El ‘superfondo’ de pensiones del Gobierno causa recelo en el seguro

En España solo el 26% de la población en edad de trabajar cuenta con un instrumento de ahorro a largo plazo para complementar su pensión pública de jubilación. El sector asegurador coincide con el Gobierno en la necesidad de impulsar el ahorro finalista entre los españoles. Pero la discrepancia llega cuando el incentivo de los planes de pensiones de empresa se realiza desincentivando el ahorro privado. Lo que nuestros abuelos definirían como “desvestir a un santo para vestir a otro”. La incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de la rebaja de la deducción fiscal de 8.000 a 2.000 euros anuales ha agitado el avispero, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de la creación de un súper-fondo de pensiones público para ayudar a los trabajadores autónomos y a las pymes que no puedan asumir la creación de un fondo de empleo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a calificar esta medida impulsada por el Ministerio de Seguridad Social como “competencia desleal”. El presidente de la patronal se mostró contundente en la presentación de la última edición del informe Estamos Seguros de Unespa, la patronal del sector asegurador. Las dudas de Garamendi reflejan las preocupaciones del sector asegurador y del de la gestión de fondos: ¿quién va a gestionar este súper-fondo? ¿con qué criterios de inversión? Y, lo más importante ¿va a contar con garantía pública?

Inversión en deuda pública

Hasta el momento, lo único que se conoce a ciencia cierta del súper-fondo es que su objetivo es alcanzar el 30% del PIB en activos gestionados, lo que supondría unos 300.000 millones de euros. Y que el principal activo en el que invertirá será la renta fija, más en concreto, deuda pública española. Los expertos consideran que el objetivo último del ejecutivo es contar con un instrumento capaz de comprar deuda española cuando el Banco Central Europeo (BCE) alcance el tope máximo de recompra de bonos. Un límite que ya se vislumbra muy cercano, ya que el BCE ahora cuenta con un 25% de la deuda pública española aproximadamente, y el tope está en el 33%. Utilizar el fondo como inversor institucional reforzaría la confianza de los inversores institucionales internacionales en la deuda española.

Pero limitar la inversión a la renta fija tendría otras consecuencias en el súper-fondo. Una de ellas, sería que no podría compensar el efecto negativo de la inflación a largo plazo, especialmente para aquellos partícipes que les queden más de siete años para la jubilación. Además, hace tiempo que los grandes fondos de pensiones públicos de otras potencias, como el de Noruega o el japonés, apuestan por una estrategia de inversión diversificada en la que la renta fija y la deuda pública no tienen un peso mayor del 40%

David Cienfuegos, director del área de Investments de Willis Towers Watson, señala que “desafortunadamente, el Estado no tendrá a priori la capacidad, al no conocer los partícipes que se adherirán al fondo, ni el tiempo, si lo quiere implantar en seis meses” para fijar una estrategia de inversión para e súper-fondo. La solución pasa por establecer estrategias en función de distintos objetivos de inversión. “Estos objetivos de inversión pueden ser: preservación del capital – IPC (como objetivo básico), hasta IPC más 1% , IPC más 2% , IPC más x%, Euribor +y%, ... dichos objetivos podrán ser reevaluados a posteriori tras el establecimiento de una base de partícipes del fondo, y su revisión periódica”.

En este sentido, Cienfuegos cree que contar con más de un fondo permitiría adaptar la estrategia de inversión a las necesidades de cada colectivo. “Además, para evitar el efecto que produce no saber elegir a que fondo de pensiones aportar, quizás sería buena idea que hubiese fondos por defecto en formato ciclo de vida por el que un partícipe fuera cambiando de asignación estratégica en función de su edad. Algo patente ya en el mercado internacional como tendencia imparable, y que supone, además, una ventaja a la hora de enfrentarnos al entorno actual de tipos bajos, al poder modular el riesgo de las inversiones, ofreciendo a los más jóvenes esperanza de rentabilidades acordes a su horizonte de inversión y protegiendo, a su vez, el patrimonio de los más cercanos a la jubilación”.

En España, de acuerdo con los últimos datos de Inverco, los planes de pensiones -individuales y colectivos- acumulan un volumen patrimonial de 113.028 millones de euros. De esta cifra, solo un 30% corresponde a planes de empleo. Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo es incentivar el ahorro del segundo pilar, que corresponde a la previsión social complementaria empresarial, algo en lo que el sector asegurador está de acuerdo, pero no que se haga a expensas del ahorro individual privado, el denominado tercer pilar.