La reforma de las pensiones ‘pincha’ en sostenibilidad

El Congreso de los Diputados convalidó el 31 de marzo la última reforma Escrivá de las pensiones, una modificación que el ejecutivo de Sánchez justifica en la modernización del sistema, que “amplía los derechos de los pensionistas, reduce la brecha de género y establece un nuevo marco de sostenibilidad”. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, ha asegurado que la nueva norma “robustece la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo y avanza en equidad y solidaridad”. También ha destacado que blinda el poder adquisitivo de los 11 millones de pensionistas actuales, así como de los futuros, y está acordada y centrada en el refuerzo de los ingresos.

La reforma de las pensiones recién aprobada refuerza los ingresos del sistema público gracias al aumento progresivo de las bases máximas de cotización. Además, establece una cuota de solidaridad con el objetivo de que la masa salarial quede por encima de la base máxima, en consecuencia, exenta de cotización, y contribuya a la sostenibilidad del sistema. El gobierno ha sustituido el factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional. Escrivá esgrime que este cambio beneficia a los cotizantes jóvenes y aumenta los recursos de la llamada hucha de las pensiones.

Nuevo modelo de cálculo de la base reguladora

La reforma incluye un nuevo modelo de cálculo de la base reguladora. Este permite escoger entre la fórmula actual -en la que se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados- y otra en la que se podrán excluir del cálculo los 24 peores meses de los últimos 29 años, que se aplicará de forma progresiva.

Este nuevo marco normativo para las pensiones beneficiará, según lo previsto por el Gobierno, a los jóvenes, “al evitar el recorte en sus pensiones que hubiera supuesto la aplicación del factor de sostenibilidad y el 0,25% de revalorización, con una rebaja acumulada del 50% cuando se fuesen a jubilar”, así como a los trabajadores con carreras profesionales irregulares, a las personas con prestaciones más reducidas, y a las mujeres, ya que se refuerzan las medidas para acortar la brecha de género en pensiones, mejorando el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres y aumentando el complemento para la reducción de la brecha de género, explica el ejecutivo.

Lo que opinan los expertos

Para los expertos del Instituto de Actuarios Españoles no es oro todo lo que reluce en la última reforma Escrivá y, precisamente, pincha en aquello que pretende solventar: la equidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El IAE alerta de que este nuevo texto “deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema”. El IAE, así, se alinea con los fundados temores expresados también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de los cambios previstos en la normativa.

El nuevo informe elaborado de urgencia por los actuarios reúne las principales reflexiones de la entidad acerca de la nueva normativa y arroja que la reforma, al realizar un ajuste del incremento de las cotizaciones que recae, en mayor medida, sobre los afiliados más jóvenes y/o con salarios más elevados, trae implícito el deterioro de la equidad contributiva, intergeneracional e intrageneracional del sistema.

Igualmente, estiman que la reforma provoca un sensible empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema que, para el IAE, hará que se tenga que aplicar en su totalidad un mecanismo de ajuste que activará una fuerte subida de ingresos -muy probablemente mediante el alza del tipo de cotización-, con las consecuencias que esto puede tener en el mercado de trabajo y, nuevamente, sobre la equidad del sistema.

Gregorio Gil de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno y responsable del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, señala que “la reforma incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, lo cual es positivo, pero retrocede en fortalecer la sostenibilidad, entendida como la capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere, y potenciar la equidad del sistema, es decir, la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido. Dos aspectos clave que quedan seriamente perjudicados y que, a medio-largo plazo (20-30 años), ponen en serio peligro la suficiencia de las pensiones”.

Cambios en las fuentes de financiación

El IAE advierte, también, que la reforma supone también un importante cambio de las fuentes de financiación del sistema, al hacer recaer todo el peso del ajuste sobre las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores. Asimismo, prevén una alta probabilidad de que, transcurrido el periodo previsto en la reforma, deba activarse el mecanismo automático de corrección de los desajustes para poder generar ingresos suficientes que los equilibren. Sin embargo, si esos ingresos extra se centran, como de hecho ocurre en esta reforma, en seguir aumentando el tipo de cotización, se puede provocar un significativo quebranto en el empleo, advierten.

El análisis del IAE, tomando como base los datos aportados por el Ageing Report 2021 de la Comisión Europea, explica que el déficit contributivo actual del sistema de Seguridad Social (del 2% del PIB, del 0,54% en 2022 si nos referimos a operaciones no financieras al descontar las transferencias del estado, que se reflejan en el déficit y la deuda soberana) va a empeorar porque, de un lado, la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad se reflejará en un incremento de 3,5 p.p. del PIB. De otro, el envejecimiento de la población supondrá otros 0,7 p.p. de PIB. Compensar estos incrementos de gasto con el ahorro que supone el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal resulta, cuanto menos, incierto. A esto habría que sumar, aproximadamente, 0,25 p.p. por el efecto de las medidas que aumentan el gasto y restar 0,95 p.p. como máximo derivados de los mayores ingresos que esta reforma genera.

Más desequilibrio

Los actuales y futuros pensionistas mantendrán dos elementos importantes: el valor adquisitivo de sus pensiones, puesto que se revalorizarán con el IPC; y el nivel actual de tasa de reposición o relación de la pensión con el último salario, que es la más elevada de la eurozona. Esto, que es lógicamente positivo para los pensionistas, acentúa sin embargo el desequilibrio actuarial ya existente. Y todo ello va en contra del principio de contributividad y en detrimento de las cohortes más jóvenes.

Otro aspecto para tener muy en cuenta es que quienes se encuentren razonablemente cerca ya del momento en que se jubilarán verán recortadas sus pensiones en relación con sus cotizaciones, ya que una subida del tipo de cotización no redundará en una mayor pensión. De ello se deduce una pérdida de contributividad que afecta a la equidad intrageneracional, dotando a la parte contributiva del sistema de fines redistributivos más propios del primer pilar (asistencial) en otros sistemas.

Para el Instituto de Actuarios Españoles urge resaltar la propuesta de la creación de la “Oficina del Actuario Jefe”, organismo independiente que se encargaría de realizar todos los cálculos y proyecciones de ingresos y de gasto de la Seguridad Social, tanto del sistema actual como de cualquier propuesta de cambio.

Esta oficina ayudaría a explicar el sistema a la sociedad, reportaría directamente al Congreso de los Diputados y aplicaría las mejores prácticas, principios y criterios de la ciencia actuarial a nivel mundial. Como concluye Gregorio Gil de Rozas, “replicaría el exitoso modelo anglosajón que actualmente aplican Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Japón, entre otros países, y que busca separar y diferenciar la dimensión técnica de aquella otra política o ideológica a la hora de tomar decisiones sobre el sistema de pensiones, algo que, en realidad, fue el objetivo con el que se creó el Pacto de Toledo en 1995”.