La regulación atropella a los ayuntamientos (y a familias y empresas)
La regulación ha atropellado a los ayuntamientos. Las zonas de bajas emisiones que exige la Ley de Cambio Climático no estáran implantadas en la mayor parte -por no decir casi todos- los municipios de más de 50.000 habitantes el próximo 1 de enero. Algunos se han hecho los perezosos, otros los despistados y los más, culpan de la falta de un real decreto a nivel nacional para desarrollar esta medida. De hecho, solo el 13% de las ciudades obligadas a ello tienen a día de hoy una zona de bajas emisiones activa. Es decir, el 87% de ellas -más de un centenar de estas localidades- no cumplirán con la ley en solo unas semanas.
Pero los que sí lo han hecho, por ejemplo Madrid o Barcelona, y algunas ciudades más pequeñas, ya han empezado a multar a los coches que no cumplen con la norma. ¿Cómo? Las soluciones tecnológicas son muy variadas, desde cámaras a radares... Y algunas comunidades autónomas han decidido, incluso, ir más allá y ya trabajan en normativas propias a nivel regional que obligarán, como en el caso de Cataluña, a establecer este tipo de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 20.000 habitantes para el año 2025 aprovechando la bula que da la norma estatal para ello. Y esa fecha está a la vuelta de la esquina por mucho que ahora todavía nos suene lejana, por lo que se debe empezar a trabajar cuanto antes.
¿Cuáles son las consecuencias de esta medida? Pues depende de cómo se mire. Según Sumauto, de los 11,5 millones de coches que circulan por las ciudades que tendrán la obligación de tener una ZBE en 2023, esta nueva medida dejará fuera (sí o sí) a casi cuatro millones de vehículos, los que no tienen el distintivo de emisiones de la DGT. ¿Se eliminarán de las calles esos cuatro millones de coches? ¿Se forzará a que sus dueños adquieran otros menos contaminantes? Las soluciones son variadas y mientras unos apuestan por el fin del vehículo privado en el centro de las urbes en pro del transporte público y la movilidad compartida, la forma de vida de cada quién puede requerir que se tenga uno de estos coches.
Renovar pongamos dos de los cuatro millones de vehículos no es tarea sencilla en un momento como el actual. Más allá de las limitaciones económicas individuales derivadas de la crisis inflacionista, la crisis de suministros y de componentes electrónicos ha hecho que se ralenticen sobre manera las entregas de los nuevos vehículos durante varios meses. Y es que la regulación no solo ha atropellado a los ayuntamientos que todavía no han puesto en marcha las medidas, también ha hecho lo mismo con todo tipo de consumidores (tanto familias como empresas) que se quedan en el limbo de la movilidad sostenible.