Alzar el vuelo propulsados por la sostenibilidad
La crisis del sector de la aviación comercial ha acaparado los medios a lo largo del año. No obstante, la Covid-19 no supone la mayor amenaza para el sector, en todo caso, no a largo plazo. La verdadera amenaza son los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones que el sector se ha marcado para 2050. Cada vez hay una mayor concienciación sobre el impacto medioambiental de viajar en avión. En 2019, esta industria generó cerca del 2% de los gases de efecto invernadero y, si no se toman medidas para su reducción, se estima que en 2050 esta cifra podría suponer hasta un 20%. La industria se ha fijado ambiciosos objetivos de descarbonización a largo plazo, incluyendo una reducción del 50% de las emisiones netas en 2050, tomando como referencia los niveles de 2005. El ritmo y la ambición de las mejoras que se están introduciendo son insuficientes, y la industria no cuenta todavía con un plan robusto para lograr sus objetivos. Si bien es cierto que la pandemia ha provocado la caída en picado de la demanda, se espera que pasada la pandemia el tráfico aéreo retome su crecimiento, aumentando entre el 1 y el 4% anual hasta 2050, lo que haría sobrepasar el objetivo de emisiones marcado por una brecha de entre 800 y 1.400 millones de toneladas de CO2.
Cada vez son más las nuevas tecnologías que reducen las emisiones, y las regulaciones que exigen una mayor sostenibilidad en las operaciones. Pero estas mejoras no bastan, el sector necesita una transformación en toda su cadena de valor y la acción conjunta de todas las partes involucradas (aerolíneas, fabricantes y proveedores del sector aeroespacial, empresas del sector energético, aeropuertos, reguladores, etc.) para poner a punto su agenda climática. Los avances tecnológicos han desempeñado un papel preponderante en el incremento de eficiencia a lo largo de la historia de la aviación, logrando una reducción de emisiones de más del 57% en los últimos 40 años. Se prevé que esta tendencia continúe a medida que se integran avances a las aeronaves actualmente en servicio, pero desde luego no al ritmo adecuado.
Es por ello que serán necesarias tecnologías que lleven a mayores logros en la reducción de emisiones, y muchas de éstas ya están en desarrollo. El problema es que varía mucho su nivel de madurez y su potencial de descarbonización. Además, no todas las soluciones son compatibles en todas las configuraciones de aeronave. Esto tiene implicaciones para los fabricantes, que se enfrentan al reto de calibrar sus inversiones con un elevado grado de incertidumbre sobre lo que serán los estándares de la aviación en el futuro.
Un ejemplo de estas tecnologías son los motores de rotor abierto, que podrían estar operativos en 2030, reduciendo las emisiones en torno al 20%. Por su parte, los motores híbridos o completamente eléctricos también tienen un alto potencial, pero están en un estado de desarrollo más incipiente y presentan dudas en términos de viabilidad técnica, y además requieren una gran inversión en infraestructura. La propulsión derivada del hidrógeno (ya sea mediante células eléctricas, combustibles sintéticos o propulsión directa) cuenta con el mayor potencial de reducción de emisiones, pero también supone el mayor reto tecnológico y de coordinación de la cadena de valor. Por último, los combustibles de aviación sostenibles (SAF por sus siglas en inglés), están entre las tecnologías más maduras, y permiten generar grandes logros en la reducción de emisiones con los motores existentes. No obstante, su utilización a largo plazo podría verse entorpecida por limitaciones de suministro, y habría que realizar una inversión de 600 mil millones de dólares para que se pudiera adoptar en un 50% en 2050.
El balance adecuado de estas tecnologías es un rompecabezas difícil de resolver, y conlleva riesgos y decisiones comprometidas para las empresas del sector, pero también oportunidades de desarrollo en nuevos segmentos y de mejora del posicionamiento competitivo.
Parte de esta dificultad radica en lo que respecta a la regulación, ya que su impacto hasta la fecha ha sido muy limitado. Los decretos que obligan a utilizar SAF, y algunos mecanismos como los impuestos sobre el carbono o el régimen de comercio de derechos de emisión incrementan los costes operativos de las aerolíneas y, por ende, el precio de los billetes. Esto incentiva a los pasajeros a buscar otros medios de transporte. Sin embargo, en 2019 sólo existían alternativas viables para un 20% de los vuelos, y de éstas sólo una cuarta parte se encontraban en regiones con una alta presión regulatoria. Por ello, no se espera que la regulación como la conocemos tenga un impacto relevante en las emisiones (los cambios inferidos en la demanda derivados de esta regulación supondrían apenas de 250 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2050). Los reguladores deberían alejarse de un enfoque centrado en la penalización de la demanda y crear mayores incentivos para estimular la inversión en I+D, la industrialización de las soluciones y su adopción como estándar del sector.
En este contexto, las empresas del sector tienen dos opciones, permanecer pasivas y ser superadas por la competencia o tomar un enfoque más proactivo y sentar las bases para aprovechar la oportunidad climática en el futuro. La coordinación entre actores será clave, y dada la incertidumbre en la solución, participar activamente en su diseño generará ventajas competitivas para estos actores.
Adicionalmente, no debemos dejar que los esfuerzos de reestructuración que muchas empresas se están viendo forzadas a acometer nos hagan pasar por alto el verdadero problema. Los líderes del sector tendrán que enfrentarse a decisiones difíciles; sin embargo, las iniciativas ligadas a la innovación, desarrollo de tecnologías y soluciones sostenibles no deben comprometerse, pues son la base del futuro de la industria.
En definitiva, no hay una fórmula infalible que garantice la consecución de los objetivos del sector, pero lo que sí está claro es que la única manera de alcanzarlos será invertir en tecnologías disruptivas, que mejoren la eficiencia, y con la colaboración y coordinación activa de todas las partes interesadas para acelerar el proceso.