La eliminación de los conciertos sanitarios: un ataque ideológico
La nueva Ley de Equidad supondría aumentar un 25% el gasto en las arcas públicas sanitarias.
Los conciertos entre el sector público y las clínicas privadas establecen una de las principales luchas ideológicas en el sector sanitario. Este tipo de gestión indirecta de servicios públicos está regulada por el artículo 157 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Los conciertos surgen para ayudar a los servicios públicos, es decir, únicamente se deben emplear cuando la administración pública ha completado toda su capacidad. De ahí su controversia. Los colectivos en defensa de la sanidad pública, afirman que los conciertos se han convertido en un negocio para las clínicas privas y se han desvinculado de su origen.
Un análisis llevado a cabo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) muestra una serie de conclusiones sobre este debate. El estudio investiga desde la perspectiva económica de la salud. En este sentido, la principal conclusión es que la concertación mejora el rendimiento financiero de las clínicas privadas que firman este acuerdo. No obstante, el efecto económico varía dependiendo del tamaño y la especialidad del hospital.
Por lo general, las clínicas privadas obtienen más beneficios de los convenios derivados de la pública a media y larga estancia. En cambio, la repercusión disminuye en los complejos sanitarios con menos de 100 camas. En este contexto, se puede dictaminar que los conciertos se han trasformado en una fuente segura de ingresos para algunas clínicas privadas. Tal y como indica el estudio de la ULPGC, mejoran de manera significativa las perspectivas de rentabilidad a corto y medio plazo para los complejos privados.
La pública también se beneficia de los conciertos
Igualmente, los conciertos sanitarios no suponen un beneficio exclusivo para las clínicas privadas, la sanidad pública también saca ganancias con estos trámites. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha estimado, con un promedio conservador de ahorro, que el nuevo proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Consejo de Ministros para eliminar los conciertos sanitarios, supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales. Por tanto, la actual fórmula de colaboración público-privada supone, como mínimo, un ahorro superior al 25% para las arcas públicas.
Ante estos datos, y como indica Carlos Rus, presidente de Aspe, “derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud”. Además, España se convertiría en el único país de la Unión Europea que descarta al sector empresarial sanitario de sus sistemas nacionales de salud.
Prescindir de los conciertos sanitarios va a afectar negativamente al servicio sanitario público. Se debe remarcar que la sanidad pública no cuenta con la capacidad suficiente para asumir la demanda de los usuarios. “Por lo tanto, una reducción de los conciertos podría suponer un incremento de las listas de espera y de los tiempos para acceder a la atención especializada y a las intervenciones quirúrgicas” afirma Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa.
Si se centra la atención en los datos, las observaciones auguran un futuro angustioso para los servicios públicos. “Solo el 11% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos y estos sirven para optimizar los recursos asistenciales del país y atender sus necesidades puntuales a tarifas entre un 25% y un 69% menor del precio público. Recordemos que nos encontramos ante unas listas de espera históricas: con más de 706.740 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica”, dictamina Carlos Rus, de Aspe.
Más demanda de seguros de salud
La perturbación del servicio público, derivado de la eliminación de los conciertos, puede aumentar la demanda de las pólizas de salud. “El seguro de salud crece en España desde finales de los años 90 y es hoy en día la principal puerta de acceso a una sanidad privada de alta calidad, que cuenta con centros punteros, dotados con la tecnología más avanzada y con equipos profesionales de primer nivel. Un deterioro en la calidad del sistema público podría provocar que un segmento de los ciudadanos pudiera contratar pólizas privadas de salud para agilizar el acceso a los servicios especializados”, comenta el consejero delegado de Asisa. Pese a sus desventajas en la salud pública y privada, la nueva normativa no repercute a la regulación ni a las prestaciones de los seguros de salud.
El sector privado de asistencia sanitaria no es significativamente rentable. Así lo argumenta Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa: “las empresas viven de una financiación mixta, compuesta por los ingresos de aseguradoras, mutuas de accidentes, los conciertos públicos, cuando surjan, y la escasa demanda privada de particulares. A ello se añade, en zonas turísticas, la atención al turista internacional”. En este sentido, la posible pérdida de los ingresos de los conciertos públicos pondría en riesgo las infraestructuras sanitarias privadas de grandes zonas del territorio nacional, donde los mercados turísticos y privados no tienen alta demanda.
Por lo tanto, limitar la colaboración entre la sanidad pública y la privada no beneficia a ninguna de las partes implicadas, además perjudica considerablemente al sistema de salud español. “Los conciertos permiten al sistema público ofrecer una mejor atención a los ciudadanos y acortar los tiempos de espera. Al mismo tiempo, los conciertos generan actividad en los centros privados, que en algunos casos es esencial para el mantenimiento en muchos lugares de una red sanitaria privada que genera empleo de alta calidad y alivia la carga asistencial del sistema público mediante la atención a través del seguro privado. Además, poner en riesgo la sostenibilidad de esa red privada tendría consecuencias para el sistema público, que tendría que asumir una mayor carga asistencial”, discute Enrique de Porres.