El taxi, dividido ante la VTC: “El enemigo” o “ganar un 40% más”

El fin del periodo transitorio del Decreto Ábalos ha dejado una legislación completamente diferenciada entre CCAA, pero estos cuatro años han servido para cambiar el sector.

Con la proliferación en las ciudades de los VTC (vehículos de alquiler con conductor) en 2018, el Gobierno se vio obligado aprobar un decreto para regular la convivencia entre este tipo de vehículos y los clásicos taxis. Cuatro años han pasado desde entonces, el plazo que, hasta el pasado 1 de octubre, constituía una prórroga en la cual las comunidades autónomas debían regular esta actividad. Unas, las que más coches VTC tienen, lo han hecho; otras, las que menos, no. Pero en estos cuatro años el sector ha cambiado por completo y lo que para algunos taxistas era una amenaza a su trabajo, hoy se ha convertido en un complemento que les permite ganar más, mientras que otros siguen viendo a los coches VTC y las plataformas que permiten contratarlos como “el enemigo”. Y es que el taxi está dividido.

Por un lado, se encuentran los defensores de diferenciar por completo el taxi de plataformas como Uber, Cabify o Bolt, las tres principales que operan en nuestro país. Por otro, están los taxistas que trabajan con plataformas de transporte de pasajeros con conductor, que defienden que esta integración es positiva. elEconomista Movilidad y Transporte ha hablado con las dos partes para conocer sus pareceres.

Un taxista integrado en la plataforma de Uber está convencido que es algo positivo: “Yo creo que más de la mitad de los taxistas trabajamos con Uber. Se gana entre un 30% y un 40% más”, añade. En cambio, la Federación madrileña del taxi considera una traición que haya taxistas que trabajen con las plataformas de VTC. “Los taxistas que trabajan con VTC son casos puntuales. Está claro que somos muchos y hay taxistas que optan por dar ese servicio al enemigo”, declara Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y España.

Pero, ¿Cómo son las regulaciones en cada comunidad autónoma y cómo afecta esto al taxi? Madrid fue la primera en legislar al respecto y ha apostado de forma evidente por los VTC, manteniendo toda la flota ya existente de este tipo de transporte, pero no dando más licencias hasta que se reduzca el número de los mismos a la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis. “La Comunidad de Madrid entendió que no tenía ninguna razón para prohibir la actividad de todo un sector que ofrece transporte y respuesta a las necesidades de movilidad de los madrileños. El taxi y el VTC han convivido durante años en Madrid y consideramos que el decreto Ábalos era una norma completamente fuera de lugar”, afirma Carlos Díaz-Pache viceconsejero de transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en una entrevista para elEconomista Movilidad y Transporte.

A través de la nueva norma se ha elaborado un reglamento por el que se indican las condiciones en las que se tiene que dar este servicio y se establece que, las flotas de los vehículos de arrendamiento con conductor tengan un 5% de ella adaptada para personas con movilidad reducida, los conductores tienen que contar con un carné de conducir con un mínimo de un año de antigüedad y deberán pasar un examen para poder ejercer. Además, los vehículos tienen que ser ecológicos o cero emisiones. También se obliga a los VTC a tener atención telefónica. Del mismo modo, se establecen penalizaciones por rechazar un servicio y evita fijar una horquilla mínima de tiempo para la precontratación, como sí han hecho en otras comunidades autónomas.

De forma paralela, y en lo relativo a los taxis, en la Comunidad de Madrid se ha establecido una liberalización de horarios por lo que los taxistas podrían trabajar las horas que quieran al día. Desde la Federación del taxi de Madrid consideran la ley apodada Uber “una chapuza normativa que pretende habilitar una autorización de carácter nacional para prestar servicios urbanos, ya que el término habilitar, como tal entendemos, se escapa de sus competencias y puede crear un claro conflicto de anticonstitucionalidad”, señala Sanz.

Cataluña

Por el contrario, la Generalitat de Cataluña apuesta por allanar el terreno al taxi endureciendo las medidas a plataformas como Uber o Bolt. “Los VTC que estaban operando si ponen vehículos que midan 4,9 metros pueden continuar operando”, declara Marce Rius, directora general de Transporte y Movilidad de la Generalitat. En este sentido, Bolt para lograr llegar a las medidas establecidas por la ley ha introducido un injerto en el paragolpes trasero de los coches. Además de esta peculiar norma, el Gobierno catalán establece la obligatoriedad de realizar una precontratación con un mínimo de 15 minutos de antelación, pudiéndose enfrentar a multas de entre 2.000 y 6.000. Por otro lado, todos los vehículos de VTC que operen en Barcelona deberán contar con una etiqueta eco o cero de la DGT. Otro requisito que tienen que cumplir estas empresas en Cataluña es contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta los 50 millones de euros.

Desde la Federación Profesional del Taxi valoran mejor las medidas tomadas por la Generalitat. “Entiendo que, en este caso, sin ser el 100% de lo que solicitaban los compañeros, sí se acerca un poco. Entiendo que el Gobierno de la Generalitat sí ha tenido un gesto con el sector del taxi, y creo que va a ser posible la convivencia de estas dos modalidades de transporte”, apunta Julio Sanz.

Andalucía

Por último, el decreto andaluz establece la obligatoriedad de la pre contratación de los VTC por al menos 15 minutos de diferencia desde el momento en el que se pide el vehículo con conductor hasta la recogida. También será imposible geolocalizar los vehículos si no se ha realizado antes la contratación. Si el cliente lo contrata sí podrá ver la ubicación del coche en tiempo real. Pero hay más. Prohíbe a los VTC circular a menos de 300 metros de los aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren y estaciones de autobús. Esta distancia se reduce a 150 metros si se trata de paradas de taxis, teatros, estadios, hospitales, hoteles de cuatro o cinco estrellas, y grandes superficies comerciales con más de 500 plazas de aparcamiento. También introduce que los coches no pueden llevar publicidad.