Ayuda de 950 euros por autobús por el aumento del precio del combustible

El Gobierno ha reconocido, en boca de su presidente, Pedro Sánchez, en Sesión de Control en el Congreso de los Diputados, la situación de “dificultades que atraviesa el sector” del transporte por carretera, que, a su juicio, “venían arrastrándose desde el verano de 2012, por el aumento del precio de los carburantes, y ha anunciado la serie de medidas que se contemplan en el Real Decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que en el caso del transporte de viajeros por carretera se centran en diferentes ayudas económicas a tres meses, como 950 euros por autobús, una reducción de 20 céntimos por litro de gasóleo, o la ampliación de los plazos de devolución de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La subvención del precio del combustible de los 20 céntimos es una medida temporal que cubre desde abril hasta el 30 de junio, y corresponden a 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). Con un máximo por empresa de 400.000 euros. En total unas ayudas directas que suponen 450 millones de euros.

Estas soluciones son insuficientes para las diferentes asociaciones representantes de este tipo de transporte, dado que hay casos, como es por ejemplo en el servicio discrecional, que durante la pandemia tuvo un tráfico de pasajeros cero, y que, sin ir más lejos, la demanda, de acuerdo con las cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el mes de enero del presente año, muestra un movimiento de -53% con respecto al mismo periodo de 2019.

Por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), principal representante de las Pymes del transporte discrecional, se considera que la subvención del Gobierno, a tres meses (de abril a junio) solo supone una minoración de 1.850 euros, y que las empresas van a tener que asumir directamente unos 8.150 euros por el aumento del precio del combustible, que en el primer trimestre del año ya lo ha hecho por encima del 27%. Eso supone aumentar el coste de gasto en gasóleo por autocar hasta los 10.000 euros.

Esos costes no se pueden repercutir en los clientes, por lo que realmente lo que se pide es la aplicación de un bono social anual, que pueda paliar esta subida del combustible y las que puedan darse en el futuro, tanto a nivel de vehículos propulsados por gasóleo, como por gas, que también ha experimentado entre enero y marzo un aumento de coste del 115%.

Por su parte, la otra gran patronal del sector del transporte de viajeros por carretera, CONFEBUS, ha elaborado un plan de choque recordando al Gobierno que este tipo de servicio está padeciendo una crisis sin precedentes desde el inicio de la pandemia, y que a día de hoy continúa estando muy afectado, y que cuando comenzaba a recuperarse a finales del año 2021 y comienzo del presente, el precio del combustible y el conflicto bélico en Ucrania, ha vuelto a poner en peligro a las empresas del sector.

Para esta sectorial, la ayuda del Gobierno para los próximos tres meses alcanza los 2.450 euros por autocar, en función de añadir a los 950 euros unitarios, los 450 por tres meses de gasóleo, o los 50 euros de adblue por el mismo periodo. Cantidades que debería ser incrementadas en función de la situación en que se mueve el sector.

Y así, CONFEBUS se suma a la petición de ANETRA de la creación del bono de combustible, e incluso hace una valoración aproximativa de las cifras que deberían darse. Por autocar propulsado por gasóleo sería de 835 euros al mes; que para autobús urbano sea de 670 euros mensuales, y del que se mueve a base de GNC, de 3.280 euros. En conjunto, CONFEBUS presenta un presupuesto anual del orden de casi 622 millones de euros. Para esa ponderación se considera la existencia de 42.272 autobuses interurbanos operando; con gasóleo; 7.500 urbanos; y 3.500 a base de gas.

Esa cifra, que puede ser considera alta a nivel de subvención, contrasta con los más de 6.000 millones de euros que anualmente facturaba el sector antes de la pandemia, dando empleo a unas 95.000 personas.

El pasado 30 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó el Real Decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania., donde se reflejan estas medidas, así como la devolución mensual del impuesto sobre los hidrocarburos, y la aceleración de la devolución del céntimo sanitario