La nevera de material sanitario que nunca se llenó durante la pandemia

El Ministerio de Sanidad, en aquellos momentos comandado por Illa, firmó un contrato en agosto de 2020 de 2.500 millones para la compra centralizada de material sanitario. Del plan, vigente hasta 2022, solo se han destinado 9,7 millones de lo que se presupuestó

La situación que se vive actualmente con la pandemia de Covid-19 parece muy lejana y distante a la del año del estallido. En los primeros compases de la emergencia sanitaria mundial, todos los países del mundo competían para abastecer a su ciudadanía de unos productos que estaban siendo testigos de cómo se disparaba su demanda sin precedente alguno. Los guantes, las mascarillas y los test de diagnóstico vivieron su época más dorada en la primera mitad del año 2020 y durante los meses posteriores.

Dicha situación condujo al Ministerio de Sanidad, en aquellos momentos comandado por Salvador Illa, a tomar la decisión de firmar un contrato de 2.500 millones para la compra centralizada de material sanitario. Sanidad comunicó que se adquirirían 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test de diagnóstico PCR y kits de extracción. Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, solo se han gastado 9,7 millones de lo que se presupuestó inicialmente.

Según los datos compartidos por el órgano de contratación del Ministerio de Sanidad, Ingesa, solo se ha destinado un 0,45% de lo que se presupuestó en un primer momento. Agosto de 2020 fue la fecha de partida del megacontrato que proveería a todas las autonomías del material necesario hasta 2022. Todas las autonomías siguieron con el plan de Sanidad, a excepción de la Comunidad Valenciana, que fue la única que se opuso. Las 155 empresas que se presentaron a concurso también vieron de cerca cómo fracasaba el plan.

La fecha prevista para cerrarlo se fijó en agosto. Sin embargo, a finales de septiembre de ese mismo año, todavía no se había cerrado el proceso de selección. La resolución de incidencias burocráticas en las solicitudes fue la única justificación que salió en aquel momento de la boca del ministerio. Una vez concluida la causa, solo tuvieron en cuenta a 72 compañías para la adjudicación del contrato. Sin embargo, a pesar de que la cifra ya de por sí quedaba por debajo de las expectativas iniciales, solo cinco de ellas monopolizaron todas las ventas.

La polémica en torno a la situación siempre estuvo presente. Los retrasos iniciales en los tiempos de resolución y la incredulidad de las autonomías, que veían cómo el material sanitario no llegaba según los plazos acordados, vaticinaban el fiasco del acuerdo. El objetivo era mantener el contrato vigente hasta el 31 de diciembre del presente 2022, pero, visto lo visto, se podría haber prescindido de él antes de las navidades del fatídico 2020.