Cuenta atrás para acceder al fondo público de empleo
Todos los trabajadores, también los autónomos, podrán adherirse a estos planes de pensiones de promoción pública y gestión privada ampliamente criticados por el sector seguros.
A finales del mes de febrero se aprobó definitivamente el proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que el ejecutivo pretende impulsar el ahorro complementario para la jubilación a través del segundo pilar, el dedicado a la previsión social empresarial. El objetivo del plan público de empleo es que todos los trabajadores, incluso los de pymes y micropymes y los profesionales autónomos, puedan acceder a este instrumento de ahorro finalista.
El proyecto de ley incorpora incentivos fiscales para promocionar el ahorro a través de los planes de pensiones colectivos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se establece ya en los 10.500 euros anuales el límite en la deducción de la base imponible. De acuerdo con el calendario marcado por el Gobierno, se espera que estos nuevos planes de pensiones colectivos comiencen a comercializarse en la segunda mitad de 2022. Esta es, además, una de las condiciones para que España reciba el tramo de 6.000 millones de euros correspondiente al segundo semestre de 2022 de los Fondos Next Generation europeos.
10 millones de trabajadores
El ejecutivo espera que estos planes de pensiones de empleo agrupen a cerca de 10 millones de trabajadores y multiplicar por cinco la base de capital depositada en estos instrumentos de ahorro, hasta alcanzar los 300.000 millones de euros. Esta reforma de los planes de empleo se centra especialmente en los empleados públicos, los trabajadores de pymes que no tienen acceso a los planes de pensiones de empleo que ya se comercializaban en el mercado español y en los autónomos.
En el texto no se incluye expresamente la obligatoriedad de que los trabajadores se hagan un plan de empleo. En el Proyecto de Ley se establece el deber de negociar la previsión complementaria en los procesos de negociación colectiva sectorial. En el caso de que una empresa decida abrir un plan simplificado de empleo, sus trabajadores pueden aceptar o rechazar el plan de ahorro para la jubilación, como sucede con los planes de empleo actuales que promueve el sector privado.
Aportaciones y ventajas
En el que caso de que el trabajador decida acogerse a este plan de pensiones de empleo, una parte de su nómina se destinará al fondo de pensiones. El porcentaje que se destine a este ahorro se negociará entre la empresa y los trabajadores, así como la decisión de si la empresa hará aportaciones complementarias a los planes de ahorro de sus trabajadores. En este punto, el sector privado ha solicitado que también el Estado se implique en las aportaciones complementarias, como en el Reino Unido, que alcanzan el 1%.
La principal ventaja para el trabajador ante estos planes de empleo es contar con un ahorro complementario para la pensión pública de jubilación. Además, la empresa y el empleado disfrutarán de incentivos fiscales si aportan capital al plan de empleo. Los incentivos fiscales varían en función de las aportaciones. Por ejemplo, el trabajador podrá desgravar hasta 1.500 euros anuales si es el único que aporta al plan público de empleo; si el empleador también realiza aportaciones esta cifra aumenta hasta los 8.500 euros. Además, para las empresas, los límites exentos para las aportaciones suponen una desgravación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 301 euros por trabajador.
Refuerzo del sistema de pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. Y que esta ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a colectivos de trabajadores que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. El ministro ha indicado en varias ocasiones que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, “que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas”. La nueva norma incorpora distintos instrumentos “para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido”, explica el gobierno.
Para el sector privado implicado en la comercialización de los planes de pensiones de empleo, el Proyecto de ley carece del consenso necesario, ya que este se aprobó sin el respaldo de la patronal y los sindicatos. La patronal del seguro y de las gestoras de activos han reiterado su interés en la promoción del ahorro finalista, pero no en detrimento de los planes de pensiones individuales o de otros instrumentos de ahorro financiero.