Transportes premiará en los contratos de autobús a los vehículos verdes

Las nuevas concesiones se reducirán en número y en paradas y pretenden conseguir que estas conexiones se releguen a lo estrictamente necesario, recortando tiempos y abogando por la sostenibilidad del transporte, tanto medioambiental como económico

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con Raquel Sánchez a la cabeza, sigue avanzando en el nuevo mapa concesional de autobús y sienta las bases para los que serán los futuros pliegos de los 22 contratos, uno para cada uno de los corredores en los que se dividirá la península. En los mismos, tal y como confirman a elEconomista.es fuentes conocedoras de este proceso, se premiará a aquellas empresas que cuenten con vehículos de bajas o cero emisiones para su operativa.

La cartera que encabeza Raquel Sánchez se encuentra inmersa, según las mismas fuentes, en una ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para debatir sobre el esquema que imperará en cada uno de los territorios. Lo que sí está claro desde el primer momento es que el Estado no financiará ninguna ruta que esté en el mapa estatal como pedía Confebus. Por el contrario, entiende que un número de conexiones que actualmente forman parte de esta estructura y no tienen cabida en la nueva deben pasar a manos de las diferentes regiones, por lo que traspasará una parte del presupuesto aún por cuantificar.

Las nuevas licitaciones se realizarán de forma individual por cada uno de los corredores y para un plazo de diez años, máximo que permite la norma de contratación del sector público. Este servicio se adjudicará en exclusiva a un operador que podrá decidir cuántas conexiones realiza dentro del mismo corredor, si bien se fijarán tarifas de forma anual y se exigirá un número de frecuencias mínimo. En cambio, más allá de este sistema concesional, el Consejo de Ministros puede determinar que en determinadas rutas haya libre competencia previa solicitud por parte de los operadores.

Entre las características principales de este esquema destacan que los puntos de parada se situarán en capitales de provincia o poblaciones principales de forma general y con facilidad de horarios y ubicaciones para la intermodalidad.

Para poner en marcha este sistema, el ministerio se da, a través de la Ley de Movilidad que está en periodo de alegaciones, un plazo de un año desde que esta norma reciba el visto bueno. A partir de entonces, habrá un nuevo plazo de dos años para adjudicar las 22 concesiones estatales, si bien el objetivo, según indican las mismas fuentes, es que este procedimiento se acelere.

Solo 25 de 79 contratos actuales son rentables

El sistema actual, calificado de obsoleto, tiene 44 contratos caducados y siete anulados judicialmente. Además, de los 79 contratos actuales, solo 25 son rentables, según datos del propio ministerio. Esto justifica, según fuentes de la cartera, el cambio en el mapa concesional que también apoyan desde el sector.

“Pasamos a 22 corredores desde los 77 actuales”, señalan, que justifican que “esto facilita el control sobre los corredores”. Además, en este momento hay 966 rutas, que se reducirán a partir de 2024, cuando se espera que se apruebe este nuevo mapa, y pasará a haber 510. Se reduce del mismo modo el número de municipios con parada y el número de paradas por cada ruta, que pasa de 12,8 a 6 de media.

En otro orden de cosas, Transportes ha calculado que la tarifa media del autobús descenderá un 30%, porcentaje que se puede incrementar en función de los contratos de las concesiones, admiten, si bien dependerá de los precios que haya entonces.

Polémica reducción de paradas

Ante esta reducción de rutas y paradas, la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio, María José Rallo, transmitió un mensaje de tranquilidad y dejó claro que “ningún ciudadano se va a quedar sin autobús y el Estado no va a suprimir estos servicios. Estamos en un proceso de rediseño de todo el mapa concesional de los servicios en autobús que requieren un trabajo conjunto de colaboración con las Comunidades Autónomas”.

Rallo añadió que “el documento inicial que se ha compartido con las Comunidades Autónomas es una primera versión, por lo que no se puede dar a entender que los ciudadanos se van a quedar sin servicio”. De hecho, confirmó que “el objetivo es el contrario: que, con el trabajo conjunto de las diferentes Administraciones, el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos”. Uno de los puntos claves para conseguirlo será la digitalización de la que se dispone y la interconexión de las distintas redes de transporte, a través de los nodos de intercambio que faciliten al ciudadano el acceso sencillo y homogéneo a la oferta global de transporte, mejorando sus posibilidades de movilidad.