El Estado dedica uno de cada diez euros en conciertos con la privada
El gobierno de España ha hecho realidad una de las promesas de legislatura que más temía la sanidad privada. Se ha aprobado el Proyecto de Ley de Cohesión Sanitaria en el que se incluye la derogación de la norma 15/97. En otras palabras, a partir de este momento se prioriza la sanidad pública y se prohíben nuevos conciertos con las entidades, salvo “casos excepcionales”. A día de hoy, no hay equidad en cuanto al porcentaje de gasto público sanitario que se dedica a estas acciones. Cataluña, Comunidad de Madrid e Islas Baleares son los territorios que más dinero dedican a los conciertos.
El país dedica 7.915 millones de euros a conciertos con la privada. Esta cifra supone el 11,2% del gasto sanitario público. Es decir, uno de cada diez euros se destina a este concepto. El sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas en hospitales. También se encarga de realizar el 45% de las resonancias magnéticas, el 23% de los TACs y el 24% de las PETs.
Existe una gran desigualdad en cuanto a los conciertos y el gasto público entre las comunidades autónomas. A grosso modo, Cataluña es el territorio español que más gasto público sanitario ha destinado a los conciertos desde 2016 a 2020. Ha empleado alrededor de un 25%. Le siguen la Comunidad de Madrid y Islas Baleares. En la otra cara de la moneda se encuentra Cantabria que únicamente ha dedicado más o menos el 3%.
Si se analiza en profundidad, año por año y territorio por territorio, se observan los siguientes resultados. Las Islas Baleares han destinado entre el 9 y 11% del gasto público sanitario. En el gráfico se puede ver que ha habido un gran descenso respecto a 2020, donde solo se dedicó el 9,2%. La capital del país empleó entre el 8 y 11% por debajo de la anterior. El País Vasco dedicó alrededor del 6% del gasto público sanitario. Se trata de una de las comunidades autónomas que más se ha mantenido en equilibrio hablando de cifras. Por otro lado, la Comunidad Valenciana destinó entre el 3 y 4%. Andalucía solo destinó el 4% del presupuesto. Un dato curioso es que, en general, en todas las comunidades autónomas en 2020 hubo una reducción del porcentaje de gasto público respecto al resto de anteriores años.
A partir de ahora, las comunidades autónomas tendrán que demostrar que tienen optimizados sus recursos sanitarios y que realmente no cuentan con los medios propios necesarios para prestar servicio antes de poder negociar con la sanidad privada. La nueva ley también contempla una modificación legislativa y normativa a nivel nacional para facilitar que las CCAA puedan restablecer privatizaciones de centros sanitarios en las mejores condiciones posibles.
El prohibir los conciertos no es la única medida que considera la nueva normativa. El documento recoge la eliminación de copagos sanitarios, sobre todo en el transporte sanitario no urgente. También amplía la excepción del copago ortoprotésico a los grupos más vulnerables (incluye a los ciudadanos que cobran el Ingreso Mínimo Vital) y de los copagos farmacéuticos.
De igual importancia desaparecerán las prioridades entre los distintos tipos de actuaciones médicas y todas deberán ser garantizadas por las comunidades autónomas. En cuanto a la universalidad, el gobierno garantizará el derecho a la protección de la salud y atención sanitaria de todas las personas, independientemente de su origen. También amplía el derecho a colectivos como españoles que vivan en el exterior.
El sector privado se ha revuelto desde las dos patronales que lo representan, ASPE e IDIS. “Al aprobar esta iniciativa España se convierte en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud”, afirma la primera entidad.
Considera que el llevar a cabo acciones como la derogación de esta normativa para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas. “Unicamente en razones ideológicas y que ignoran criterios objetivos que miden la eficacia del modelo”.
Según ellos, la nueva normativa limita los modelos públicos de gestión. “Se está limitando a las Comunidades Autónomas en su capacidad de gestión, eliminando la posibilidad de colaboración”, recalca la patronal. La causa de este hecho, según ASPE, es que se quieren minimizar las vías de colaboración sanitario público privada en un contexto de aumento de gasto sanitario por el envejecimiento de la población, un incremento de la cronicidad de muchas enfermedades y una gran lista de personas esperando a ser atendidas u operadas.
Por otro lado, la Fundación IDIS considera respetable que el sector público sea el primero de la línea para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios, no impidiendo la concertación de servicios con la privada, sino protocolizándolo. También estima clave la necesidad de implementar indicadores de resultados de la salud de acuerdo con las CCAA para fomentar estrategias de mejora en los procesos y la libertad de elección de los pacientes. “Las declaraciones del presidente del Gobierno son el reflejo de una clase política que vive a espaldas de la realidad y de los problemas sanitarios”, recalca la patronal en un comunicado de prensa. La fundación considera que “las manifestaciones no son acordes a la realidad en un sistema de salud roto y acechado por la rigidez y la falta de dotación y recursos”.