El poder de los datos que nadie quiere ceder ni compartir ante rivales y aliados
El tema se debate en Bruselas y no ha saltado de lleno a la agenda de las compañías. Pero la iniciativa Servicios de Movilidad Digital Multimodal (MDMS, en inglés) promete dar quebraderos de cabeza a plataformas digitales y a grandes operadores de transporte, principalmente el ferroviario. Bajo la iniciativa para que ciudades y gobiernos locales puedan promover y gestionar el uso de vehículos compartidos y otros servicios de movilidad en su área metropolitana, Europa trabaja en una normativa que se definirá previsiblemente este verano.
Las bondades ya han sido publicitadas: reducir la congestión del tráfico y promover el acceso a una amplia gama de opciones de transporte sostenible y multimodal para los residentes y visitantes de la ciudad. Pero no todo podrían ser buenas noticias. Al menos, para las empresas, que quieren una normativa laxa que no comprometa su información comercial más preciada.
La cesión de los datos por parte de las compañías a plataformas digitales que no son de su propiedad acaparan las sospechas, que se transforman en miedos al generar la sensación de que se perderá poder sobre sus datos. No hay que perder de vista la información que deberán compartir las compañías, desde la ubicación y el estado de los vehículos, hasta información del usuario (nombre, la dirección y la información de pago, entre otros).
Bruselas quiere calmar los ánimos. Considera que la venta multimodal de billetes hasta ahora ha sido un desastre en Europa y necesita de su intervención para crear las condiciones necesarias que permitan a un usuario comprar un mismo billete de autobús, tren y avión de manera combinada y en cómodos pasos. Justifica su iniciativa en la necesidad de integrar mejor el transporte público y los servicios ferroviarios, principalmente, para lograr un transporte de pasajeros multimodal fluido, contribuyendo a la vez con el Pacto Verde Europeo.
En elEconomista Movilidad y Transporte hemos dedicado la edición de abril a profundizar en este nuevo marco normativo que traerá Bruselas, preguntando sobre las incógnitas a despejar a los principales implicados y potenciales afectados por la decisión de la Dirección General de Transportes (DG Move) de la Comisión Europea.
Aunque no hay un calendario definido, la decisión final llegará en pocos meses, habida cuenta del tiempo que Bruselas lleva trabajando. Habilitó el primer plazo para enviar comentarios en 2021 y posteriormente la normativa se abrió a consulta pública, donde las organizaciones españolas enviaron 17 diagnósticos, siendo el sexto país con más participación de toda la Unión Europea.