Supervisando que es gerundio

El sector asegurador sumó en 2020 el 5,4% del PIB nacional; para ponerlo en contraste, el de agricultura y pesca representó el 3,45%. El seguro tiene por misión mutualizar el riesgo, esto es, cobrar de muchos para cubrir las pérdidas que sufrirán, estadísticamente, un porcentaje de estos aportando estabilidad y calidad de vida a las familias y continuidad de negocio a las empresas.

El reto consiste en gestionar esos fondos que se reciben del pago de primas de muchas personas y empresas de un modo eficiente y riguroso, así como estudiar bien qué riesgos se aseguran y en qué condiciones.

Es por ello por lo que el de los seguros es un mundo muy complejo, dado que también lo es la realidad, y requiere de la aplicación de ciencia y conocimiento a fin de que exista una correcta entrada de riesgos viables que asegurar, mediante contratos que efectivamente sirvan a los intereses de personas y empresas, para que se produzca el milagro -tras el acaecimiento de un siniestro- de restaurar todo a su situación anterior y mitigar con ello el impacto de una desastrosa pérdida.

Para que todo lo anterior funcione como un reloj, es necesario que quienes se dedican a este sector tengan tres elementos fundamentales en su ADN: conocimiento, responsabilidad y ética.

Conocimiento, pues ya he comentado que asumir los riesgos de terceros no es una broma y ha de hacerse con una buena calidad en la suscripción, esto es, al admitir esos riesgos como asegurados. Además, es necesario garantizar con contratos adecuados a los intereses del cliente e invertir los activos con inteligencia a fin de garantizar compromisos futuros en entornos inciertos o, como ahora, convulsos.

Responsabilidad, pues al gestionar lo de muchos para cumplir con quienes sufren el golpe del infortunio es necesario ejercer desde la consciencia de que se está asumiendo una promesa -la póliza- que hay que cumplir. El cliente no tendrá otro “plan B” que su seguro y cualquier desviación de esa promesa o de las expectativas del cliente tendrá consecuencias negativas para este y para la reputación de la aseguradora e, incluso, del sector.

Ética, pues el impacto de las políticas empresariales de las aseguradoras -no lo que dicen que les importa, sino lo que realmente persiguen y ejecutan- tiene consecuencias sobre personas de carne y hueso más allá de lo emergente. Un incumplimiento, un engaño o una estafa -las hay- genera un perjuicio que puede tener consecuencias demoledoras y permanentes para el asegurado.

Así las cosas, es necesario que exista en un estado moderno una acción supervisora efectiva que vigile el mercado y ataje de raíz cualquier situación que altere ese cuadro que he expuesto en líneas generales. Esa competencia, de momento, la ejerce la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones quien, a lo largo de 2020 ha impuesto a nuestras aseguradoras un total de cuatro sanciones. Tres de ellas derivan del retraso en comunicar los datos de vehículos asegurados al fichero FIVA, donde con frecuencia diaria todas las aseguradoras españolas deben informar las altas y bajas de seguros de vehículos. Es una información relevante, puesto que es la que se consulta en caso de accidentes y es la que -teóricamente- necesita Tráfico o, si se prefiere, el Ministerio del Interior, para sancionar a quienes circulan sin seguro. La otra sanción afecta a una agencia de suscripción que vendía seguros de un asegurador no autorizado para operar en España.

Mientras tanto, EIOPA, el Supervisor CE, ha advertido a todos los estados miembros que se han detectado prácticas abusivas en la comercialización de seguros vinculados -hecho prohibido- a préstamos. Tras cada banco que vende seguros, claro está, hay un asegurador que se beneficia de esos abusos de posición dominante y -recordemos- la Ley de Sociedades de Capital obliga a que los Consejos de Administración de una empresa, como las de seguros, sepan qué ocurre en esta, eviten todo conflicto de interés -por ejemplo, mirar hacia otro lado porque el bonus del ejecutivo se beneficia de esas ventas bajo coacción- y hagan cumplir las Leyes.

Los Colegios y Asociaciones profesionales del seguro hace años que vienen denunciando estas prácticas abusivas a lo que siempre les responde que no hay denuncias. ¿E interés en investigar?

Recientemente una conocida periodista, con actuaciones de “Mystery Shopping”, ha experimentado toda suerte de artimañas, engaños y vinculaciones prohibidas. No ha sido cuestión de suerte, sino de interés y esfuerzo. Un servidor lleva asistidos a miles de usuarios de servicios bancarios que han sido objeto de abusos; cuando les pregunto por qué no denuncian siempre surgen las mismas respuestas: no tienen confianza en el sistema de resolución de reclamaciones -yo tampoco- y tienen miedo a represalias ¡de su banco!

No es el único asunto que requiere foco: ¿recuerdas, consumidor, esa publicidad de “trae tu seguro y te mejoramos el precio sea cual sea”? Nuestra Legislación exige que las primas que pagas sean suficientes para cubrir el riesgo que se garantiza. Y, de cajón, que un coche o una casa sufren accidentes independientemente de la marca de la aseguradora que hayas contratado en los que se supone que el coste de dejarlo todo como estaba, será el mismo. Ahí radica el problema -responsabilidad y ética ¿recuerdas?- pues solo puedes cobrar menos si piensas pagar... menos.

Así las cosas, me pregunto cómo salimos del 2022 con solo cuatro sanciones. ¿Soy el único?