El nuevo impuesto al plástico pone en jaque a Aecoc y Anfac

Patronales de todos los sectores advierten al Gobierno de las consecuencias de imponer el nuevo impuesto al plástico previsto para el próximo año. Y entre ellas, las más relevantes, son las de Aecoc -patronal de los cargadores- y Anfac, los fabricantes de automóviles. En total, 15 patronales que representan a más de 40.000 empresas del sector del motor, la alimentación, la distribución, la química, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico, han puesto el grito en el cielo.

El gravamen establece una tasa de 45 céntimos por kilogramo de plástico de un solo uso y se sumará a la larga lista de los beneficios caídos del cielo que recibe el Estado por la vía tributaria. Según el estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), a nivel económico supondrá unos ingresos de alrededor de 2.000 millones de euros anuales para Hacienda, con un especial impacto en la industria alimentaria.

El origen de este impuesto reside en Bruselas, cuando en 2020 se creó una categoría de recursos propios de la UE basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plásticos no reciclados. Desde 2021, cada país debe pagar 80 céntimos por kilo de residuo al que no le dé una segunda vida.

La misiva remitida a la ministra de Hacienda está firmada por Anfac, la patronal de los fabricantes de automoción; varias organizaciones de la distribución y la industria alimentaria -Aecoc, Aces, Anged, Asedas Fiab y Cooperativas Agroalimentarias-; la patronal de la industria química, Feique; la asociación de perfumería Stampa; la de los detergentes y productos de limpieza, Adelma y todas las representantes de la industria de los plásticos: EsPlásticos, Aimplas, Cicloplast, Plastics Europe y la Asociación Española de Industrias del Plástico (Anaip).

Los firmantes advierten en la carta a Montero de que “la introducción de una nueva carga fiscal a un sector sometido a grandes presiones y exigencias normativas no resultaría beneficiosa en estos momentos, sino todo lo contrario, contribuyendo al alza inflacionista”. Todo ello además, según dicen, cuando “las previsiones apuntan a que el contexto económico se mantendrá adverso en los próximos meses” y se augura “un futuro incierto y desfavorable”.

En la carta, las patronales recuerdan, de hecho, que “el Banco Central Europeo advierte del riesgo de estancamiento de la economía con incrementos elevados y sostenidos de los precios y de recesión en la eurozona”, una situación que el impuesto podría agravar. El objetivo de estas organizaciones no es, en cualquier caso, la retirada del impuesto, sino un aplazamiento del mismo. Así, y tras denunciar que siguen quedando muchas dudas y aspectos clave por resolver, con un efecto directo en la aplicación del tributo, insisten en que se considere “retrasar la entrada en vigor del impuesto al menos hasta el 1 de enero de 2024”.

En opinión de los sectores afectados, esto permitiría dar algo de margen para aclarar las cuestiones prácticas pendientes y supondría “un respiro a las empresas y ciudadanos de nuestro país, garantizando la necesaria certidumbre jurídica para el buen funcionamiento del impuesto”. El presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell, ya adelantaba en un foro reciente organizado por ABC que “el impuesto impactará inevitablemente en el precio final de los productos que se venden en paquetes pequeños y subirán hasta un 7%”.