El transporte en autobús perderá 4.000 millones de euros en 2020

Las empresas de los servicios de transporte de pasajeros por carretera, en todas sus variantes, cercanías, media distancia, largo recorrido, especial y discrecional contemplan cerrar el ejercicio del año 2020 con unas pérdidas de facturación superiores a los 4.000 millones de euros, por la incidencia que sobre este tipo de tráfico ha tenido y tiene la crisis sanitaria.

Los rebrotes de la pandemia a partir del final de los meses de verano, y el cierre perimetral de casi todas las Comunidades Autónomas, o las medidas adoptadas en el interior de las principales poblaciones con un confinamiento por zonas, y el impedimento de poder viajar entre ciudades, o entre una y otra región, ha afectado muy directamente a este transporte. El problema se ha agudizado, con especial virulencia, en el discrecional, que basa, prácticamente, su negocio anual, en el turismo, en los espectáculos, festivales, etc., algo que este año ha sido menor o casi nulo, por la caída, sobre todo, de visitantes internacionales, y por la no celebración de congresos, la prohibición de asistencia a encuentros deportivos, o la suspensión de eventos de importancia mundial, como el congreso Mobile World de Barcelona,

La situación no ha hecho más que empeorar en las fiestas navideñas, mientras se mantiene un seudo estado de alarma dictado por cada una de la 17 comunidades, más las dos ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, con una clara restricción de movimientos, y el consejo del Gobierno de no viajar salvo necesidad muy determinante.

Desde la Confederaciín Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) se inició durante el estado de alarma decretado por el Gobierno a mediados del mes de marzo, un análisis pormenorizado de la situación, Barómetro impacto COVID-19: Perspectivas 2021. A través de este estudio realizado con encuestas entre sus asociados se ha ido apuntando cual era la hoja de ruta que se iba trazando a lo largo del año. En su última edición, publicada en diciembre, se apunta a que las pérdidas de las empresas van a superar los 4.000 millones, y que están en riesgo más de 30.000 puestos de trabajo.

También se incide en que las medidas que inicialmente fueron tomadas por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, resultan insuficientes para mantener la supervivencia del empleo y del tejido empresarial, y que se reconozca la importancia que tiene en la cadena de valor añadido que genera en las regiones y poblaciones donde se ubican. Los empresarios no confían en que se produzca una recuperación de la facturación en el 2021, y que sí comience en el 2022,

Desde CONFEBUS, a través de su presidente, Rafael Barbadillo, la petición al Gobierno de un reconocimiento de la labor que desarrolla el transporte en autobús, y la necesidad de ayudas que “preserven el tejido productivo de la movilidad”, ha sido reiterada desde el inicio del estado de alarma, y es una constante a la vista de la situación crítica en que se mueve el sector. Pues bien, parece que esas peticiones han sido escuchadas, al menos en parte, y el Consejo de Ministros del año, celebrado el 22 de diciembre, ha acordado una serie de medidas para garantizar la viabilidad de los servicios dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Preservar el sistema de transporte en bus

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su sesión del 22 de diciembre, a través de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, los términos para llevar a cabo un nuevo reequilibrio económico de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera de competencia estatal, que ha seguido estando alterado, sustancialmente, tras la finalización del estado de alarma, como medida excepcional para garantizar la viabilidad de estos servicios que son esenciales para la movilidad de los ciudadanos.

El transporte regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración General del Estado tiene más de 4.300 paradas, atiende a 2.549 poblaciones de más de 1.917 municipios españoles, transporta alrededor de 30 millones de viajeros, para lo que realiza aproximadamente 233 millones de kilómetros y utiliza más de mil autocares. Esta actividad se lleva a cabo por 49 empresas que facturan alrededor de 350 millones de euros al año

En el documento aprobado por el Gobierno se indica que durante el periodo transcurrido desde la finalización del primer estado de alarma, la demanda de estos servicios fue recuperándose” lentamente2 hasta alcanzar niveles del 50 % respecto a la demanda del mismo periodo del año 2019. Sin embargo, durante “el mes de agosto de 2020 se observó una nueva caída de demanda a niveles del 35-40% respecto al periodo equivalente del año 2019”, y “lejos de repuntar, continuó estancada”. Sobre esta situación, se hace referencia a la nueva declaración de un estado de alarma que ha permitido a las Comunidades Autónomas al cierre perimetral de sus territorios, “restringiendo la movilidad intercomunitaria, que es típica en los contratos de titularidad de la Administración General del Estado, lo que ha supuesto una nueva caída de la demanda”.

Con la serie de medidas que el Gobierno incluye en este Real Decreto-Ley, se quiere preservar el sistema de transporte público, porque se reconoce la “fragilidad económica” a la que se enfrentan las empresas contratistas de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal.

Para ello se establece un procedimiento ágil para reequilibrar económicamente estos contratos y evitar al máximo las cargas administrativas y sociales adicionales que pudiera conllevar, en algunos casos la renuncia contractual y el consecuente abandono del servicio público, incluyendo para ello incluso mecanismos de anticipo de compensación final.

El reequilibrio se determinará teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la disminución de la demanda de viajeros entre el 22 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021, ambos inclusive, todo ello calculado conforme a lo dispuesto en el anexo I de este artículo. Se tendrá en cuenta asimismo la disminución de los costes de explotación por reducción de expediciones, los costes laborales respecto a los soportados en el periodo de referencia, los costes fijos por los kilómetros no recorridos y los nuevos costes soportados con motivo de la desinfección de los vehículos adscritos. El periodo de referencia será el periodo equivalente del año 2019.

Asimismo, el autobús ha quedado incluido en el plan de apoyo del Gobierno al sector turístico, al ser incorporado al Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a este tipo de actividad.