Miñones, el ministro farmacéutico que se enfrenta a dos legislaciones cruciales

José Manuel Miñones no tendrá el periodo de gracia que se les suele conceder a todos los miembros de un Gobierno. Esos 100 días es prácticamente el tiempo real que tiene para culminar las promesas rotas por Carolina Darias, ya que el periodo estival de las Cortes y su posterior disolución antes de las elecciones generales impedirán que se pueda llevar a buen puerto acciones legislativas otoñales.

Y no es poco el trabajo que tiene por delante Miñones. Farmacéutico de profesión y ex delegado del Gobierno en Galicia, el nuevo responsable de la cartera sanitaria tendrá que afrontar dos proyectos legislativos: la reforma de la Ley del Medicamento y la de Cohesión.

La reforma de la Ley del Medicamento persigue que España no sea el vagón de cola de las potencias europeas en dar entrada a los nuevos medicamentos. Son más de 500 días los que tarda el país, cuando la recomendación europea es que no se superen los 180 desde la luz verde de la Aemps. Arreglar este problema tiene un premio importante. La industria farmacéutica prometió hasta 8.000 millones si se arreglan los problemas de acceso a la innovación.

Dentro de esta ley, Miñones tendrá que dar una respuesta a fomentar la fabricación de los fármacos que la Aemps ha decidido nombrar como esenciales o estratégicos. La mayoría de ellos son productos maduros, con precios erosionados anualmente por el Sistema de Precios de Referencia y la solución parece fácil, al menos de escribir: sacarlos de ese sistema y otorgarles un precio bajo el cual haga rentable su producción en España. Ambos pilares los está trabajando el director de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Hernández. En mayo, tal y como adelantó este medio, se espera que pasen a consulta pública dos decretos que solventarán los problemas.

El otro gran proyecto normativo del Gobierno es la citada Ley de Cohesión. En ella irán un paquete de medidas que ahondan en la mejora de un sistema cuya segregación en 17 causa problemas a arreglar. También irán medidas sociales como la supresión de la Ley 15/97, que permitió el desarrollo de la sanidad privada. Darias ya avisó que serían “excepcionales” las ocasiones en las que a partir de ahora se podría concertar servicios sanitarios con estas empresas.

Miñones tendrá poco tiempo, pero bien aprovechado, debería ser suficiente. Sobre todo, porque detrás de ambos proyectos normativos, además de salud, hay dinero en juego. Y puestos de trabajo también. Hace una semana, AstraZeneca anunciaba una inversión de 800 millones, pero en un comunicado de la propia empresa, deslizaban que estaban condicionados a que el marco legislativo acompañase.