Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin: “El incremento de los costes en el precio del producto es del 27% para los fabricantes”

El año que se despidió hace escasos días ha sido muy intenso para las empresas de tecnología sanitaria. El auge de los costes de producción, motivado por la escasez de materias primas y la subida de la energía, unido a un preocupante aumento de la deuda de las administraciones públicas con el sector, ha dejado a las empresas en serios problemas para los que Fenin busca soluciones con el Gobierno nacional.

La crisis global de suministros y la subida de costes de energía ha afectado gravemente al sector. ¿Cómo están las empresas?

Este es el tema que tiene mayor prioridad de resolución para nosotros. Estamos viviendo las dos crisis que mencionas, que generan mucha tensión. Elaboramos desde los inicios de 2022 un documento que actualizamos sistemáticamente. La última versión muestra que la inflación acumulada durante el año pasado fue del 5,3%. Hemos visto que los costes de electricidad son un 56% superiores que a finales de 2021. Los costes de transporte se han incrementado en un 16,4%. Todo esto, evidentemente, tiene un impacto en la empresa fabricante y la distribuidora. El incremento de los costes en el precio del producto, en el caso de las empresas distribuidoras, es del 11%. En el caso de los fabricantes, un 27%. Se trata de una situación muy compleja. Hay un riesgo de que si los proveedores no pueden cumplir las obligaciones impuestas por los contratos públicos, porque no se permiten indexaciones o actualizaciones de dichos concursos, podemos ver proveedores que no cumplan plazos. Nosotros siempre actuamos con rigor y no queremos crear alarma social, pero es importante que el Gobierno tome consciencia del problema.

¿Cuántos contratos se están incumpliendo en estos momentos?

Hasta ahora, se están buscando soluciones de compromiso. Ha habido situaciones de tensión, pero es cierto que la buena voluntad tanto del contratante como del prestador del servicio han evitado situaciones de gravedad, pero pueden producirse. Al Gobierno le hemos pedido un plan de choque porque al final estas cosas empiezan de una manera, se suceden situaciones y se puede perder el control.

¿Cuáles son las líneas maestras de ese plan de choque que pedís al Gobierno?

Habilitar mecanismos de indexación de costes en los contratos públicos, de manera que haya cláusulas que permitan la revisión de plazos de entregas como los costes de los productos. También solicitamos contener los precios de la energía para los sectores esenciales y exenciones fiscales para nuestras empresas. Si se han buscado soluciones para los contratos de obra, ¿por qué no para los de suministro?

También habéis reclamado en alguna ocasión la reducción del IVA para los productos sanitarios. En diciembre se cumplió un año del dictamen del Ecofin, que permitía a los países ajustar este impuesto. ¿Habéis conseguido reuniros con Hacienda?

Como bien dice, en diciembre se cumplió un año desde que los ministros de Economía y Hacienda de los Estados Miembro acordaran la modificación de la legislación del IVA por unanimidad. Ahora hay libertad para los países para ajustar el IVA para productos esenciales, como son los sanitarios. Hay un clima favorable para que se produzcan cambios, pero aún no hemos conseguido reunirnos con la Ministra de Hacienda, que es la interlocutora correcta. Hay países que valoran rebajar el IVA y en España no ha habido movimientos aún, aunque ha habido algunos contactos. El 85% de nuestros productos están al 21% de IVA, el 10% están al 10% y un porcentaje mínimo están al 4%, que son productos dirigidos a personas con discapacidad. Mirando hacia Europa, los tipos en España son más altos y el porcentaje de productos en el tipo máximo es mayor en España. Queremos un IVA reducido y se ahorrarían 1.000 millones que revertirían en las comunidades autónomas, que son las que compran. Creemos obligado que la ministra de Hacienda reciba al sector.

Hablaba ahora de las comunidades autónomas. Desde hace años, su asociación dispone de un observatorio de deuda que analiza lo que deben estas administraciones a las empresas del sector. Las últimas tendencias hablaban de disminución de la deuda. ¿Cómo ha trascurrido 2022?

Si nos situamos en el año 2012, que es cuando se produjo el Plan de Pago a Proveedores, el sector recibió más de 6.000 millones de euros. Aquel plan ordenó la situación y la evolución desde entonces ha estado en unos niveles tolerables, es decir, no se cumple lo que dicta la ley, pero tampoco era el principal problema de ocupación. Sin embargo, ahora, estamos viendo un aumento de la deuda, con facturas impagadas por un importe de 1.120 millones de euros y si se compara con diciembre de 2021, ha crecido un 51%. En un momento como el que dibujaba, esto además impide que llegue liquidez a las empresas. Por otro lado, en cuanto al periodo medio de pago, estamos en 95 días y el año pasado se cerró con 49 días. Se trata de una tendencia muy preocupante, porque además se produce en mitad de una crisis de suministros.

Es decir, por un lado suben los costes y por el otro no se cobran las facturas...

Exacto. Estamos hablando con las comunidades para que cumplan sus compromisos. Ahora mismo es un tema que nos está preocupando.

Entre las pocas vías de escape que pueden tener está el Perte de Salud de Vanguardia. ¿Cómo va?

El Perte fue una excelente noticia porque habíamos trabajado mucho en un documento que trasladamos a diversos ministerios. En él reflejamos lo que necesitaba el sistema sanitario para modernizarse y hacerse sostenible. Se trata de un proyecto que pone fondos que evolucionan el sistema sanitario con arreglo a muchos de los diagnósticos que les trasladamos. Somos conscientes de que es complejo, por el modelo de gobernanza del Perte. Nosotros participamos en ese modelo y hemos tenido una última reunión en diciembre, donde nos van informando del grado de ejecución. El Perte está dotado con unos 1.500 millones de euros, y las inversiones se tienen que consolidar a lo largo de 2023 y quizá algo en 2024. Está ejecutado hasta la fecha un 60%. Pero una cosa es que esté en fase de ejecución y otra es que esté todo consolidado.

Además del Perte, en Fenin habéis tenido otro plan para la renovación del parque tecnológico de los hospitales, el Inveat...

Estos fondos eran 796 millones de euros y también están dotados con el fondo Next Generation. Hasta la fecha hay 793 equipos adjudicados superando en más de un 40% el compromiso establecido por la Comisión Europea. Ésta establecía como objetivo de adjudicación a 31 de diciembre de 2022, 563 equipos. También se ha superado el objetivo de disponer a esa misma fecha de 50 equipos ya instalados, ya que se han instalado 96, de los cuales 69 están en funcionamiento.

Este plan se supone que iba a paliar la grave obsolescencia de equipos que teníamos en la mayoría de los hospitales españoles. ¿Será así?

No. La parte de Alta Tecnología incluye a los PET, TAC, aceleradores, etc., cuando se haya completado la ejecución de todo el Plan Inveat esta parte sí estará adecuada, pero quedaría por invertir una cantidad similar para el resto de tecnologías que se usan en los hospitales españoles. Nosotros hemos trabajado mucho con la Airef, y esperamos que haya otro plan que aborde la obsolescencia que no se considera Alta Tecnología. Nosotros siempre decimos que equipamientos obsoletos provocan diagnósticos menos precisos y tratamientos menos eficaces. Además, debemos enfocarnos hacia el mundo de la prevención y diagnosticar las patologías en sus estadios más incipientes. El equipamiento obsoleto está impidiendo que esto pueda ser una realidad.