Decálogo para la transición de la movilidad hacia la descarbonización a través de la regulación

El transporte, la movilidad y la logística son imprescindibles para el desarrollo de la economía y la sociedad. Tanto es así, que tenemos experiencias recientes de lo que supone que no funcionen y sus consecuencias sociales y económicas en todos los casos. Hacemos esta reflexión justo cuando la mayoría de los países se reúnen en Egipto (COP-27) para evaluar nuevos compromisos respecto al cambio climático; y somos conscientes de la necesidad de que la regulación del transporte, la movilidad (incluida la automoción) y la logística debe ser un factor clave e influyente. Y lo debe ser para ayudar al objetivo de un cambio estructural de profundas consecuencias para los ciudadanos y las empresas, para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático.

Los compromisos en el marco de Naciones Unidas o de la Unión Europea, así como su ejecución por los estados, pretenden avanzar en calendarios sobre la prohibición del uso de vehículos con motores dependientes de combustibles fósiles, que van a condicionar la economía de las empresas y sectores de la movilidad y que abren un proceso de transición tan necesario como delicado. La propia UE ha elaborado un plan con un conjunto de medidas legislativas en julio de 2021 (“Objetivo 55”), para asegurar el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% en 2030 frente al nivel de 1990.

Entre esas medidas, el Consejo Europeo ha aprobado un “nuevo sistema de comercio de emisiones independiente” para el transporte por carretera, que comenzará la subasta de derechos de emisión a partir de 2027 y la entrega a partir de 2028. Con esas medidas se pretende internalizar costes externos en uno de los sectores difusos más amplio y que más emite. Otra de las medidas que propone el plan Objetivo 55 de la UE consiste en la prohibición a partir de 2035 de venta de turismos y furgonetas que no sean cero emisiones.

La futura caída en España de la recaudación del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos por la menor venta de los productos derivados del petróleo va a abocar en breve a reabrir el debate sobre la financiación de las infraestructuras, con más fuerza y rigor que hasta ahora y que se propongan sistemas de peajes o tarificaciones generalizados para turismos, furgonetas, camiones y autobuses. El elemento regulatorio en este asunto se va a constituir en una pieza vital en los pasos a dar en el proceso de transición a la descarbonización.

La tarificación del uso de las infraestructuras tradicionalmente enfrenta a sectores variados del mundo del transporte y la movilidad, algunos se sitúan en su contra, y otros respaldan abiertamente su puesta en marcha -como ocurre con las empresas de transporte de mercancías ferroviarias o los constructores de infraestructuras viarias-. La ciudadanía necesitará participar de la toma de decisiones, hará falta mucha explicación y pedagogía para comprender el debate, así como sus argumentos técnicamente complejos. Los poderes públicos y las propuestas de regulación tendrán que abandonar los despachos y laboratorios para abrirse a un debate abierto.

Sin duda, este tipo de medidas con fines exógenos al funcionamiento de las actividades del transporte, la movilidad y la logística, tendrían que ser contrapesadas con la valoración de otros factores, en este caso endógenos, que deben ser tenidos en cuenta en relación con la economía y para calibrar bien su repercusión y la incidencia financiera, social y de seguridad jurídica que todo ello produce.

En la reflexión a abordar, los puntos a tratar son muy variados. Entre los más necesarios está aprobar una ley de movilidad (1) que integre y articule todos los aspectos del transporte que determine escenarios progresivos de obligatorio cumplimiento para las empresas con opciones diversas. Sería necesario calendarizar el proceso para una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones. Seguidamente, se debe asegurar una competencia leal en la transición (2) y facilitar así un marco practicable de adaptación de la empresa privada en los ámbitos en que concurre con empresas de titularidad pública. También aplicar tanto el principio de neutralidad tecnológica (3) como de tecnología flexible en el proceso de adaptación.

No hay que dejar de lado la necesidad de reforzar los mecanismos de apoyo financiero (4), complementando el régimen de ayudas directas con medidas en el ámbito de la fiscalidad (incentivos, bonificación de otros tributos, desgravaciones en inversión, entre otros).

Es imprescindible además establecer un marco común en el desarrollo de zonas de bajas emisiones (5) en los ámbitos urbanos y promover la armonización para evitar la fragmentación normativa y la heterogeneidad de requerimientos a las empresas. No hay que perder tiempo para aprobar con la máxima urgencia un plan nacional de estaciones de recarga de vehículos electrificados u de otras energías (6), con el fin de garantizar el suministro y el proceso de transformación iniciado, sin dejar de reforzar los requerimientos formativos (7) del personal de conducción y otros.

Se debe además profundizar jurídicamente (8) en el desarrollo de nuevas fórmulas de uso, disposición y gestión de vehículos y flotas, incentivar la reducción de recorridos ineficientes o en vacío, el uso de vehículos compartidos, renting, gestión de la flota, etc. Parece además necesario un desarrollo más afinado de las etiquetas de los vehículos, así como de los procesos de ITV y de inspecciones en carretera, que incentiven los motores con menores emisiones reales.

La integración de la cadena de valor (9) es otra asignatura pendiente que se debe llevar a cabo con un proceso colaborativo con los fabricantes de vehículos y los proveedores de energía destinada a la movilidad, para pasar de simples clientes a agentes colaboradores en la transformación, alineando acciones. Por último, (10) habilitar un espacio permanente y accesible de información a las empresas, desde la máxima neutralidad, en el que puedan recogerse las innovaciones, alternativas, ayudas, estado del arte y ritmos de la transformación.