Confiar en las farmacias... ‘in extremis’
La variante Ómicron ha tenido un impacto mucho más limitado sobre los centros hospitalarios que en las olas anteriores, y, por el contrario, ha ejercido una enorme presión sobre la primera línea asistencial y auténtica piedra angular del sistema sanitario: la Asistencia Primaria. En este contexto, la realidad se acabó imponiendo y emergió, in extremis, la necesidad de incorporar a las farmacias en la gestión de diversas tareas, cuya ejecución se había reservado, hasta el momento, a la asistencia primaria.
Se trata de actividades como la realización de test de antígenos profesionales o la correspondiente comunicación de casos positivos y, en algunas comunidades, incluso se les ha facultado para extender certificados Covid-19 o comunicar bajas laborales.
Sucesivamente, la farmacia se ha demostrado competente para llevar a cabo todas las labores que le han ido siendo asignadas. Así, se ha observado un buen grado de complementariedad entre farmacia y resto de agentes sanitarios. Además, esta nueva realidad refuerza la percepción de proximidad, confianza y profesionalidad de las farmacias comunitarias de nuestro país, atributos a los que ya habían quedado estrechamente vinculadas, a partir del confinamiento, al inicio de la pandemia.
Con unos contagios por Ómicron disparados, la realidad ha sido tozuda y la necesidad se ha impuesto a otros criterios, de mayor carga ideológica o de voluntad proteccionista o corporativista. De esta forma, se ha sabido priorizar la supervivencia de nuestro potente, pero saturado, sistema sanitario y la oficina de farmacia ha pasado a complementar la labor de médicos y enfermeras, posibilitando un uso óptimo de los recursos sanitarios.
Muchos hemos venido reclamando, bajo criterios de estricta racionalidad económica y de preservación de nuestro sistema de protección social, la necesidad de recurrir a las farmacias y de considerarlas como centros de salud perfectamente equiparables a la asistencia primaria o la hospitalaria, y situar al farmacéutico comunitario al mismo nivel que otros profesionales del sector salud.
Hay que remarcar que, durante las sucesivas etapas del proceso de inoculación de la vacuna contra el Covid-19, para una mayoría de farmacéuticos ha sido frustrante observar cómo se evitaba recurrir a la farmacia para facilitar la aceleración del ritmo de vacunación. Atendíamos perplejos a un agotamiento del resto de profesionales de la salud, en un sistema sanitario que se veía incapaz de aumentar el ritmo de inoculación a pesar de una mayor disponibilidad de dosis, pero se ignoraba el ofrecimiento de colaboración del colectivo de la farmacia comunitaria. En otros países, como Reino Unido o Francia, ante la necesidad de acelerar la vacunación, la farmacia comunitaria se erigió como una de las opciones más razonables para multiplicar dicha capacidad.
En España, contamos con una red de oficinas de farmacia con presencia en todo el territorio nacional, con profesionales capaces de desarrollar numerosas funciones, como inocular vacunas, ya sean de la gripe o de la Covid-19, administrar correctamente test de antígenos o extender certificados de vacunación, entre otras muchas. Además de la capacidad de sus profesionales, las oficinas de farmacia, por su capilaridad geográfica, tienen una presencia territorial homogénea, que las convierte en centros fácilmente accesibles por parte de la ciudadanía, en el menor tiempo posible y en todas las regiones. Además de descongestionar los centros de asistencia primaria, el aumento de atribuciones de la farmacia es una medida que agradecen determinados grupos de la población, como las personas mayores o los pacientes crónicos.
Con la variante Ómicron, las administraciones han tenido que pasar de mostrarse reticentes a incorporar a la farmacia en el diagnóstico de Covid-19 a anunciar su participación como “medida urgente”. Facilitar el acceso a test profesionales en las oficinas de farmacias es una decisión extraordinaria acertada ya que las administraciones han visto las farmacias como su tabla de salvación.
De esta forma, los profesionales de la farmacia siguen estando dispuestos a afrontar situaciones extraordinarias fruto de un contexto que exige respuestas rápidas. Si los ciudadanos tienen una necesidad, como es ahora la detección de la Covid-19, la farmacia sigue siendo parte relevante de la solución. Otros ofrecimientos de la profesión farmacéutica siguen sin haber sido aún tenidas en cuenta por el ejecutivo. La farmacia se ha ofrecido a realizar vigilancia-centinela con el registro, notificación de positivos y en la emisión de certificados de Covid-19. Ambas cuestiones se están haciendo en algunas comunidades autónomas y deberían ser medidas impulsadas por el Gobierno de España para facilitar tanto las decisiones de los ciudadanos como el colapso de la atención primaria.
La inclusión de las farmacias como dispositivo efectivo contra la afrenta que ha representado la pandemia es positiva y, sin duda, ha sido la única opción sostenible para dar un relativo respiro a resto del sistema sanitario de nuestro país. Sin embargo, en España, a pesar de la eficacia demostrada por las farmacias para dar una salida efectiva a la presión asistencial, muchas administraciones y algunas voces representativas del sistema sanitario han seguido apresurándose a destacar que la participación del farmacéutico ha sido temporal.
España debería apostar de forma definitiva por el conocimiento y experiencia acumulada por nuestra red de más de 22.000 farmacias, al haber probado su adaptabilidad a nuevos escenarios cambiantes, y optar por convertirlas en auténticos centros de salud.
La pandemia ha puesto a prueba continuamente al sistema sanitario, llegando al extremo de la variante Ómicron, que lo ha situado al borde del colapso y del riesgo de desbordarlo complemente. Eso no ha ocurrido porque, afortunadamente, teníamos las farmacias.