El Gobierno destina 800 millones al transporte público por el Covid-19
El transporte público ha sufrido durante el estado de alarma declarado por el Gobierno para combatir la pandemia originada por el coronavirus, fuertes caídas que en algunos casos se han aproximado al 90% respecto al tráfico normal entre los meses de marzo y junio
Con el fin de compensar los mayores costes que ha tenido que afrontar el transporte público, en todas sus modalidades, tanto urbano como interurbano, el Gobierno ha aprobado destinar 800 millones de euros del Fondo Extraordinario por el Covid-19, de transferencia a las Comunidades Autónomas, y a Ceuta y Melilla, para que se financie el déficit adicional que ha sufrido ese tipo de servicio de financiación y titularidad autonómica.
A través de este fondo se garantiza la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para todos los ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación. De forma, totalmente independiente a esta ayuda, el Consejo de Ministros del día 16 de junio, ha anunciado que se va a trabajar para elaborar los instrumentos aplicables al déficit que se ha producido, igualmente, en el el transporte público competencia de ayuntamientos y entidades locales.
El sentido de estas medidas por parte del Gobierno, corresponde a la situación que la pandemia ha causado en el transporte, y que no ha sido otra que una fuerte disminución de la demanda del servicio, en algunos casos más que caída ha sido un cierre drástico de algunos de estos transportes, y que ha traído como consecuencia un recorte extraordinario de los ingresos dependientes de la venta de billetes, así como los costes extraordinarios causados por las diferentes medidas sanitarias que se han tenido que adoptar desde el 15 de marzo, tales como prevención, limpieza y desinfección de los vehículos. También se considera la limitación de las plazas en los transportes por motivos sanitarios, que en muchos casos han sobrepasado el 50% de la capacidad.
Por otra parte se ha tenido en cuenta que, si bien las mayores incidencias se han producido durante el periodo de vigencia del estado de alarma, la situación derivada de la crisis sanitaria va a lastrar todos los resultados de las diferentes compañías de servicio públicos de transporte a lo largo del resto del año, y que el déficit acumulado entre el 15 de marzo y la primera quincena de junio incida sobre las cuentas de resultados, pese a que se espera que todos los servicio vayan retomando una cierta normalidad y una mayor demanda en los próximos meses.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes de abril, en el primer cuatrimestre del año, el transporte urbano fue utilizado por 684,25 millones de viajeros, un 69,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos 400,4 millones corresponden a pasajeros en autobús, y 283,8 millones a usuarios de los metropolitanos en aquellas ciudades donde funciona este tipo de servicio. En cuanto al transporte interurbano, destaca la caída del 67,7% en el periodo enero-abril, con 304,55 millones de viajeros, considerando autobús, ferrocarril y aéreo, aunque en el Fondo Covid no entra el transporte aéreo, y el servicio ferroviario va por otro procedimiento específico. Sirva por lo tanto aquí simplemente como acotación operativa.
Asimismo, la decisión gubernamental deja claro que el caso de los servicios de competencia estatal o los relacionados con el transporte ferroviario realizado a través del operador Renfe, contarán con procedimienetos y mecanismos diferentes, de aplicación específica.
Los objetivos del denominado Fondo COVID-19, son, pues, garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte que se considera “esencial” para la movilidad ciudadana, así como aliviar la necesidad de liquidez de los operadores y asegurar la viabilidad de las empresas que ofrecen esos servicios.
El reparto, según lo marcado por el Consejo de Ministros, se lleva a cabo mediante criterios homogéneos y objetivos, considerando el impacto presupuestario que ha sufrido cada Comunidad Autónoma en el ámbito del transporte de viajeros, añadiendo al mismo las características que posee cada tipo de servicio que se opera. Será preciso justificar, por parte de las administraciones, sus ingresos por tarificación, así como su oferta. Todo ello con distinción por cada tipo de servicio concreto.