El transporte recibirá ayudas hasta junio pero el verano se queda en el aire

La situación bélica en Ucrania ha añadido nuevas consecuencias negativas en todos los órdenes económicos, agravando la situación que se venía registrando en la escalada de precios de los combustibles y energía eléctrica en Europa desde el último trimestre del año pasado. Esto ha obligado a aprobar medidas de ayuda para el sector del transporte que, por ahora, estarán vigentes hasta marzo pero dejan en el aire lo que pasará en verano si la situación de alza de los precios persiste.

El 2021 ya se cerró con un alza tanto del gasóleo y gasolina, como de la electricidad, precios que en los primeros meses de este año han continuado su evolución al alza, situando el litro, de gasóleo, combustible más empleado por el transporte por carretera de mercancías y pasajeros, y en ciudad, por encima del 30%, superando, en algunos días, los 2 euros por litro, con un coste medio hasta marzo de 163,30 euros por litro. Y en el caso de la energía eléctrica, fundamental para el transporte del ferrocarril, se ha disparado por encima de los 284 euros por megavatio/hora, e incluso ha habido días, como por ejemplo el 8 de marzo que se llegó a un récord de 700 euros por megavatio/hora.

Ante la situación, y las reclamaciones por parte de los sectores del transporte en todos sus ámbitos, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo de aplicación de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, donde se contemplan diversas actuaciones, tanto económicas como sociales, con una especial dedicación a algunos de los elementos correspondientes al transporte terrestre y marítimo. Aunque las medidas aprobadas tan sólo contemplan el periodo abril-junio, dejando abierto el verano a la espera de acontecimientos en el conflicto bélico, lo que preocupa a las empresas de transporte que demandan soluciones a año completo.

En el ámbito del transporte y del aumento del precio del combustible (gasóleo y gas), el Gobierno apuesta por una subvención y ayudas directas, que superan 1.100 millones, lo que representa el 0,1% del PIB del país. Esta cantidad se reparte en 450 millones de ayuda directa para empresas del transporte por carretera de mercancías y pasajeros, y de 600 millones en bonificaciones al coste de combustible.

En el caso de las ayudas directas, se contemplan, por vehículo, 1.250 euros para los camiones, 950 para autobuses y autocares; 300 para taxis y VTC; y 500 para servicios sanitarios y furgonetas. El límite por empresa se sitúa en los 400.000 euros.

Y en lo que se refiere a las subvenciones por el precio del litro o kilo de combustible, se ha aprobado una rebaja de 20 céntimos, de los que 15 los soportará el presupuesto público, y 5 los operadores petrolíferos.

Esta medida es similar a las que se están dando en otros países europeos, como es el caso de Alemania, que oscila entre 15 y 40 céntimos; o Francia, de 15 a 30; Italia, 25 céntimos, o Portugal que se va hasta los 40 céntimos.

Otros países han adoptado las medidas de reducir los impuestos sobre los carburantes e inclusos hacerlos desaparecer temporalmente, o bien dotar con partidas apoyos a la población más vulnerable. Por ejemplo, ese es el caso de Suecia o de los otros países escandinavos; o el de Polonia que ha rebajado el IVA de aplicación a los carburantes desde el 23% al 8%. En el caso de España, el Gobierno ha decidido no tocar los impuestos y ha renunciado a llevar a cabo cualquier descenso en el gravamen que tienen los combustibles.

En cuanto a otros tipos de transportes, se fija también una cantidad de ayuda en el combustible del ferrocarril, pero sólo en el referido a las mercancías, con un monto de 1.815.000 euros para las empresas con locomotoras de tracción diésel. Cada unidad recibirá 15.000 euros de ayuda y el total de la misma no podrá superar los 400.000 euros.

El transporte marítimo contempla la posible aplicación de bonificaciones de las Autoridades Portuarias a las navieras, tanto en el tráfico de mercancías, como en el de pasajeros; así como la reducción del tráfico mínimo que se exige en cada puerto. Y una especial atención a los servicios que unen la Península con los archipiélagos balear y canario.

Sin embargo, hay dos servicios que han sido olvidados en el decreto de ayudas y subvenciones del Gobierno.

Por una parte los trenes de viajeros, caso de la alta velocidad, que no percibe ningún tipo de consideración en esta situación, y que ha visto incrementado su coste energético por el precio de la electricidad. Hay que considerar que un tren AVE que une Madrid con Barcelona a una velocidad comercial de 300 kilómetros a la hora consume 11.400 kilowatios por hora, y lo que hace unos meses suponía entre un 12% y un 15% del coste total, ahora se ha quintuplicado, subiendo de una media de 60 euros por megavatio a 300 euros, con picos que alcanzan los 700.

Y por otro lado, parece que para el Gobierno la aviación comercial y de carga no existe, dado que no hay ni una referencia a este tipo de transporte en el texto publicado el pasado 30 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), organización líder del sector en España con el 85% del tráfico aéreo en nuestro país, ha mostrado su disconformidad y descontento al estar excluido de las medidas anticrisis contenidas en el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra de Ucrania, pese a que también está soportando las consecuencias del conflicto bélico. En este sentido, el presidente de ALA, Javier Gándara, ha lamentado que el Ejecutivo haya dejado fuera de este plan anticrisis a un sector tan estratégico como el aéreo, que transporta a más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan. Un sector que no escapa de las consecuencias de esta guerra, y que también está soportando el alza del precio del combustible, además de una subida desbocada del IPC de hasta el 9,8% en marzo.