La liberalización de la torres de control enfrenta al sector aéreo

La propuesta de liberalización de la segunda fase de las torres de control, que incluye las torres de Tenerife Sur y Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca, ha generado un debate muy intenso en el sector aéreo. El objetivo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) es mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de control de tráfico aéreo, así como reducir los costes. La apertura a la competencia se espera que fomente la innovación y la mejora continua en la prestación de estos servicios. Desde ALA, se muestra una actitud positiva hacia la propuesta, considerándola una medida muy favorable. Sin embargo, los trabajadores del sector aéreo y los sindicatos están en contra de la liberalización, ya que temen que afecte negativamente a las condiciones laborales y la seguridad de los vuelos. El sindicato Usca se opone frontalmente a lo que denomina privatización, argumentando que no aportará nada beneficioso. En una entrevista para elEconomista Movilidad y Transporte, Pau Mari Sánchez, representante del sindicato Usca, expresó su oposición frontal a la propuesta de liberalización de las torres de control, argumentando que “creemos que no aporta nada beneficioso para nadie”.

La situación resulta como mínimo llamativa, ya que las posiciones son diametralmente opuestas. Entre los partidarios de la liberalización aparece la Asociación de líneas aéreas (ALA) y Aena, quedando este último apoyo patente en las palabras de Maurici Lucena, su presidente y consejero delegado: “La introducción de competencia ha sido una muy buena noticia, ha reducido los costes que se trasladan a las aerolíneas y a los pasajeros”, declaraciones que dio en la presentación de resultados de la compañía de 2022. Por otro lado, desde el sindicato Usca sostienen: “Hay una serie de torres que ya están privatizadas desde hace diez años y todos estos supuestos beneficios no se ven por ninguna parte”, afirman.

Lo citado anteriormente cobra más sentido si atendemos a los datos ofrecidos por ALA, donde se puede observar que el conjunto de los aeropuertos de Aena se ha beneficiado de una reducción acumulada en el periodo 2014-2022 del 13% en dicha tarifa. “Esto es así debido a que cualquier eficiencia de Aena se traslada al conjunto de los aeropuertos, de forma que la liberalización ha impactado positivamente también en los costes de los aeropuertos no liberalizados”, añaden desde la patronal de líneas aéreas.

No obstante, es importante remarcar que este 13% no se corresponde únicamente con las torres ya liberalizadas, sino con todo el conjunto de las mismas, algo que se da en gran parte gracias al hecho de que Enaire tenga las tasas más bajas de toda la Unión Europea. Por esta razón, desde el sindicato Usca no ven la necesidad de este proceso. Pau Mari Sánchez destaca que no está de acuerdo con la privatización de las torres de control, porque considera que Aena es el proveedor más eficiente en la actualidad en comparación con otros países europeos como Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Según él, el gestor aeroportuario tiene las tasas más bajas de Europa y, aun así, sigue generando beneficios, por lo que no es una empresa que cueste dinero al erario público. En este sentido, Sánchez opina que el hipotético ahorro que se esgrime ligado a la privatización no sería más que un desvío de ingresos de una empresa pública hacia unas empresas privadas, que son las que darían el servicio de control, y en última instancia, también en los fondos de inversión, que controlan el 49% de Aena y que quieren repartirse los beneficios de la compañía.

Este extremo se desmiente desde la compañía pública y desde ALA, que defienden que la liberalización lo único que hace es repercutir en una bajada de las tasas y, por tanto, en una caída de los precios de los billetes. Por otra parte, aseguran que la liberalización no supondrá duplicidades que trasladen el ahorro ocasionado por la liberalización del servicio de torre a los servicios de aproximación. Alegan que son tasas distintas y, por tanto, no debe afectar. “Si se privatiza, lo que se privatiza es únicamente el servicio de control de aeródromo, con lo cual ahí estás introduciendo una ineficiencia brutal, porque vas a tener que duplicar dependencias, ya que el servicio de control de aproximación lo tienes que seguir pagando por los contratos de Enaire”, rebate el portavoz de USCA.

Pero, sin duda, el punto de mayor fricción que se está encontrando este proceso son los efectos en las condiciones laborales y una posible precarización de la situación de los controladores aéreos de las empresas privadas en las torres ya liberalizadas. Desde Usca se quejan del momento que atraviesan algunos de estos empleados. “No hay ningún controlador europeo que tenga peores condiciones que los controladores privados en España. Para ganar los concursos de estas torres, las empresas privadas hacen ofertas temerarias a la baja, lo que se traduce en plantillas escasas y descansos reducidos al máximo”, dice. El sindicato también ha denunciado que en ocasiones, durante los tiempos de descanso de los controladores, se les obliga a realizar tareas administrativas y que la empresa privada puede presionar a sus trabajadores para tomar decisiones en las que la seguridad no sea la principal prioridad.

Estos hechos han sido denunciados ante AESA. Por otro lado, el portavoz del sindicato afirmó que “se han llegado a despedir cinco controladores en la empresa privada porque tomaron decisiones en las que el controlador ponía por delante la seguridad en contra del criterio de la empresa. “Todos estos despidos luego se han demostrado, se han ganado y eran improcedentes”, dice al respecto.

Por último, uno de los puntos importantes que destacan las alegaciones presentadas por ALA es la inclusión de Enaire en los futuros concursos públicos que se puedan convocar a raíz de esta nueva liberalización. Asimismo, la asociación de líneas aéreas aboga por liberalizar los servicios de aproximación en un futuro, como han sugerido otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en un informe elaborado hace más de cuatro años.