Discriminar es cosa de datos

Pocos saben que en este momento la industria del seguro está discriminando o excluyendo ilegalmente a casi tres millones de personas. ¿Puede ir a peor?

Hace unos días, Insurance Europe nos sorprendía con una campaña de comunicación, dotada de medios que suponen una cierta inversión económica, destinada a informar cómo se tarifa un seguro. Como de toda inversión es razonable pensar que sus promotores esperan un cierto retorno.

Me parece muy buena la iniciativa y, desde luego, la calidad de la producción, así como el recurso a un lenguaje plano que facilite que toda persona no especializada en el mundo del seguro pueda comprender el mensaje y, con ello, adquirir conocimiento acerca de cómo funcionan los seguros.

Pero, más allá de lo que cuenta, me preocupa lo que esa campaña calla.

Y es que la educación financiera debe contar lo bueno y lo malo de las cosas, para que el ciudadano o el técnico de turno puedan desarrollar una idea real de lo que tienen delante y no una imagen ilusoria creada a conveniencia del emisor. Porque en ese caso corremos el riesgo de no estar ante educación, sino ante manipulación.

Lo que nos cuentan en ese vídeo es que la industria aseguradora necesita grandes volúmenes de datos para calcular sus estadísticas con las que elabora sus tarifas, aplicadas a seguros que no solo protegen a sus clientes, sino también al propio asegurador al evitar que se pille los dedos y ello conduzca a la quiebra. Esa situación no solo es indeseable para la empresa aseguradora, sino también para todos sus clientes, quienes dependen de la solvencia y sostenibilidad en el tiempo de la aseguradora. Recordemos que en ciertos riesgos incluso debemos tener presente que la empresa debería contar con una esperanza de vida superior a la de sus clientes.

Por ello es radicalmente cierto que la industria del seguro requiere datos para alimentar su conocimiento y que, de ellos, depende su capacidad para cumplir sus compromisos.

Ahora bien, la propuesta de Insurance Europe -que ya viene de antiguo- no se queda en conseguir datos de buena calidad, adecuados y suficientes que sería lo correcto. No, quieren que el dato, ese nuevo oro del siglo XXI, fluya sin ningún tipo de límite hacia sus bases de datos de tal forma que el asegurador pueda perfilar individualmente la propuesta a realizar caso a caso.

Dicen Insurance Europe que de no hacerlo así “algunos consumidores pagarán demasiado en relación con el riesgo que aportan a la aseguradora y otros demasiado poco”. Y es absolutamente cierto.

Eso significa, literalmente, que las personas muy sanas y jóvenes son las que deben pagar muy poco y que aquellas más mayores y/o afectadas por alguna patología tendrían que pagar más. Las primeras, obviamente, no plantean ningún problema y tendrán la alfombra roja para entrar en el fabuloso mundo de los asegurados. Pero ¿qué ocurrirá con los segundos?

Ahora, por poner un ejemplo, las aseguradoras no pueden recurrir por Ley a la información genética. Si tuvieran acceso a esta podrían identificar genes concretos que implican que un cierto individuo va a sufrir tal o cual dolencia. ¿Podrían entonces asegurar a esa persona durante el tiempo que es poco probable que esa enfermedad se presente y darle “la patada” cuando se aproxime al tiempo en que sus genes van a presentar el problema? Piensa en una diabetes de tipo II, en obesidad o en un Párkinson, sin ir más lejos, y entenderás de qué hablo.

O piensa en un recién nacido con Down, con parálisis cerebral, con una miopía severa o con autismo. No hablo del sexo de los ángeles, sino de personas reales que pueden verse afectadas por un excesivo preciosismo en la tarifación de su riesgo.

En este momento, un sistema relativamente tradicional de comercialización de seguros mantiene en el ámbito de las personas toda la tarea de identificar necesidades, de explicar coberturas y exclusiones, así como el proceso de “selección de riesgos” que es como llamamos al filtro que deja pasar a quienes se consideran asegurables y a quienes no, se lo impide.

Hasta ahora tenemos dos mecanismos tradicionales, también: por una parte, el seguro aplica lo que denominamos “mutualización” y que no es otra cosa que, ante la falta de información muy detallada, se dan ciertas cosas por supuestas de tal modo que se considera a la mayoría como asegurables sin entrar en demasiados detalles. Esto lleva a una tarifa de seguros que contempla esa incertidumbre respecto de los detalles. Aclaro que el seguro de vida lleva siglos funcionando así y dicha mutualización no ha sido causa de quiebra alguna. De hecho, los beneficios que arroja este tipo de seguros son la envidia del sector por lo que nada debería preocuparlos.

El otro mecanismo es la Ley, dado que las disposiciones adicionales 4ª y 5ª de la Ley de Contrato de seguro prohíben expresamente negar la cobertura, prestarla con producto distinto o aplicar recargos a las personas discapacitadas o enfermas. De tener alguna reserva debe existir información previa y pública y... no la hay, por lo que no se puede aplicar. En esta línea, dado que no se cumple el mandato de la Ley, va mi comentario acerca de la discriminación que abría este artículo.

Y me pregunto, si una Ley imperativa no ha conseguido que las aseguradoras dejen de discriminar, de excluir, ¿vamos a confiarles datos que pueden romper la baraja en materia de asegurabilidad y enviar a muchos de los actuales clientes al pozo de los descartados? ¿Cuál será el volumen de afectados si se robotiza esa discriminación?

Dudar no es malo, tan solo evita ir a sitios donde no se debe estar.