El transporte público pide medidas urgentes por el desplome de demanda

La demanda del transporte público ha descendido un 90% desde que comenzó el confinamiento por el Covid-19, según las cifras que barajan las diferentes empresas del sector, y se espera que, de tener que extender en el tiempo la situación, el desplome sea aún mayor.

El transporte de viajeros por carretera se ha visto mucho más afectado que el urbano. Ya en febrero con la caída de la demanda en los circuitos turísticos, la cancelación de congresos de importante trascendencia para el país, caso del Mobile World de Barcelona; o la de los viajes de fin de curso, excursiones, viajes en general por el país, el cierre de la actividad docente, y la supresión de los desplazamientos del Imserso, ha llevado a que la demanda de los servicios de transporte de pasajeros haya tenido un desplome que en marzo puede alcanzar más de un 95%. Pese a ello, se recuerda desde las compañías que el transporte de viajeros no ha parado del todo porque es un servicio público que tiene que garantizar la movilidad de las personas que necesitan desplazarse durante el estado de alarma.

Ante ello la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) han firmado un documento por el que reclaman al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se aprueben una serie de medidas urgentes con las que se alivie la situación económica que vive el sector.

A juicio de ambas organizaciones mayoritarias en el servicio de transporte terrestre de pasajeros, la drástica caída de la demanda lleva a las empresas del sector a situarse en unas cifras insostenibles económicas en el medio plazo. Además, se recuerda que el impacto se produce en un momento en el que a los costes fijos hay que sumar la inversión adicional que impone la gestión de la crisis para preservan la salud tanto de trabajadores como de usuarios. Y todo ello se traduce en una inversión extra para preservar el distanciamiento social en infraestructuras y vehículos, como desinfección y limpieza extra de los mismos de forma diaria.

Por todo ello ambas asociaciones reclaman al Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que adopte una serie de medidas excepcionales que eviten el colapso del sistema y la pérdida de un 10% del PIB, además de salvaguardar centenares de miles de empleos directos e indirectos -operadores de transporte público, operadores privados, subcontratistas, nuevos proveedores de movilidad, industria, etc.-, que dependen del sector.

Muchas de estas medidas han sido consensuadas tras el Barómetro realizado por Confebus sobre el impacto del Covid-19 en las empresas de autobuses, publicado el último día de marzo, y en que se recogen los comentarios de empresas del transporte discrecional; del regular de uso especial; del regular de uso general; del urbano y del resto de los sectores de actividad. En él, el 87,8% de las compañías encuestadas se inclinó por las deducciones fiscales; un 82,4% por las deducciones de la seguridad social de los trabajadores; un 68,9% por la concesión de ayudas directas al transporte turístico; y, un 40,5% por la prórroga de dos años del contrato de transporte escolar.

En el comunicado de ASTUC y Confebus se recuerda la necesidad que tiene este sector de cumplir con los servicios mínimos marcados por las autoridades municipales, regionales y estatal, y, al mismo tiempo garantizar que no existan contagios entre los usuarios.

Entre otras medidas se solicita el aplazamiento del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del IRPF para todas las empresas de hasta seis meses sin intereses. Transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano. Para estas asociaciones lo ideal sería que la cifra fuese de una anualidad.

También que se establezca una línea de financiación que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés, para afrontar las necesidades del servicio público. Y que en el caso de los contratos de servicio público que se gestionan a riesgo y ventura, y que son los del tipo mayoritario en el ámbito interurbano, se pide que se modifique, al menos temporalmente, el régimen económico, para que el coste de prestación de los servicios sea sumido y compensado por las autoridades competentes, como medida extraordinaria hasta que se restablezca la movilidad por la terminación de la situación del estado de alarma.

Por otra parte, desde la Fundación Corell, en un análisis sectorial sobre “la salud del transporte público español”, se incide en la necesidad de tomar medidas excepcionales para el sector y evitar así que el sistema se colapse. Y se recuerda que se trata de un sector estratégico para la economía española y para la movilidad en el país, ya que vertebra el territorio y asegura que ninguna persona, ni ningún lugar se quede sin conexión.

Y una de sus principales conclusiones es clara, “hay que actuar ahora o costará, también mucho, aplanar esa curva”.