Un paso atrás para la movilidad urbana española
La movilidad urbana del futuro está a la vuelta de la esquina. Conseguir un ecosistema que sea eficiente, en el que las personas estén en el centro de la ecuación y la tecnología contribuya a satisfacer las necesidades de movilidad que tiene la ciudadanía mientras se es responsable con el ambiente y la transición energética, es la tendencia y una imperiosa necesidad compartida por operadores y reguladores.
Ante la revolución que vive el transporte urbano, donde la oferta se ha transformado en más sostenible y personalizada, han surgido nuevas alternativas de movilidad públicas y privadas que se ajustan a las demandas de los ciudadanos. Estas nuevas opciones de movilidad precisan regulaciones inteligentes y proporcionales, que confieran seguridad jurídica y aseguren la sostenibilidad económica de todos los operadores.
Ahora que el plazo compensatorio de cuatro años recogido en el Real Decreto Ley 13/2018, aprobado en septiembre de 2018, llega a su fin, el sector VTC se ve amenazado. La profunda inseguridad jurídica que asedia a este ramo trae consigo la puesta en juego de un enorme interés económico y social. En primer lugar, afecta el empleo de casi 62.000 personas que trabajan en este ámbito de manera directa e indirecta y, en segundo lugar, compromete 2.500 millones de euros en ingresos públicos. Hay que tener en cuenta que el 80% de los propietarios de VTCs son PYMES o autónomos y colaboran principalmente con Bolt, única plataforma que trabaja con VTCs que no tiene flota propia.
Además de las familias afectadas por esta situación, quienes se verán directamente perjudicados serán los usuarios. El uso de apps para la contratación de servicios de transporte privados, presentes en los móviles de la mayoría de los habitantes, está profundamente arraigado en la sociedad. En 2021, el análisis del Observatorio de Movilidad Urbana en España revelaba que los usuarios de servicios digitales utilizaban las aplicaciones para la contratación de VTC “on the go”, es decir, como la primera opción al momento de tomar la decisión de desplazarse de un lugar a otro sin planificación previa.
La desaparición del servicio afectará a los más de 8 millones de usuarios del sector de las VTC en España. Esto tendría como consecuencia el incremento de los precios para los trayectos, mayores tiempos de espera, un aumento en el uso del vehículo privado y un deterioro en la calidad de los servicios debido a la desaparición de la competencia. En los últimos años, se ha puesto el foco sobre el transporte urbano en asuntos globales como la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Al ser considerado como uno de los mayores focos de contaminación, desde hace un tiempo este sector se ha visto en la necesidad de plantear alternativas para el futuro que apuestan por una nueva movilidad urbana más sostenible. El incremento del uso de vehículos privados implicaría dar un paso atrás en materia de sostenibilidad.
Una movilidad urbana avanzada y eficiente requiere de un continuo análisis de las necesidades de los ciudadanos. Si se quiere conseguir ciudades más ecológicas, inteligentes y asequibles, que vayan de acuerdo con las recomendaciones y la normativa de la UE, es necesario alcanzar una competencia leal y la cohabitación de los nuevos operadores con los tradicionales.
España es un caso único en Europa al optar por restringir las VTCs para proteger al sector del Taxi, cuando lo lógico, y recomendado por la UE, es lo contrario: hacer más competitivo al Taxi para que junto a las VTCs sitúen a los ciudadanos en primer lugar y así conseguir una oferta competitiva multimodal que incentive al usuario a dejar su coche en casa. Además, una restricción injustificada de las VTC perjudica no sólo el derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios, como se encuentra contemplado en el tratado fundacional de la UE, sino toda la oferta de movilidad en las ciudades, con un impacto directo en la asequibilidad y la accesibilidad. El objetivo final debería ser el de integrar los servicios de transporte urbano de personas en un ecosistema de movilidad urbana que englobe desde el transporte público, los servicios de VTC, hasta el uso compartido de bicicletas, patinetes y otros vehículos, afianzando de esta manera un sistema multimodal que incorpore todas las alternativas de movilidad urbana existentes.
El único camino a seguir debería ser la creación de una normativa que se alinee con el interés general y siga los principios de una regulación eficiente que defina un sistema flexible en cuanto al número de operadores y libertad de precios, en especial en el segmento on demand, en el transporte urbanos de pasajeros en vehículo de turismo, incluyendo tanto a taxis como VTC. Reglamentar en contra de esto es ir en contra del futuro de la movilidad y en contra de la libertad de los ciudadanos de desplazarse de ese modo. Derechos que otros mercados más abiertos han sabido otorgar a sus ciudadanos.
Es importante precisar que los españoles están a favor de la convivencia de ambas actividades. De acuerdo con un sondeo de Metroscopia más de un 60% de la ciudadanía se posiciona a favor de la competencia entre taxis y VTC. Mejorar las condiciones profesionales de ambas ocupaciones, fomentar la multimodalidad y generar empleo está en el interés de la mayoría.
Después de todo, estamos hablando de personas. El vencimiento del plazo compensatorio, que además no ha tenido en cuenta el impacto del Covid-19 para el sector, afectará la vida de miles de familias y millones de usuarios. Estamos viviendo una resistencia a la adaptación de nuevas estructuras y modelos de movilidad urbana por parte de los reguladores autonómicos, excepto en casos como el de Madrid, cuando la actuación de las autoridades en materia de transporte es crucial para impulsar la innovación y adaptación de las nuevas formas de movilidad.
En definitiva, no podemos abordar los nuevos retos de la movilidad urbana del futuro con las propuestas de antaño. Está en juego no sólo la libertad de millones de personas a desplazarse de manera sostenible y segura, sino el futuro de las miles de familias que dependen del sector.
Sabemos que nuestros decisores públicos son conscientes de ello y, por eso, confiamos en que España no dé un paso atrás. Estamos a tiempo de que, antes del 30 de septiembre, nuestro país vuelva a la senda europea y deje de ser la excepción en nuestro continente.