Más de 1.000 centros sin autorizar de medicina estética operan en España

El sector de la medicina estética en España está en auge desde 2014 y solo el año en el que estalló la pandemia consiguió reducir sus cifras de facturación. De esta forma, cerró 2021 con una facturación de 3.585 millones de euros y las previsiones para 2022 esperan un crecimiento de entre el 8% y el 10%. La población española evoluciona con índices de vida más elevados, lo que hace que el autocuidado y la cultura de la salud impacte en el crecimiento de dicho mercado. De hecho, el 40% de la población general española ha utilizado servicios de medicina estética en alguna ocasión. El número de centros autorizados por el Ministerio de Sanidad para ejercer la medicina estética en 2021 fue de 6.305, pero otros muchos se escapan de la legalidad. El intrusismo es la principal sombra del sector y la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) estima que actualmente hay más de un millar de centros sin autorización en todo el territorio nacional.

Desde la organización aseguran que es difícil contabilizar el número exacto de centros intrusos. El motivo es que muchos no tienen sede física y se dedican a ir al domicilio del particular a realizar las intervenciones o, simplemente, porque se publicitan a través de Internet. Las redes sociales son los escaparates que utilizan muchos intrusos para ofrecer ofertas low cost de tratamientos de medicina estética. Los inyectables de ácido hialurónico y de bótox son los procedimientos que más se realizan en los centros sin licencia.

En cualquier ámbito de la medicina, el intrusismo tiene consecuencias sobre la salud y seguridad de los pacientes. La reacciones adversas de ponerse en manos de un profesional sin ningún tipo de certificación para ejercer la medicina estética son varias. Las más comunes son las infecciones en los puntos de entrada del inyectable, necrosis (muerte de tejido corporal) de la piel, inflamación de los tejidos, pérdida de la vista o la contaminación con infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH o la hepatitis C. “Aunque son intervenciones cortas y a priori fáciles y los pacientes piensan que no hay riesgos importantes, existen riesgos. Es un problema serio que se banaliza: no es una peluquera que va por las casas”, explica a elEconomista Sanidad Jaime Tufet, vicepresidente primero de la SEME.

La licencia sanitaria U.48 es la que identifica a la clínica como centro sanitario autorizado y la otorga la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma. Según la jurisprudencia, cualquier médico (cardiólogo, dermatólogo o un traumatólogo) puede realizar actos de medicina estética. La ambigüedad de la ley hace creer a muchos que el sector de la medicina estética está huérfano de regulación. En Cataluña y en algunas comunidades autónomas sí que han decidido que sea un médico con capacitación en medicina estética el que lleve a cabo la intervención. Sin embargo, a nivel estatal no es así.

Por esta razón, los especialistas del sector recomiendan pedir el número al “profesional” que les está atendiendo. “De ahí nuestra insistencia en que los pacientes siempre pidan el número de colegiado o el título de Medicina al profesional que le está atendiendo. Así podrá comprobar si se está incurriendo o no en un delito antes de poner su salud en manos de un intruso”, afirma Enrique Fernández Romero, médico especialista en medicina estética.

Una sexta parte de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos estéticos asociados a la SEME han sufrido las consecuencias del intrusismo. “El 15% de los pacientes que han acudido a consultas bajo el epígrafe U.48 venían de haber sido tratados por personas no médicas. El problema es que la gran mayoría no van a estar dispuestos a denunciar. Solo el 15,1% ha dejado de realizarse un tratamiento cuando se ha enterado de que el centro no tenía licencia, mientras que el otro 85% ni se lo cuestiona. Aún nos falta culturizar a la ciudadanía de que se acostumbre a pedir la capacitación profesional de quienes les trata”, explica la doctora Petra Vega, tesorera de la SEME.

Dentro del propio sector sanitario también hay intrusismo y cada vez son más los profesionales que ejercen una competencia que no se le atribuye a su capacitación de estudio. “Cada vez hay más odontólogos que realizan intervenciones de medicina estética. El odontólogo solo está capacitado para hacer su actividad en la boca, pero en ningún momento podrá inyectar ácido hialurónico fuera de la boca. Una enfermera legalmente no puede poner bótox”, corrobora Tufet.

La suplantación de funciones en la medicina estética es más habitual en las ciudades de Madrid y Barcelona, pero la zona de la costa mediterránea también se ve muy afectada por este tipo de delitos. Solamente en Madrid se agrupa el 25% de la actividad que genera la medicina estética en España. Una vez que se produce el acto de intrusismo, el paciente puede tramitar la denuncia a la inspección de sanidad, pero son las CCAA las que tienen la competencia para gestionarlas. Madrid y Andalucía son las autonomías más activas, comprometidas y que ofrecen resoluciones más ágiles al problema.

El paciente de medicina estética es reticente a iniciar procesos legales porque no está dispuesto a incurrir en los gastos de dinero y tiempo que implica el proceso y porque evita hacer público que se ha realizado algún tratamiento de medicina estética. Desde enero de 2018, la SEME ha recibido y procesado más de 450 denuncias, pero, a pesar de ello, son escasas. Cada semana reciben unas cinco denuncias, pero al juzgado van pocas. “A veces llegan a la SEME denuncias de los propios médicos de la SEME, pero debería ser del paciente y no del médico. Por esta razón, no se cursa. Tenemos advertencias de compañeros, pero al juzgado van pocas”, concluye Tufet.