La reforma de las pensiones del Pacto de Toledo será insuficiente

El sistema público de pensiones necesita una reforma integral que termine de una vez por todas con el déficit de la Seguridad Social y garantice unas pensiones de jubilación justas y sostenibles en el largo plazo. Para ello, el Pacto de Toledo ha conseguido -tras cuatro años de trabajos y muchas interrupciones- presentar un documento con 21 recomendaciones que deberán ser debatidas en el Congreso de los Diputados en un pleno que aún no tiene fecha.

El objetivo del Pacto de Toledo es apuntalar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y separar las fuentes de financiación para comenzar a solventar el problema del déficit estructural de la Seguridad Social. Pero el sector asegurador considera que estas medidas se quedan cortas y abogan por una reforma estructural del sistema de pensiones.

Para Rafael Villanueva, manager de retirement de Willis Towers Watson en España, se trata de una propuesta que contiene “iniciativas necesarias e interesantes”, y supone “romper la tónica de parálisis en la que se encontraba la Comisión, en un momento en el que se acumulan ocho años de déficit al comparar ingresos con gastos”. Para el directivo de Willis Towers Watson, uno de los aspectos más positivos de las recomendaciones es que la reforma abarca los cuatro pilares de la previsión: Seguridad Social, previsión en la empresa, previsión individual y un cuarto pilar con soluciones innovadoras como las hipotecas inversas. Pero, “no se aborda aún el rediseño integral que posiblemente necesite el sistema”, lamenta.

Redistribución de gastos y fuentes de financiación

Uno de los aspectos en los que se centra el Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones del Pacto de Toledo es en trasladar gastos de la Seguridad Social a otras partidas de los presupuestos generales del Estado (PGE), algo que Villanueva señala como “demasiado continuista e insuficiente”.

Además, algunas medidas impulsarán los gastos, como vincular la revalorización anual de las pensiones al IPC o la posibilidad de elegir los años más favorables de cotización para el cálculo de la pensión. En este sentido, BBVA Research prevé que este sobrecoste, que al final deben pagar los ciudadanos vía impuestos o más cotizaciones sociales, suponga un aumento hasta los 3.500 euros por contribuyente y año en 2045 desde los 980 euros calculados en 2019.

Hay aspectos positivos en la reforma, no todo es malo. Rafael Villanueva destaca el reforzamiento del segundo pilar, la previsión en la empresa, “especialmente si se replica el sistema de auto adhesión británico que tan buenos resultados está dando”. El directivo de Willis Towers Watson pide que se trabaje este aspecto para que esta medida llegue a muchos trabajadores y autónomos que actualmente no cuentan con él y, “al menos entretanto, no desincentivar el ahorro individual a través del tercer pilar”.

Prolongación de la vida laboral

Adecuar la vida laboral al aumento de la esperanza de vida es otro factor determinante para apuntalar el sistema público de pensiones a largo plazo. Entre las recomendaciones del Pacto de Toledo está acercar la edad real de jubilación a la edad legal de retiro. Willis Towers Watson considera adecuado fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral en un entorno de esperanza de vida en aumento, “algo que alivia la situación financiera de la Seguridad Social y que resuelve una demanda creciente por parte de los trabajadores”, indica Villanueva.

También considera fundamental aumentar la información a los trabajadores. “Algo absolutamente necesario para que puedan tomar decisiones razonadas en cuanto a la planificación de su jubilación”. Esta es una petición tradicional del sector asegurador, aunque siempre ha caído en saco roto, quizá por el impacto que supondría en la población y el consiguiente impacto en las próximas elecciones generales.

Otras propuestas necesarias

Para asegurar los principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema, Willis Towers Watson considera necesarias otras reformas que no contempla el documento del Pacto de Toledo. “Sería necesario entre otras cosas corregir ciertas distorsiones que existen en el sistema con el fin de obtener una mayor relación entre aportaciones y prestaciones, como argumenta el Instituto de Actuarios Españoles a través del Factor de Equidad Actuarial (FdEA) y que recomienda actuar sobre tres puntos: el tope del 100% del coeficiente por años cotizados; las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación”.

Incentivar penalizando

Para el seguro, incentivar los planes de pensiones de empresa es una buena medida, pero su efecto se diluye al proponer la reducción de los incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales de los 8.000 euros anuales actuales a los 2.000 euros planteados en los PGE. Para Unespa e Inverco, las patronales del seguro y los planes de pensiones, respectivamente, esta medida es “discriminatoria para la gran mayoría de la población ocupada española” y temen que, lejos de incentivar el ahorro para la jubilación, este decaigam con el consiguiente perjuicio para la economía del país.