Las aseguradoras asfixian a los servicios de auxilio en carretera
El actual mercado de la asistencia en viaje lo crearon las compañías aseguradoras al abaratar y popularizar los precios de sus pólizas dentro del ramo correspondiente. Las plataformas de asistencia intermediarias entre aquellas y las empresas de auxilio, en beneficio de los usuarios, crecieron al amparo de la proliferación de los servicios de grúa, y las empresas especializadas en auxilio surgieron aprovechando la multiplicación del parque móvil español.
Los márgenes comerciales de toda la cadena de valor en el mercado de la asistencia los marcan las compañías aseguradoras, condicionando las comisiones de intermediación y los precios de los servicios de auxilio en carretera, tanto de grúas como coches taller. Son precisamente estos servicios los que quedan más ajustados en sus tarifas por el escaso poder de negociación que las empresas de auxilio presentan frente a los eslabones superiores de la citada cadena. Lo cierto es que resultan muy vulnerables y débiles ante las condiciones que aseguradoras e intermediarios han decidido unilateralmente para ellas. De hecho, la gran mayoría, no han logrado revisar al alza sus tarifas desde el año 2005, con diferenciales en torno al -40%.
Como subsector del transporte de mercancías, se encuentra sujeto a una estricta regulación comunitaria y una fuerte intervención administrativa, presuntas garantes de cierta protección económica cuando el sector se enfrenta a alguna crisis, principalmente, en las recurrentes por el aumento de precio de los carburantes.
En el actual escenario de subida de los precios de todos los insumos, en especial los carburantes, al que añadir incrementos de las cargas sociales y fiscales, falta de mano de obra e inestabilidad económica, se pone en marcha la tormenta perfecta para quienes ya iban bastantes justos de todo.
Así, en estos momentos, según datos de la organización sectorial Alianza de Auxilio en Carretera, un 63% de las empresas de auxilio se declaran en pérdidas. La simple negativa de aseguradoras y plataformas de asistencia a indexar los incrementos de precio de los carburantes a las tarifas ha supuesto una puntilla a las raquíticas cuentas de resultados de las casi 2.000 pymes y autónomos que constituyen el sector.
La situación se torna incluso más sangrante cuando en el primer semestre del año el sector de seguros ha anunciado beneficios del 9,3%, superiores a los 2.660 millones de euros, mientras que las condiciones y precios de los servicios de auxilio llevan petrificados más de tres lustros.
Ante este duro panorama los gruistas han instado al diálogo -insistentemente durante los últimos cinco meses-, a quien son sus clientes y a la vez organizadores económicos de la cadena de valor del auxilio en carretera, es decir, las compañías aseguradoras, las plataformas de asistencia y los clubes automovilísticos. Prolijas reuniones han servido para acercar posturas sobre el análisis de las posibles soluciones al problema de una distribución equitativa de márgenes comerciales, pero no han llegado a fructificar en consensos sobre los que sustentar una mejora de la sostenibilidad y viabilidad económica de la red de empresas prestatarias del auxilio en carretera.
Los motivos de la frustrante situación de bloqueo no son otros que la contumaz imposición de precios por las aseguradoras en los servicios urbanos, de reparaciones in situ o rescates en carretera, en cuantías fijadas con relación a sus propios márgenes (inamovibles) y no a la realidad del mercado, que no llegan a cubrir ni de lejos los costes empresariales necesarios para su ejecución, entre ellos, el carburante. También otras condiciones que se imponen por los intermediarios para priorizar intereses comerciales a los de la Seguridad Vial y otras que suponen una intromisión intolerable en la gestión interna de las empresas de auxilio.
A la vista de los boyantes resultados económicos de las aseguradoras, estas negativas no tienen tanto que ver con la posible adecuación en origen del valor de las pólizas de los usuarios del servicio para, desde ahí, proceder en cascada a sanear el mercado, sino que parecen constituir un modo de operar supremacista y ajeno a la realidad circundante, con desprecio de todo interés vital de quienes finalmente ejecutan los servicios a los asegurados.
Además, en su descarada preeminencia, las compañías aseguradoras eluden sin reparo la aplicación de los dos últimos decretos-ley aprobados, precisamente, tanto para evitar la explotación de recursos por debajo de su coste como para obligar a la indexación de los precios de los carburantes en las tarifas, y a no soportar gratuitamente las arriesgadas operaciones de carga y descarga de vehículos.
Esta elusión legal, así como la ausencia de compromiso para la aplicación de soluciones prácticas, ha elevado la tensión del conflicto entre ambas partes e intereses hasta el punto de que las empresas de auxilio en carretera han dado por rota la mesa de diálogo, y, han convocado movilizaciones con marchas lentas en varias capitales (Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, etc.) sin descartar incluso realizar paros parciales, para protestar contra los abusos de las compañías aseguradoras en dicha imposición de precios y condiciones de servicio, que podrían alcanzar por completo a algunas regiones y aumentar en intensidad durante 2023, si el conflicto se enquistase.
El peligro más evidente de esta situación es que el estrangulamiento de las empresas de auxilio debilite la red de servicios de asistencia al conductor, sobre todo en las zonas más despobladas, perjudique a la Seguridad Vial, y acabe por convertir en una verdadera aventura sufrir un accidente o avería en la vía pública, degradando el servicio hasta niveles tercermundistas nunca vistos ni conocidos en España. Algo que no deberíamos permitir que ocurra, ni como país, ni como sociedad.