El elevado coste de la contrarreforma de las pensiones

El ejecutivo lleva tiempo negociando una reforma profunda del sistema público de pensiones, por varias razones: es necesario adecuar los ingresos a los gastos para evitar desequilibrios y que el déficit se haga más profundo; y porque es uno de los requisitos de la Unión Europea para acceder a los fondos para la reconstrucción para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso que las grandes líneas de la reforma “quedan plasmadas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia previo diálogo con los interlocutores sociales”. En este sentido, el ministro ha afirmado que el objetivo de la reforma es hacer que “el sistema de pensiones sea equitativo, moderno y sostenible”.

La reforma que planea el Gobierno recoge gran parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y pretende endurecer las condiciones para acceder a la pensión pública de jubilación. Un primer paso que quiere dar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es limitar las jubilaciones anticipadas. Para ello, se endurecerán los coeficientes reductores que se aplican para aquellos que accedan a la jubilación dos años antes de la edad legal. El ejecutivo estudia introducir incentivos a las empresas para evitar las jubilaciones anticipadas en el marco de la empresa.

Además, el objetivo es fomentar el retraso de la edad real de jubilación, así como la jubilación activa. Es decir, que cada vez más cotizantes sigan trabajando una vez llegados a la edad legal de jubilación. Para ello se estudia aplicar un incentivo del 4% por cada año de retraso, aunque con ello se supere la pensión máxima establecida legalmente

Sostenibilidad y revalorización de las pensiones

Dos de los puntos de máxima fricción para la aprobación definitiva de la reforma de las pensiones de Sánchez son el cálculo de la revalorización de las pensiones y la eliminación del factor de sostenibilidad que adecúa el cálculo de la pensión a al aumento de la longevidad. El objetivo de la reforma de Escrivá es sustituir el actual IRP por un nuevo mecanismo que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Este mecanismo aún se está negociando con los agentes sociales, pero todo indica que estará vinculado al IPC.

Otro de los puntos con más polémica es la fijación de los años de cotización necesarios para el cálculo de la pensión. El rumor de los 35 años fue desmentido por el ministro Escrivá, pero sí que se elevará el periodo de cotización por encima de los 25 años de cotización. Además, es bastante probable que se permita escoger qué años se incluyen en ese cómputo, con el objetivo de “adecuar las carreras de cotización a la realidad del trabajador”.

Escrivá ha señalado que la reforma se compone de “distintos elementos que avanzan a distinto ritmo”. De hecho, ha subrayado que algunas de las recomendaciones que se aprobaron en el Pacto de Toledo ya se han comenzado a implementar tras su aprobación en el Parlamento. Es el caso del traspaso de una gran parte de los gastos no contributivos del sistema, “lo que permite cumplir en gran medida la recomendación 1 del Pacto, referida a la consolidación de la separación de fuentes”. De esta forma, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 el Estado aportará casi 14.000 millones de euros, lo que permitirá avanzar en “el equilibrio del sistema mediante el traslado del déficit a aquellas partes de la administración con capacidad para corregirlo”.

Además, la reforma de las pensiones aborda otras preocupaciones tradicionales de los pensionistas, como la brecha de género o la reforma del complemento por maternidad que ha entrado en vigor en las últimas semanas.

El coste de la reforma

Aunque el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente que aumente su suficiencia y su sostenibilidad a largo plazo, algunas de las medidas propuestas por el ejecutivo pueden tener un importante coste a largo plazo. Según los cálculos del Banco de España, Fedea y AIReF, la derogación del IRP y del factor de sostenibilidad supondría un aumento del gasto en pensiones de 44.000 millones de euros en los próximos años.

En concreto, según cálculos de AIReF, el factor de sostenibilidad supondría un ahorro del 0,6% del PIB en las próximas décadas, unos 8.000 millones de euros. Por otra parte, el Banco de España ha calculado que volver a revalorizar las pensiones con el IPC supondría un aumento de 36.000 millones de euros sobre el valor actual para 2050.

En el cálculo que hace Fedea este impacto es incluso superior. Para ellos, el coste de derogar la reforma de las pensiones de 2013 elevaría el gasto en pensiones cinco puntos en 2050, hasta el 17,5% del PIB. Para hacer frente a este mayor gasto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada estima que sería necesario aumentar el tipo medio del IRPF en un 50%. Un 40% si se aplicara el factor de sostenibilidad.