presupuesto del municipio. Dejando de lado los argumentos citados, el ayuntamiento defiende que con esta medida fomenta el comercio de proximidad y ayuda a la reducción de emisiones de gases nocivos a la atmósfera.

Dicha carga económica se concreta en el pago de 2,6 millones de euros anuales entre todos los operadores postales que facturen más de un millón de euros al año. Teniendo que pagar cada uno en relación con el volumen de negocio que han manejado ese año, es decir, si hay dos empresas que han facturado el 25% del cómputo global dentro de los operadores postales que se ven afectados por esta medida, dichas empresas tendrán que pagar ese mismo porcentaje de esos 2,6 millones de euros. “Para hacer la cuantificación de cuánto se debe pagar hemos hecho dos cosas. La primera: hemos dejado fuera los paquetes que se llevan a lockers, porque entendemos que contamina menos. Y en segundo lugar, hemos calculado el coste del uso del espacio público, y de ahí salen los 2,6 millones de euros que hemos establecido como tasa”, explica Ballarín.

Es importante señalar, que según aseguran desde el Ayuntamiento de Barcelona esta tasa es una petición de los comerciantes de la ciudad que reclaman que las grandes compañías logísticas también paguen por el uso del espacio público. “Ha sido una petición del sector porque tenemos un problema de movilidad y contaminación. Todas estas plataformas que se mueven a su aire por la ciudad contaminando y ocupando espacio creemos que debían tener un recargo. Estamos cerrando calles y limitando la circulación de vehículos, pero sin embargo, si pueden traer todas las veces que sea necesario cualquier cosa hasta tu casa, si no estas en ella, con la contaminación que eso conlleva, y por tanto esto había que regularlo. Así que estamos muy a favor de esta medida.” declara Nuria Paricio, directora general de Barcelona Oberta en una entrevista para elEconomista. Por otro lado, desde Barcelona Oberta, también piden que se ayude a los pequeños comercios que ya están vendiendo de manera online a que puedan llevar a cabo un reparto sostenible.

A pesar del aparente consenso que existe entre el ayuntamiento y los comerciantes desde Uno Logística, organización empresarial de logística y transporte. Consideran esta tasa como discriminatoria. “se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligadas a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”. Asegura Francisco Aranda presidente de Uno Logística. Desde la patronal también apuntan que el incentivar el comercio de proximidad aumentará el porcentaje de emisiones, ya que las personas se tendrán que desplazar en su vehículo privado. “Esto resulta contradictorio puesto que la aplicación de un impuesto sobre las ventas online estimularía las compras físicas, lo que, a su vez, aumentaría los desplazamientos de particulares, incrementando la congestión en la ciudad y el impacto medioambiental”, ha sentenciado Aranda.

Esto es algo que niegan desde el Ayuntamiento de Barcelona y la asociación de comerciantes Barcelona Oberta ya que sostienen que en la ciudad la mayoría de las personas no utilizan el vehículo privado para moverse por la ciudad de Barcelona.

Otro punto controvertido por el que Uno Logística tampoco ve con buenos ojos esta medida es que considera que repercutirá en el consumidor final perjudicando la economía. “Se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”. Por su parte el ayuntamiento asegura que la tasa es reducida y no afectará al consumidor final.

“No cabe duda de que las empresas del sector están completamente a favor de un uso sostenible del espacio público, ha proseguido Aranda, “pero nunca mediante el incremento de cargas fiscales, sino a través de ayudas e incentivos que faciliten la consecución de este objetivo, que el sector logístico ya ha iniciado y con el que está plenamente comprometido. Lo contrario solo supone un castigo a nuestras empresas en el momento más inoportuno”, ha concluido. el presidente de Uno Logística.

No obstante, estas medidas acaban de terminar el periodo de alegaciones y habrá que esperar al texto final para ver cómo queda finalmente la normativa, y que efectos reales tiene en la ciudad de Barcelona y en el comercio electrónico hecho desde los territorios afectados por esta medida.